Ciudad Victoria.- Hacia la década de 1960 la cuenca del río Purificación-Soto la Marina se mantenía ajena a ser afectada por las grandes obras de infraestructura que habían caracterizado toda una intensa política hidráulica del gobierno federal, desde los tiempos de la Comisión Nacional de Irrigación impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles desde los años veinte.
En todo ese tiempo se privilegió la elección de los sitios que por obviedad geográfica resultaban capaces de la construcción de enormes presas de contención de aguas, ligando su obra a la creación de nuevos horizontes de áreas de riego, así como también al proceso de nuevas dotaciones ejidales, cuya inercia era otra de las características del estado mexicano en cuanto a su política sobre el campo, sin mayores consideraciones sobre el impacto ambiental de dichas obras o el beneficio económico que de manera efectiva y sostenida se tendría con ellas en el futuro.
La construcción de la presa Las Adjuntas, que era el nombre popular que los lugareños le habían dado a la confluencia de los ríos Purificación y Santa Engracia, obedecía también al llamado Plan Hidráulico del Golfo de México, cuyo objetivo era la redistribución de las aguas de los ríos de Tamaulipas, que se complementaría con la construcción de otras dos presas, una a la altura del municipio de Llera sobre el río Guayalejo y otra en el curso bajo del Tamesí, con lo que podría enviar los excedentes de agua hacia el norte del estado, cuyos distritos de riego eran altamente productivos pero requerían de mayores volúmenes de agua.
La presa de Las Adjuntas, construida sobre la boca del cañón de la Iglesia de los Indios, aprovechó el gran cuenco topográfico que le proporcionaba el fondo del valle que se forma en el centro de Tamaulipas, a donde confluían todas las corrientes fluviales para integrarse en una sola, contando con los retenes naturales de la sierra de Tamaulipas. Solo había que cerrar la boquilla de la Iglesia de los Indios y esperar a que se llenara un gran embalse, como en efecto ocurrió.
Dicho embalse fue capaz de almacenar 5 800 millones de metros cúbicos, en una superficie de 490 kilómetros cuadrados, que inundó extensas vegas aluviales mucho más productivas que las tierras a las que se destinó el riego de la presa, las que podían haber sido potencializadas agrícolamente con la construcción de obras de pequeña irrigación, menos costosas y de mucho menor impacto ecológico negativo. El costo de la obra fue de mil millones de pesos, incluyendo caminos, un tramo carretero de la vía Matamoros-Victoria y el traslado de la nueva villa.
El financiamiento se cubrió con fondos del gobierno federal y del Banco Interamericano de Desarrollo. La justificación de la construcción de la presa de Las Adjuntas fue la regulación de las avenidas del río Soto la Marina y la creación del distrito de riego No. 86, con cuyas aguas se regarían 42 000 hectáreas de terrenos ubicados en los municipios de Abasolo y Soto la Marina. Los excedentes de agua se enviarían hacia la Lagua Madre, donde desemboca el río, para mejorar el desarrollo pesquero, conforme al plan nacional de acuacultura impulsado por la SRH y el plan nacional pesquero de la Secretaría de Industria y Comercio.
También se impulsaría el turismo, por lo que se ordenó la construcción de dos embarcaderos. Se sembrarían peces de las especies más adecuadas, tanto para “mejorar la dieta del campesino” como para la pesca deportiva. Los peces podrían ser lobina, mojarra, trucha y robalo. Además, se consideró el envío de cinco metros cúbicos de agua para el abasto de la creciente ciudad de Monterrey, lo que nunca se concretó, y, en cambio fue la capital de Tamaulipas la que acabó por beneficiarse más tarde con el abasto de las aguas de la presa.
La inauguración de la presa tuvo lugar el 27 de septiembre de 1971. El acto fue presidido por el secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, quien llegó ex profeso a bordo de un avión, a las 9:45 horas, mismo que aterrizó en la pista del campamento de la obra, situada cerca de la cortina. Lo acompañó el gobernador del estado, Manuel A. Ravizé, así como por una nutrida comitiva. La inauguración se hizo al mismo tiempo, como lo explicó el secretario, de una ceremonia conmemorativa que realizaba el presidente Luis Echeverría Álvarez en Tixtla, Guerrero, con motivo de conmemorarse el sesquincentenario de la independencia nacional.
Y, para dejar testimonio de la magnitud de la obra, en ese momento se abrieron las compuertas de la presa, que en ese momento contenía 160 millones de metros cúbicos, dejando correr un impresionante torrente de agua por el gran vertedor ubicado en un extremo de la cortina. En ese momento el cementerio de Padilla estaba a 31 metros de la cortina de la presa, en tanto que el poblado de Dolores estaba a 28.5 metros; en ese momento el nivel de las aguas era de 22.43 metros. Un aspecto muy relevante al ser inaugurada la presa de Las Adjuntas fue que el gobierno federal le confirió el título oficial de “Presa Vicente Guerrero”, además de que el acto oficial se celebró como parte de una conmemoración de los 150 años de la consumación de la independencia nacional. Sí, en efecto, la fecha era la correcta, pero no el personaje. El consumador de la independencia no fue Guerrero, que en ese proceso jugó un rol secundario, sino que el verdadero protagonista fue Agustín de Iturbide.
El caso fue que se impuso el peso de la historia forjada desde la perspectiva de la corriente liberal decimonónica que plasmó su versión de la forja de la nación mexicana, la que continuó vigente en la historia patria de la posrevolución. Bajo esa visión Iturbide representa el resabio del antiguo régimen colonial y de la corriente conservadora que continuó beligerante hasta bien entrado el siglo XIX, siendo la antípoda del modelo republicano, federalista y liberal, que acabó por implantarse en el país.
En esta disputa por la historia, ya en la séptima década del siglo XX, en la que el escenario estaba completamente acaparado por la versión oficial del pasado, fue más que significativo darle el nombre de “Vicente Guerrero” al sitio del cadalso de Iturbide, que quedar sepultado bajo las aguas de la presa, representaría una nueva sepultura al libertador de México.
Con la construcción de la presa de Las Adjuntas, el embalse que habría de formar condenó definitivamente a la villa de Padilla, al quedar situado su núcleo en la cota de inundación. Aun así, se llegó a considerar el salvamento de algunos de los inmuebles de esta población, en virtud de su relevancia histórica. Esto se acordó luego del recorrido hecho por altos funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, encabezados por el propio secretario, Leandro Rovirosa Wade, acompañado del gobernador del estado, Manuel A. Ravizé. En esa ocasión, justo el día de la inauguración de la presa, el licenciado e historiador Ciro R. de la Garza “hizo una explicación amplia de las reliquias históricas del lugar”.
Sobre esa base, se afirmó que quedarían cuatro hectáreas de la antigua villa formando un islote que se formaría en la parte elevada de la población, que se uniría a tierra por un camino protegido con bordos de cinco metros, a donde se trasladaría “el cuartel que ahora ocupa la Presidencia Municipal, donde se instaló el Congreso Constituyente, la aguja que indica el lugar del fusilamiento de Iturbide y el atrio [sic] de la iglesia del lugar”. También se acordó el rescate de los restos del general Manuel Mier y Terán. Para tal efecto se formó un comité, integrado por el historiador De la Garza, el ingeniero Oscar González Lugo, gerente de Recursos Hidráulicos de la zona centro y el presidente municipal de Padilla, Vicente Cepeda. Por su parte, el secretario Rovirosa Wade aseguró que la SRH haría los gastos correspondientes para el salvamento de esos inmuebles, al afirmar, enjundioso, que “así, se salvarán para la historia y las generaciones futuras, reliquias de incalculable valor para Tamaulipas y para México”.
Sin embargo, no hubo tal salvamento y todo quedó en buenas intenciones y en una promesa más de boca de un político, aunado a la inoperancia local para emprender una obra efectiva para el rescate del patrimonio histórico y cultural de la entidad. Para cubrir las apariencias, apenas se pudo remover el polémico monumento conmemorativo al sitio de ejecución de Iturbide, pero sin planeación alguna, siendo acomodado junto a una edificación hecha en el islote, pero sin ninguna distinción.
Por su parte, el viejo cuartel de la Segunda Compañía Volante fue abandonado por los poderes municipales, dejando a su salida un reguero de papeles del archivo histórico. A la iglesia, a su vez, se le despojó de su techumbre, dejándola expuesta a los embates de la inundación. Y, la bella escuela municipal situada frente a la plaza de armas, fue despojada de sus puertas y ventanas y solo por ser de hormigón ha podido sobrevivir hasta nuestros días en condiciones aceptables.
Incluso tampoco se cumplió con la exhumación oficial prometida de los restos del general Manuel Mier y Terán. Tuvo que ser una organización civil, la Sociedad Tamaulipeca de Historia, Geografía y Estadística, de la ciudad de Matamoros, la que se encargó de hacerlo, cuando ya las aguas de la presa bordeaban el atrio de la iglesia de San Antonio de Padua, en diciembre de 1972.
Las esclusas de la presa de Las Adjuntas quedaron cerradas en enero de 1971. Vendría después una lenta acumulación de las corrientes de los numerosos ríos del centro de la entidad, favorecida por las crecientes que se presentaron en el verano y otoño de ese año, con lo que se empezó a conformar un enorme embalse. Por tal motivo comenzó a programarse el traslado de la población de la villa hacia el nuevo asentamiento que la Secretaría de Recursos Hidráulicos construía río arriba del Purificación, pero ahora en la margen izquierda.
Imagen: Panorámica aérea de la cortina de la presa de Las Adjuntas, oficialmente denominada “Vicente Guerrero”, 1973 ca., Archivo Histórico del Agua/Comisión Nacional de Agua.