Estado de derecho
Samuel Schmidt
Austin.- En Zumpango, un año después de pisar dos agencias del Ministerio Público (MP) y otras tantas cárceles, Cristian González Pérez, de 42 años, se enteró de quién era la presunta víctima de los delitos por los cuales fue apresado.
En San Luis Potosí, las fiscalías federal y estatal obstaculizan la integración de las carpetas de investigación por las denuncias contra varios ex funcionarios de la pasada administración municipal.
En Morelia, fueron liberados la noche del viernes luego de permanecer encarcelados desde el 2 de junio pasado, los siete normalistas que estuvieron recluidos en el penal David Franco Rodríguez de Morelia, junto con un comunero en Caltzontzin, el campesino sigue en prisión.
En Acapulco, familiares y amigos de María Magdalena Díaz Corros, quien quedó herida por el choque de una pipa de Pemex contra su vehículo, se manifestaron frente a las instalaciones de Pemex, para exigir la reparación de los daños.
En Tepic un juez de control dictaminó prisión preventiva de un mes contra Antonio Bautista Crespo, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado y Municipios (Sitem), acusado de allanamiento de morada e incitación a la violencia, que se suscitó el jueves pasado cuando junto con otros representantes del Frente Amplio de Sindicatos Independientes, demandando el pago de salarios abrieron por la fuerza el cancel de la empresa Coca-Cola, cuyos concesionarios mayoritarios son el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García y su familia.
Diputados de todas las bancadas han hecho vacío legislativo para no respaldar la minuta del Senado que busca ampliar, a través de la legislación secundaria del artículo 19 de la Constitución, el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Chilpancingo, padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y alumnos de ese plantel marcharon este domingo para recordar el asesinato de sus compañeros Filemón Tacuba Castro y Jonathan Morales Hernández el 4 de octubre de 2016, cuando regresaban de realizar prácticas.
Por todas partes del país brincan casos de injusticia que tienen diversa connotación: encarcelamiento indebido, desaparición, asesinato, bloqueo de leyes, impunidad, manipulación del sistema policiaco y legal para proteger intereses de “los poderosos”. La injusticia domina el sistema, los pobres pasan años en la cárcel por no tener dinero para que un abogado mueva su expediente, y eso que muchas veces las acusaciones son banales y triviales. Es emblemático el caso de un campesino que cayó a la cárcel porque un aparato (un detector molecular que no servía para nada) marcó que tenía marihuana, la droga no se mostró nunca. Y no tendremos espacio para listar todos los casos de gente encarcelada injustamente, y torturada para confesar delitos no cometidos.
A una persona los policías le sembraron marihuana en el automóvil para que les pagara y evitara la detención, otro fue secuestrado por policías por haber comprado marihuana, no fue detenido, sino torturado psicológicamente hasta que consiguió dinero para que lo liberaran.
México esta regido por la Legislación simbólica, que consiste en leyes bien escritas, algunas muy avanzadas a nivel mundial, pero no existe el ánimo ni voluntad de respetarlas. Hay gobiernos municipales y estatales que no pueden despedir policías corruptos por carecer de fondos para indemnizarlos; violaron la ley y todavía se deben ir indemnizados. Hay gobiernos que contratan policías torturadores despedidos de otros Estados.
Así llegamos a que el escenario legal y policiaco lo domina la justicia selectiva, en ciertas ocasiones la ley se aplica, a veces hasta con eficiencia, aunque se aplica cuando quieren, cuando no pues no, y es que el sistema está diseñado para no funcionar. Hay secuestros que se resuelven rápido y el secuestrado es liberado sano y salvo y otros que se paga rescate y asesinan al secuestrado. En más de una ocasión se ha encontrado que los comandantes de las fuerzas anti secuestro son jefes de las bandas de secuestradores. Ya no digamos que los altos funcionarios de seguridad están enlazados con los criminales, destaca el caso de García Luna, cuyo jefe el presidente, no se dio cuenta de nada.
La consecuencia evidente de la simulación es la impunidad que cancela el Estado de derecho y sin este simplemente no hay democracia.
En un estudio sobre corrupción resultó que altos funcionarios y empresarios creen que el influyentismo domina, anulando la eficacia de la ley como instrumento de justicia.
El principio de que todos son iguales ante la ley se cae por su propio peso, y en el camino arrastra a la democracia. La tarea pendiente e ineludible es imponer la ley a toda costa.