Fiscal general a consulta popular
Carlos M. López Hernández
Y es que Nuevo León ha estado sin fiscal general desde la renuncia de Gustavo Guerrero en octubre de 2022. Desde ese entonces, Congreso y gobernador han estado en disputa constante para que la designación dependa de uno de ellos.
Ahora, Samuel García presentó una solicitud de consulta popular ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL) para cambiar el proceso de designación del fiscal general, el cual quedaría a cargo del ejecutivo, quien elegiría 4 perfiles, uno de los cuales será aprobado por el Congreso del estado.
Todo este embrollo, hace suponer que solo interesa escuchar a los ciudadanos cuando se trata de fundamentar algunas decisiones que están en juego político, es decir, en batallas políticas que necesitan un empujón de popularidad.
Así las cosas, la participación ciudadana es un espejismo. No existe; y cuando medianamente se trata de accionar la maquinaria, se cierran las puertas. Por ejemplo, ahora que se hizo un daño de deforestación al Río Santa Catarina, la ciudadanía exige rendición de cuentas, ya que tal afectación ha causado indignación, pues el río, en los últimos años, se había convertido en un espacio natural para algunas especies animales. Incluso, se estima que los daños equivalen a 10 años.
Este pasado jueves, alrededor de 70 personas acudieron al palacio de gobierno para solicitar audiencia pública con el gobernador, lo cual, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, es un acto de participación ciudadana. Además, en cierto caso, puede considerarse como una petición fundamentada en un derecho fundamental, el cual, con sustento en jurisprudencia, es válida jurídicamente. Sin embargo, la autoridad no se apersonó y dicho acto solo fue para adornar algunas portadas.
Por otra parte, esto también recuerda a los otros intentos de consulta de Samuel García que tenían como plan realizar algunos cambios al Río Santa Catarina, a lo cual se opuso la ciudadanía neoleonesa.
Además, está el tema de la reforma integral a la constitución de Nuevo León, cuyo proyecto se realizó sin haber consultado a nadie en absoluto, pero cuya exposición de motivos aseguraba que no era una reforma fruto de una sola visión, cuando, después de todo, siempre lo fue.
Con todo, parece ser que los únicos instrumentos de participación ciudadana tienen luz verde cuando son promovidos por políticos, ya que, acorde a la ley, cuando así se solicitan, su recorrido de aprobación es menos denso y complicado a cuando lo solicita un ciudadano o un grupo de ciudadanos.
Por tal motivo, la consulta popular, viene a ser un mero espejismo de participación ciudadana, ya que su objetivo no es conocer las preocupaciones de los ciudadanos en ciertos temas, para eso está la audiencia pública, como ya se mencionó, sino que se persiguen intereses para tratar de aventajar en una batalla política con un sustento popular.
En este caso particular, lo que pretende Samuel García es tener la facultad de mandar 4 candidatos a fiscal general y que el Congreso ratifique alguno de ellos. Con esto, en el fondo, pretende suprimir la facultad que tiene el Congreso actualmente, que, dicho sea de paso, tampoco garantiza que el legislativo actúe de la mejor forma.
Al final de cuentas, esta batalla política entre el Congreo y el gobernador de Nuevo León, tiene mucho en juego y una de ellas es la propia fiscalía. Irónico, ya que en una época en donde las fiscalías deberían ser independientes, en Nuevo León se la están jugando el ejecutivo y el legislativo.