HORIZONTE CIUDADANO
Despojos y desmantelamientos
Rosa Esther Beltrán Enríquez

Saltillo.- La violencia institucional en contra de los maestros jubilados y activos de la Sección 38 del SNTE no termina; al contrario, se incrementa, va de mal a peor, va a pique; y sin exagerar, faltan palabras para describir los hechos que a diario padecen, tanto los derechohabientes como el personal empleado, que ya no ven a dónde dirigir sus esfuerzos para atender la salud ante el desentendimiento de los directivos responsables a quienes se entregan sus aportaciones económicas.

El mandato de Miguel Riquelme a los encargados de la Dirección de Pensiones, de “humanizar el trato a los profes de a pie”, cayó en el océano de buenas intenciones; lo cierto es que ante el incremento de contagios del personal que proporciona los servicios, la consulta es lenta por la falta de médicos, que solo son 2 por la tarde, además de la falta de material, por ejemplo, no hay tela adhesiva para fijar la venoiciclisis, declaran los empleados, se ha despedido personal, sobre todo a los que resultan incómodos para la dirección porque se quejan, de manera que el que labora es insuficiente y están desalentados, el colmo, los de urgencias se ven obligados a comprar con recursos propios los cubrebocas para los pacientes.

Lo que es evidente en las Clínicas del Servicio Médico –a las que están adscritos como derechohabientes pensionados y activos de la propia Sección, de la UA de C y de la UAAAN– por la precariedad avanzan velozmente hacia su desaparición a pesar de que el que se dice gobernador se comprometió el 28 de julio de 2021 con los pensionados y trabajadores de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila a dar solución de fondo a la grave problemática de la seguridad social de estos derechohabientes que son defraudados desde hace más de una década por los gobiernos del PRI de este estado, que son según la ley los –“garantes del derecho humano a la salud”– pero el prometer no empobrece.

La devastación y la desatención, crecen sin pausa ni freno, el mal trato y las agresiones por parte del personal directivo de la Clínicas magisteriales no tiene límites, las víctimas de Covid-19 con las crecientes etapas de contagios y los que padecen enfermedades crónico degenerativas están en una indefensión creciente, se carece de los más elementales servicios de laboratorio, de Rayos X y de atención quirúrgica, además de que se atreven a recurrir a las fuerzas policiales para reprimir los justos reclamos de los pensionados por el mal servicio.

El posible regreso a clases pone en inminente riesgo de contagios al magisterio, al alumnado y otros servidores de la educación por lo que es urgente que las Clínicas del Magisterio estén en condiciones brindar servicios adecuados, ya no digamos de excelencia, que en la situación actual es imposible. Está anunciado que 31,371 trabajadores de la educación que no acudieron a recibir la vacunación de refuerzo podrán hacerlo la semana próxima.

Los directivos de las Clínicas muestran que no pueden con las obligaciones que la ley les impone de dirigir adecuadamente los servicios de salud de los derechohabientes que pagan por ello y en ese caso la ley prevé la subrogación y canalización de los pacientes a instituciones especializadas, así como la pronta entrega de los medicamentos prescritos o el reembolso de su costo.

Conviene que el gobernador perciba que ya no es posible para este gremio tolerar simulaciones, evasivas o pretextos, el desalojo violento del que fueron objeto los participantes del último plantón de jubilados y pensionados y el encarcelamiento injusto de su líder y las deudas e irregularidades de los recursos de este gremio que la Auditoría General del Estado (ASE) ha investigado en la Dirección de Pensiones -ahora a cargo de Osvaldo Aguilar- son hechos impunes a los que se han puesto oídos sordos por parte de los 3 últimos gobiernos estatales.

Las irregularidades exhibidas por la ASE, durante los años 2013 al 2016 en la DIPETRE, ascienden a 1,300 millones de pesos, cantidad que desglosada en cada institución corresponden: al Instituto del Servicio Médico 424 millones de pesos, al Fondo de la Vivienda 646 millones, al Seguro del Maestro 120 millones, a la Dirección de Pensiones 108 millones de pesos. ¿Quién responde?