HORIZONTE CIUDADANO
De arriba hacia abajo, barriendo escaleras
Rosa Esther Beltrán Enríquez
En el año de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narco estaba en su apogeo, el país bañado en sangre y los cárceles colmados de maleantes, por medio del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la presidencia privatizó 8 cárceles, entre ellas una de Coahuila, el objetivo era impedir la sobrepoblación de reos federales en prisiones estatales.
El panorama era grave, de los 44,991 presos por delitos federales en ese momento, casi 82% se encontraba en prisiones a cargo de los estados, el incremento de reos se tradujo en gran presión para todo el sistema penitenciario nacional, de ahí que la participación del capital privado se vio como una urgente solución.
La administración panista mando construir ocho penales público-privados, con un costo de 4,000 mil millones de pesos- para asumir la custodia de todos los reclusos federales. Seis empresas ganaron las licitaciones, entre ellas ICA, Homex y Tradeco (Expansión). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar en un periodo de 20 años a las empresas.
En la conferencia de prensa del lunes pasado, el presidente de la República informó que los contratos eran un verdadero caos de corrupción que los convirtieron en algo insustentable; advirtió que en los contratos firmados con la IP el Estado mexicano perdía sumas multimillonarias.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la 4T investigará cómo se hicieron los negocios con la IP al amparo del poder público, la funcionaria sostuvo que tan solo en el 2020 se pagaron 15,000 millones de pesos a los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114,588 pesos, y en promedio al día, un poco más de 3,000 pesos, casi como estar en un hotel de buena comodidad; el erario nacional sufrió una afectación de 15,562,904,661.42 pesos tan sólo en el año pasado, en ocho entidades donde están estas cárceles.
En nueve años de implementación, el gobierno de México sólo ha pagado el 36% de la deuda contratada, lo que equivale a 75,661,735,763 pesos. Es decir, existe un monto de adeudo de 190,638,819,084 pesos.
El presidente indicó que en las revisiones realizadas se encontró que de los cientos de miles de millones que se han pagado, sólo seis empresas acapararon ese capital. Exi Quantiums S.A. de C.V. tiene contrato con Sonora y Guanajuato; GIA S.A de C.V. firmó en el estado de Oaxaca; Dip Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria S.A. de C.V. tiene trato con Durango; Capital Inbursa S.A. de C.V. cerró trato con Chiapas y Morelos; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. firmó con Michoacán; y Black Rock S.A. de C.V. también firmó con Guanajuato. En las diapositivas expuestas faltó el informe de Coahuila.
Se puede decir que la privatización de los Centros de Readaptación Social no necesariamente es mala, lo reprobable es la discrecionalidad y opacidad del proceso, ya que la mayoría de los contratos fueron otorgados por adjudicación directa o sin concurso público de por medio, el esquema levanta dudas porque aparentemente las licitaciones pudieron ser amañadas.
Además, preocupa que las empresas privadas realmente mantengan el cumplimiento de los derechos humanos de los reclusos y el trato en materia de aislamiento, el cual se ha recrudecido con la pandemia.
Conviene recordar que al cerrar el penal de las Islas Marías se reubicaron más 525 convictos de mediana peligrosidad al Cefereso 18 en Coahuila, el hecho es extraño estando aún sin terminar ese centro penitenciario (según los informes de diversos organismos públicos y de prensa).
Lo importante es que la caja de pandora se abrió y que la corrupción será barrida para ahorrar recursos económicos y llegar hasta una reforma del sistema penitenciario del que se sabe está al servicio de las mafias del poder económico y no de una verdadera readaptación de las personas privadas de la libertad
La última información revelada ayer por el presidente de México es que los cuñados de l expresidente Salinas de Gortari son beneficiarios de los contratos con penales privados que cuestan al gobierno mexicano 16.000 millones de pesos al año.