HORIZONTE CIUDADANO
Violencia en contra las y los infantes
Rosa Esther Beltrán Enríquez

Saltillo.- México cuenta con 38 millones de niños, niñas y adolescentes. Los atentados violentos en contra de los infantes se recrudecieron durante el año 2021. La discriminación y la invisibilidad por parte de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos de la infancia se agudizó con la pandemia. Algunas señales de lo que esta crisis múltiple le representa a la niñez son: profundización de las desigualdades y violencias, incrementos en la pobreza y marginación racista y machista.

Los derechos humanos de los infantes fueron impactados negativamente en 2021, ante todo en el lo referente a la salud, la pobreza y los efectos de la pandemia, las niñas y adolescentes son quienes padecieron en mayor medida la violencia en todas sus formas, hubo 97 casos de niñas que perecieron por feminicidios, además en materia de desapariciones hubo 942 desaparecidas en ese rango, lo que implica un 2.2 mujeres infantes que no han sido encontradas, a esto se agrega la orfandad en la que el país se ubicó como la nación con más niñas y niños que padecieron la muerte de uno o ambos padres (178 mil) y que pierden a sus cuidadores primarios o secundarios.

Gracias a las organizaciones civiles que defienden los derechos de la infancia hemos logrado enterarnos de las dimensiones de las violencias que los infantes padecen en este país. La Red de los Derechos de la Infancia en México REDiM, y Save de Children, organización mundial y otras, proponen medidas de prevención, atención y justicia, investigan y dan seguimiento a estos lamentables hechos que obscurecen y llenan de miedo a los millones de niños y niñas que debieran ser considerados como una riqueza y no una carga para la nación. no queremos una sociedad en donde se normalice la violencia y en donde los niños vivan la peor parte.

Todos los sectores de la sociedad debieran asumir una responsabilidad colectiva para generar espacios libres de violencia, en donde los niños puedan sentirse seguros y desarrollar su potencial, en donde la vida y los derechos de las mujeres sean protegidos. Gobierno, empresas, escuelas, líderes comunitarios, familias, todas las personas y las instituciones, tenemos que trabajar juntas para lograrlo.
Es preciso activar esfuerzos nacionales, estatales y municipales para georreferenciar zonas de riesgo, haciendo uso de sistemas de seguridad para detectar información de donde prevalece la violencia de género y hacia la niñez

Además, es necesario fortalecer medidas de seguridad garantizando la existencia de unidades de atención especializada adecuadas y la prestación de servicios para mujeres, niños víctimas o en riesgo de violencia. Hay que asegurar que todos los casos en los que no se conozca el paradero de una niña, niño o mujer, se inicie como una probable comisión del delito de desaparición forzada o desaparición de persona cometida por particulares, a fin de que los mecanismos de búsqueda y localización de personas comiencen de manera inmediata.

Se deben fortalecer las capacidades institucionales de las Fiscalías Generales, de los Ministerios Públicos y de las Procuradurías de Protección de la Niñez, para gestionar coordinada y eficientemente los casos de vulneración a los derechos de la niñez integrando la perspectiva de género.

En las escuelas de todo el país, se requiere generar, difundir y aplicar Protocolos de Protección y seguridad escolar y en éstos deben establecerse claramente los roles del personal docente, administrativo, de familiares, de la policía, de dependencias públicas vinculadas y de las redes comunitarias para garantizar la protección y salvaguarda de niños.

Incrementar el presupuesto público federal, estatal y municipal para las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El gobierno federal publicó en diciembre pasado el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, cuyo objetivo principal es: “Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos, de todas las niñas, niños y adolescentes”.