…[gravar adecuadamente] al capital
es por supuesto sólo un componente
de un sistema fiscal
en una sociedad ideal.
Thomas Piketty
Monterrey.- El cobro cabal de un impuesto a la riqueza dejará de tener obstáculos insalvables cuando los poderes político y económico lleguen a guardar una distancia prudente y como consecuencia, en la sociedad civil, se adopte la sana cultura de la declaración patrimonial.
Bajo el principio de equidad, el cobro de todo impuesto debe ser progresivo, es decir, se requiere cobrar una proporción cada vez mayor respecto a una base gravable precisa. Aún en los países de la OECD no es fácil distribuir la carga impositiva de manera equilibrada a partir del ingreso de las personas y su riqueza compuesta por todo tipo de activos; hipotéticamente, el nivel de percepciones debe tener una relación directa con el grado de riqueza acumulada por las personas productivas, representada ésta por activos financieros y físicos –bienes raíces principalmente–; la realidad nos muestra que, según Thomas Piketty –El Capital en el Siglo XXI (2014)– siempre ha sido común saber de causantes de impuestos que suplantan bienes para dejar fuera del alcance fiscal grandes fortunas; y exhiben a cambio ingresos reducidos relativamente, gracias a la opacidad con la que el sistema financiero global se ha venido prestando desde sus orígenes. Por su parte, un régimen fiscal típico cobra los impuestos al capital (o patrimonio neto) con base a un censo o catastro de la riqueza asociada –únicamente– a los bienes raíces registrados por personas físicas; para este tipo de causantes, en el caso mexicano, no es posible aclarar su nivel de riqueza total, por lo cual, las cuotas pagadas –que en sí son bajas– sirven más como ingresos por el servicio de acreditar la propiedad que como recaudación eficaz de un impuesto. De hecho, es incosteable si consideramos al abultado aparato recaudatorio del estado y municipios frente a la baja porción de ingresos aportada al erario.
En economías como la mexicana, los bienes raíces forman la parte más sólida, y por lo regular más significativa, del patrimonio en buena parte de las familias, pero su trato fiscal es complicado, si se toma en cuenta la forma como se origina y distribuye. Desde la fundación de los primeros poblados, las autoridades locales tomaron medidas impositivas sobre ese tipo de propiedades, a fin de allegarse parte de los recursos que se requieren en la gestión pública local; dentro de las contribuciones municipales (ejemplo: comercio, espectáculos etcétera) llegó a establecerse, tal vez con carácter de aportación especial, el cobro por la posesión de propiedades (rústicas y urbanas).
Hablando de la gestión municipal del pasado, a lo que ahora denominan “Impuesto Predial”, antes le llamaban “El Contingente”, porque era una cuota representativa de la parte proporcional respecto a la suma total de propiedades registradas dentro de los límites municipales; ahora ésta es pagada como impuesto municipal por quien se admite como propietario y los recibos oficiales de ese tipo de aportaciones fungen de esa manera como constancia de propiedad de los predios inscritos a nivel local, los que a su vez deberán corresponder, a fin de legitimar al inmueble debidamente ubicado, con la escritura asentada en el Registro Público de la Propiedad del estado.
Por lo general, el impuesto predial viene a significar un tributo de poco alcance, en todo sentido, por ser reducido y aplicable a solo parte del patrimonio neto de los causantes. Representa, valga reiterar, muy baja porción de lo recaudado y es inequitativo. México no ha sido la excepción a la regla, sin embargo, señala Piketty, hay países como Estados Unidos y Francia donde es posible, gracias a la tecnología y la voluntad política, llevar la cuenta de las operaciones de los contribuyentes respecto al origen y destino de los recursos ganados.
Entre los indicadores del rezago económico de nuestro país está su reducida y mal distribuida carga impositiva. Además, no existe manera de hacer corresponder las percepciones con el patrimonio de los causantes. Actualmente los ingresos presupuestales más seguros provienen de los aprovechamientos del gobierno, siendo que la fortaleza de una economía pública debe provenir de una estructura fiscal capaz de allegar contribuciones desde su sistema productivo integralmente. Sería pertinente una reforma que, por sistema, implique impuestos viables económicamente al patrimonio neto, como la única forma de gravar a las percepciones consideradas informales desproporcionadas.
El llamado Impuesto Predial, aunque literalmente enuncia un gravamen al patrimonio, en realidad no ha dejado de ser “El Contingente”, como se conoció originalmente, una cuota simbólica para identificar la partencia de los inmuebles, cuya estructura pueda aprovecharse para establecer un sistema fiscal moderno, justo y duradero.