INE, ¿por dónde empezar a recortar los gastos?
Leticia Calderón Chelius

Ciudad de México.- En el Instituto Nacional Electoral (INE) tienen razón, gran parte del presupuesto multimillonario de casi 25 mil millones de pesos que solicitan para financiar sus actividades del 2023, se destina sobre todo a cuestiones no directamente relacionadas con sus labores cotidianas. Una, la partida designada a los partidos políticos que los diputados ya deberían estar reduciendo al 10 %, en lugar de cargársela al INE; e incluso, deberían hacer transferencias directas que no tuviera que recibir y manejar ese instituto, que así no tendría que incluirlas como parte de su presupuesto. Otra, la producción de las credenciales para votar con fotografía, que ocupa gran parte del presupuesto asignado al INE. Dado que “la INE” se ha vuelto, por la vía de los hechos, en el documento de identidad de la mayoría de los mexicanos, ya sería tiempo de considerar crear un organismo que no recaiga en la Secretaría de Gobernación –que ha sido el principal argumento para que los consejeros del INE se nieguen a compartir la información que las bases de datos de esa credencial contienen–, cuando evidentemente se necesita que se les aligere esa carga y sobre todo, el presupuesto que se destina para la producción de dichas credenciales, que se le acaba sumando al monto total de su partida presupuestal. Sin estos dos rubros, financiamiento a partidos políticos y producción de las credenciales de elector, se podrían ver con más claridad otras áreas por donde se puede recortar el presupuesto multimillonario que, francamente, no se resuelve solo con ajustar los altos salarios de los consejeros, porque es evidente que eso ocupa solo una parte de esa maraña presupuestal que requiere cambios mayúsculos.

A 30 años de la fundación del IFE-INE, hay algunos puntos que explican cómo llegamos a los enormes gastos que justificaron su presupuesto; uno, el tan repetido tema del costo de la democracia, que fue un argumento sumamente potente, que repetía como mantra que “contar con un mecanismo confiable y un personal altamente especializado y capacitado en lo electoral cuesta, pero vale la pena”. Este argumento, que tuvo razón de ser un tiempo, sin embargo, hoy se cae por su propio peso, ya que, si bien la desconfianza sobre la que se armó el sistema electoral mexicano puede ser que subsista como suspicacia entre los diferentes actores políticos en lo individual, pero actualmente absolutamente nadie podría argumentar que se mantienen los mismos niveles de cautela y recelo que dieron origen al imbricado sistema de controles y vigilancia que es hoy nuestro sistema electoral. Por el contrario, si continuara la desconfianza política a tal nivel, entonces sí que el objetivo fundamental del propio IFE-INE habría fracasado, al no haber logrado al cabo de tres décadas un escenario de cooperación y credibilidad entre adversarios que hoy luchan por el poder de manera legítima y legal.

Queda claro entonces que el escenario político ha cambiado y hoy hay condiciones hasta de cultura política y participación ciudadana para que se revise el proceso electoral mexicano, incluso en esas cosas que se dan por sentadas. Por ejemplo, nada justifica que se generen credenciales para votar con cantidad de candados que se van añadiendo cada año, cuando al mismo tiempo se nos dice una y otra vez que dicha credencial es altamente confiable. Es obvio para todos que prácticamente cada día surgen en el mundo nuevos mecanismos tecnológicos que pueden hacer aún más compleja la fortaleza de ese instrumento, pero esa es una carrera imposible de alcanzar y llega un punto en que el absurdo de poner tal cantidad de controles rebasa el objetivo mismo de generar confianza y se vuelve una obsesión. La confianza que más cuenta es la de la ciudadanía y esta es la que debe mantener y cuidar la autoridad electoral. Otro punto en que se pueden revisar gastos a fondo es la creación de credenciales y, por tanto, de toda la papelería electoral. ¿Por qué las credenciales pierden su vigencia?; ¿por qué duran 10 años (y no 12, 15 o incluso 20 años)?; ¿cuál es el criterio para esa decisión? Por cada año en que se pospusiera renovar una credencial y con eso toda la papelería electoral, el ahorro sería enorme. Incluso, la credencial misma no tendría que cambiarse, dado que la información básica que identifica a quien vota no cambia –salvo si el ciudadano se muda de domicilio o del territorio nacional–.

Como estos hay sin número de áreas en el INE que deben revisarse, no sólo para ahorrar, sino, sobre todo, para hacer del proceso electoral mexicano algo menos barroco, complejo y menos volcado al precio de la democracia, sino a su fortaleza.


* Investigadora del Instituto Mora.
lcalderon@mora.edu.mx