Desde hace décadas se han impulsado acuerdos regionales de tipo económico.
En 1960, se formalizó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con el propósito de impulsar las economías de la región, en un contexto permeado por la guerra fría y con el reacomodo del comercio internacional de la posguerra. En ese año se asociaron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay y después se adhirieron Colombia (1961), Ecuador (1962), Venezuela (1966) y Bolivia (1967). Se trataba de eliminar barreras al comercio interregional.
Los avances fueron muy desiguales y el escenario político fue cambiando. Durante los años 70, América Latina transitó por un periodo de rupturas democráticas y dictaduras castrenses que militarizaron la política exterior de los países. El efecto negativo en los procesos de integración fue inmediato.
El Pacto Andino tuvo su origen en 1969. El “Acuerdo de Cartagena” nació con la unión de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Posteriormente, en 1973, Venezuela se sumó al pacto. En 1976 se retiró Chile. La vecindad regional “andina” se planteó como un elemento de cohesión.
En 1980, con el “Tratado de Montevideo”, se creó la Asociación Latinoamericana de Integración, con el objetivo de lograr un mercado común latinoamericano. Se asociaciaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Posteriormente se adhirieron otros países.
En 1991, mediante el “Tratado de Asunción”, se decidió constituir un Mercado Común en el sur del continente, (MERCOSUR). Un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual se incorporaron Venezuela y Bolivia. Ésta última en proceso de adhesión. Venezuela está “suspendida”.
En 2011 se estableció la Alianza del Pacífico (AP) con Chile, Colombia, México y Perú. Se trata de construir una “área de integración profunda”, para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas: “una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico”.
También se han formalizado acuerdos regionales entre México y los países centroamericanos. El más reciente se estableció en 2011, con la participación de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y. Nicaragua. Los países centroamericanos han establecido entre sí un Tratado General de Integración Económica.
Los acuerdos y tratados antes mencionados han transitado por épocas de fuerte impulso, así como por etapas de escaso dinamismo. Estos vaivenes tienen que ver con los cambios de gobierno y las diferencias políticas que se suscitan en las relaciones bilaterales. Ninguno rebasa el propósito meramente comercial. El objetivo de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, sólo parafrasea el concepto de apertura neoliberal con la “libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.
Es muy limitado el esquema de colaboración entre economías cuya proyección en el comercio internacional ha sido determinado por las potencias (desde la época colonial). Los minerales y las materias primas de que dispone la región han sido la base del intercambio internacional. El desarrollo industrial alcanzado en algunos países es resultado de una condición de subordinación a las tecnologías y patentes que licencian las empresas de los países centrales. Un esquema de desarrollo dependiente.
López Obrador se ha referido a las expectativas de “integración” de la región planteando que no sólo se debe intentar la integración de América Latina, sino que se debe impulsar la integración de América, el continente. Agregando que el modelo a seguir debiera ser el de la Comunidad Europea. Esto es, un proceso más amplio y complejo que la limitada “integración comercial”.
En 2009, con el Tratado de Lisboa, se creó la Unión Europea. La que ha desarrollado un sistema jurídico y político -el comunitario europeo-, que conforma un sistema híbrido de gobierno transnacional. La Comunidad Europea ha logrado establecer políticas comunes a todos los países miembros no sólo en el ámbito económico. Existe un Parlamento Europeo, con integrantes electos en elecciones periódicas. La salida de Inglaterra de la Comunidad, así como las crisis económicas recientes han afectado la cohesión de la Comunidad.
En América Latina una alternativa a los procesos tradicionales de integración sería el de establecer esquemas de negociación como un solo bloque. El siempre delicado manejo de los temas financieros reclama una mayor capacidad de negociación frente a los organismos internacionales y las empresas transnacionales. Se requiere también la promoción de esquemas bancarios regionales sujetos a estándares de mejor trato a los usuarios. Otro tema relevante es el de las patentes y marcas, área en la que la protección a los licenciatarios es con carácter monopólico; el manejo de las vacunas anti Covid es un lamentable ejemplo. El desarrollo de las vacunas fue financiado con recursos públicos en Europa y Estados Unidos y las empresas farmacéuticas acabaron apropiándose todos los derechos y haciendo el marketing de las vacunas como cualquier otro producto.
Los regímenes tributarios son otro ámbito de cooperación regional, cuyo manejo debe superar la tradición de bajos niveles con los que se grava la riqueza acumulada y los altos ingresos y establecer los que se aplican en países europeos
La salud y la educación son temas que debieran abordarse como prioritarios, con un enfoque de cooperación internacional alejado de los manejos comerciales.
Urge mejorar los sistemas de pensiones. Chile es un buen ejemplo, ya que fue el país punta de lanza para crear el sistema de cuentas individualizadas y hoy en día se propone realizar una reforma al respecto, por el fracaso en el objetivo de generar pensiones decorosas.
El nivel de los salarios debiera ser materia de coordinación regional. En general, la colaboración regional debiera apuntar a mejorar las condiciones de vida y reducir la desigualdad. Se trata de alinear e implementar políticas públicas con un sentido social.
En un esquema de integración regional con propósito social las políticas de la Comunidad Europea pueden ser un buen punto de partida.
La lucha contra el cambio climático y por la preservación de los recursos naturales de la región es otra área de oportunidad para la cooperación regional. El decálogo propuesto por el Presidente colombiano, Gustavo Petro, en la COP 27, es una base para la colaboración. Llama la atención que los países de América Latina no tienen una misma posición sobre el tema y se han alineado en torno a cuatro grupos que negocian por separado.
El cambio climático se suma a otros aspectos críticos en América latina: la pobreza, la brecha de género, la inequidad, los conflictos de tierras y la falta de vivienda. Todos ellos temas de prioridad para una cooperación regional con sentido social.
Hay quien propone que en lugar de libre comercio y ante los crecientes abusos de empresas extranjeras en América Latina, en particular de las empresas extractivistas, los gobiernos progresistas de la región debieran articular un tratado vinculante que regule la acción de las empresas trasnacionales, en materia de derechos humanos.
En el curso de la última década, China se ha ido convirtiendo en el principal inversionista en Latinoamérica, desplazando de esa posición a Estados Unidos. En la región sur del continente, varios países han firmado acuerdos de libre comercio con el gigante asiático y han incrementado en forma considerable sus intercambios comerciales, científicos y tecnológicos con Pekín.
Si hace 20 años las más relevantes economías americanas tenían como principal socio comercial a Estados Unidos, hoy sólo tres –México, Colombia y Canadá– conservan esa condición, además de las naciones centroamericanas y caribeñas. Así, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay han orientado sus intercambios hacia la potencia asiática.
Este fenómeno configura una nueva realidad continental, en la cual se ha reducido el margen de Washington para seguir considerando a América Latina como su “patio trasero”. Al hecho económico debe agregarse una consideración política: a diferencia de las inversiones estadunidenses, que han ido siempre acompañadas de intervenciones en lo político, China gestiona las suyas dejando al margen diferencias o afinidades ideológicas entre gobiernos, por lo menos hasta ahora.