INTERÉS PÚBLICO
Logro amenazado
Víctor Reynoso
Puebla.- Una definición de generación: grupo humano unificado por un acontecimiento histórico significativo. Se pueden tener 18 años u 80 cuando sucede ese acontecimiento: no importa, igual se será parte de esa generación.
De acuerdo a esto se puede pertenecer a varias generaciones (o a ninguna). Una de las mías tiene que ver con la autonomía del Instituto Federal Electoral, otorgada por la reforma de 1996.
Esa reforma fue la culminación de un proceso cuyo inicio puede fecharse en el verano chihuahuense de 1983. Por primera vez en décadas las elecciones estuvieron en el centro de la política nacional. La elección presidencial anterior, la de 1982, fue tan rutinaria. La sociedad mexicana no se expresó en las urnas.
Lo empezó a hacer en algunas elecciones locales a partir de 1983. Las elecciones impugnadas y los conflictos postelectorales fueron numerosos. La mayoría en el norte del país, pero también en ciudades como Juchitán, Mérida y Puebla.
Fue célebre el fraude electoral en Chihuahua en 1986. Unificó a intelectuales mexicanos hasta entonces enfrenados, que cuestionaron conjuntamente esa elección. El entonces secretario de gobernación los cuestionó a su vez, y la respuesta fue una clara demostración del fraude que se publicó en la revista Nexos (https://www.nexos.com.mx/?p=4739).
El momento más visible de este proceso de exigencia electoral fue la elección federal de 1988. El responsable de la organización de la elección era el Secretario de Gobernación, a través de otra CFE, la Comisión Federal Electoral. Numerosas irregularidades la pusieron entre las más cuestionables de nuestra historia.
Después de un intenso proceso de conflictos y reformas electorales, se le dio autonomía al INE-IFE, en 1996. Desde entonces ha permitido alternancias de diverso signo. Ha tenido omisiones (una reciente: no corrigió la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados). Pero no se le puede acusar de haber actuado a favor de alguna fuerza política.
Por eso preocupa la reacción del actual presidente de la República y de su partido ante la decisión del INE de retirar candidaturas que no cumplieron la obligación legal de presentar sus gastos de precampaña.
El INE simplemente está cumpliendo su obligación legal. Puede equivocarse, y para corregirlo está el Tribunal Electoral. Las reacciones del grupo en el poder de descalificar, no la decisión, sino las supuestas motivaciones detrás de esa decisión, amenazan uno de los principales logros de la política mexicana.