Justicia
Samuel Schmidt

Austin.- El sistema federal es un sistema de equilibrios, aunque es complicado el concepto, porque por una parte implica estabilidad, pero por otro el diccionario dice que es: “Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente.

O, situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse”.

La definición seguramente se refiere a un objeto y a las leyes físicas, trasladado a la política adquiere otra connotación.

Hoy en México parece haber fuerzas que creen firmemente en la opción de la destrucción mutua, tal vez convencidos de que después se puede construir, pero al destruir al otro se destruye uno y se lleva “entre las patas” el objeto en cuestión que enste caso parece ser el gobierno o el Estado.

Una visión del federalismo supone que este es un sistema de contrapesos; el diccionario nos dice: “Contrapeso. Cosa que se considera y estima suficiente para equilibrar o moderar otra que prepondera y excede”.

En una báscula en el mercado esto es muy válido, pero no tanto en la realidad y mucho menos en la política. Todo equilibrio entre poderes es político.
Aquellos que sostienen que los poderes federales deben jugar como contrapeso tienen una visión parcial y prejuiciada de la división de poderes en un sistema federal.

En la noción ideal del federalismo hay varios niveles de soberanía que deben equilibrarse en el sentido de estabilidad: primero está la división entre los 3 poderes federales: ejecutivo, legislativo, judicial; le sigue la división entre la federación y los poderes estatales, que a su vez están divididos en tres poderes, y para terminar están los poderes municipales, con una suerte de tres poderes. En cada uno de esos niveles se manifiesta la defensa y promoción de los intereses sociales, ya sea en el voto u otras formas de participación.

En el federalismo mexicano, prevalece el peso del poder ejecutivo, tanto por su construcción constitucional como por su construcción histórica, que visto ampliamente viene desde el tlatoani, hasta el presidente (federal o municipal). Los otros poderes se han sometido históricamente al poder ejecutivo, lo que contraviene al modelo ideal, pero se ha generado por las circunstancias nacionales. Cambiarlo implica una reforma radical nacional que debe contar con gran consenso.

Hablar de autonomía de un poder respecto a los otros es una aberración, porque los poderes federales deben verse como un sistema equilibrado donde cada poder tiene atribuciones específicas, que deben engarzarse con los otros poderes para beneficio del individuo. Hablar de autonomía de instancias estatales también es aberrante, ¿de quién se autonomizan, del Estado, de uno de los poderes, de todos los poderes? Esta concepción supone que ciertas instituciones navegaran en el limbo.

Hoy se discute la reforma al poder judicial, el que no ha sido menos corrupto que los otros poderes, pero su corrupción golpea directamente contra la libertad e igualdad del ciudadano. La liberación de criminales por jueces corruptos, tiene un efecto social directo más fuerte que el de la corrupción en la construcción de una presa, suponiendo que la presa está bien construída.

La imagen simbólica de la justicia es una mujer ciega con una balanza bien equlibrada, pero el poder judicial de la federación es algo más allá de una cuestión de justicia, mucho menos ciego, porque tratándose por ejemplo de la Suprema Corte, sus miembros sostienen posiciones ideológicas que imprimen en sus decisiones, aunque vayan en contra de los deseos de las grandes mayorías y ninguna ideología es neutral, como no es neutral violar la ley que los obliga a ganar menos que el presidente.

Todas las reformas se enfrentan a inercias conservadoras y a los intereses enraizados en los procesos. Me viene a la mente la reforma de los juicios orales propiciada por Estados Unidos, que empezó en 2008; el primer caso en Chihuahua resultó en que el gobernador aplastó al poder judicial, despidió y luego indemnizó a los jueces, mientras la sociedad rechazó la sentencia absolutoria de un criminal que aceptó su culpa en la misma corte. La reforma debió terminarse en 10 años y es la fecha en que todavía no termina y no sabemos si ese cambio fue adecuado. Yo personalmente no sé si alguien haya evaluado lo que esa reforma debió resvolver en la justicia y el respeto a la ley.

¿Qué temas busca resolver la nueva reforma? La corrupción, el nepotismo de los jueces, el peso de la influencia en la determinación de sentencias.

¿En cuánto tiempo veremos los frutos de la reforma?

¿Remover a los ministros de la corte será suficiente? ¿Cómo aseguraremos que la elección de los nuevos jueces llenará al poder judicial de la calidad ética que mayormente ha perdido?

Por último, y tal vez sea el tema central, es que la justicia no se agota en lo jueces, empieza en la policía, los ministerios públicos y hasta las secretarias de los juzgados que invitan y aceptan regalitos para influir en la velocidad de los casos. Mientras no se emprenda una reforma integral de todo el sistema, los parches que se hagan, como la oralidad, están condenados a servir poco, o a la mejor nada.