La apuesta por la “Donbernabilidad”
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- Hace unas semanas, Sabina Berman entrevistó virtualmente a Anabel Hernández por su libro Emma y las señoras del narco; y la autora de esta obra de gran éxito mediático, repitió lo esencial de lo que dijo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en varias entrevistas que dio a medios de comunicación.

Sabina Berman quería ir más allá del aura frívola del libro, entrar a lo sustantivo, ya no de la travesía de las “señoras del narco” por las alcobas de los señores del narco, sino a otro tema: la relación de los gobiernos con el narco; y más específicamente, de la gobernabilidad que puede eventualmente generar bien llevada esa relación.

Palabras más, palabras menos, Sabina le preguntó agudamente sobre qué pensaba ella de un eventual acuerdo del gobierno con los cárteles del crimen organizado, para evitar el baño de sangre y la inestabilidad que hoy vemos en distintas partes del país, con su estética poco alentadora: cuerpos colgados en puentes perimetrales, incendios de inmuebles y vehículos, balaceras interminables, o el preocupante corrimiento de la mancha de violencia hacia otros estados del país.

La respuesta de Anabel fue contundente: de rechazo inmediato; y argumentó certera y fundadamente el porqué de su negativa, cuando señaló que eso significa –el singular es porque ya se hace en algunos estados– poner sobre la mesa de negociación la vida de los mexicanos –ahora sí en plural.

No es nuevo el argumento a favor de ese tipo de pactos; lo nuevo es que hoy se esté planteando como alternativa a la violencia criminal. Este tipo de salida a un problema ya crónico ha estado presente de facto y ha sido renovada por décadas especialmente en el noroeste del país –léase, para documentarse, la investigación con fuentes norteamericanas del sociólogo Luis Astorga: Drogas sin Frontera–; y en esa mecánica, se buscaría extenderlo al resto del territorio nacional.

La lógica del argumento es muy sencilla. Como las instituciones de seguridad nacional son incapaces de acabar con el crimen organizado, se hace necesario negociar con los líderes de los grandes cárteles para garantizar una sui generis gobernabilidad democrática; y como son cuantiosos los recursos financieros que maneja bajo distintos ropajes, genera áreas de oportunidad en inversión y empleos; técnicamente, eso significaría darse un “balazo en el pie”; y como el crimen organizado tiene un gran asentamiento social, con su parafernalia (estéticas, consumos, lujos, música), para qué mantener una guerra contra las drogas que de antemano culturalmente está perdida.

Esta lógica descabellada ha permeado la política y hasta podría estar detrás de la máxima de “abrazos, no balazos”; incluso estar funcionando en estados, lo que no significa que la violencia haya mermado en ellos significativamente, sino que ha adquirido otras manifestaciones que muestran una relativa disminución de la violencia que, eso sí, nada tiene que ver con la que hemos visto en los últimos meses en Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato, donde la escalada de violencia no parece tener fin, porque esta ha transitado de la cotidiana a la política.

La semana pasada, el diario sinaloense Noroeste publicó un largo reportaje bajo el titulo sugerente: “Sin cuerpo, no hay delito”, que tiene en el centro el tema de las personas desaparecidas, especialmente en el municipio de Culiacán; y extraemos de ese acucioso trabajo realizado por el periodista José Abraham Sanz, algo que explicaría algunas dinámicas que estamos viviendo en el país.

Pero antes vayamos al concepto de “donbernabilidad”, acuñado por el abogado colombiano Michael Reed Hurtado, avecindado en la Universidad de Yale, donde enseña temas de seguridad y derechos humanos.

Bien, “donbernabilidad” es una composición referida a la gobernabilidad sin calificativos; es decir, a la conservación de los equilibrios básicos para que funcione una sociedad; y en el caso colombiano, se desprende de la acción político-criminal del paramilitar colombiano Diego Fernando Murillo Bejarano, mejor conocido como Don Berna, quien hoy purga una larga condena en los Estados Unidos.

Este hombre, que es personificado en una de las tantas series colombianas, existe; y como lo dice Reed Hurtado, fue pieza clave en los “acuerdos que se hicieron entre las autoridades locales, autoridades policiales, y los paramilitares, para controlar la criminalidad en un sitio como Medellín y la zona metropolitana, que –agrega– estaba poniéndose muy caliente; y el indicador de que las cosas están calientes, por lo general son los homicidios dolosos”.

Ergo, había que restar visibilidad a este tipo de homicidios en la narrativa criminal de los distintos gobiernos, sean de derecha o de izquierda, ambos necesitaban atenuar los efectos de esta Medusa de mil cabezas.

Y es que cualquier estrategia de gobierno, que busca conciliar intereses técnicamente tan diversos y encontrados, estaría destinada a disminuir el número de homicidios dolosos, limpiar la estadística criminal y presentar a cualquier gobierno como medianamente eficaz en el combate contra el crimen organizado.

Así, técnicamente, disminuyendo la estadística de los homicidios dolosos, sorprendentemente aumenta el número de personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda, y luego un reportaje publicado en el New York Times, muestra que entre 1964 y 2021, pero especialmente desde el gobierno de Felipe Calderón, hay un incremento de este tipo crimen que alcanza casi los 100 mil desaparecidos, que se explica por la detención de líderes del narcotráfico, la fragmentación de cárteles y células del crimen organizado, además de la ampliación de campos de operación criminal.

Precisamente el escenario se vuelve complejo por esa alta fragmentación del crimen organizado, que igual fragmenta los posibles interlocutores. De ahí la idea equivocada de que pactando con estos grupos provocara un equilibrio y, con ello, una disminución de la violencia; y es que, como bien se lo dijo Anabel Hernández, una renuncia del monopolio de la violencia del Estado genera espacios vacíos que son cubiertos inmediatamente por el crimen organizado; y eso fue patente en las elecciones del verano pasado, cuando los distintos grupos hicieron acto de aparición poniendo y quitando candidatos.

Peor todavía: un eventual pacto entre ambos actores representaría actuación libre en las 23 áreas que según Edgardo Buscaglia existen; y eso significaría la construcción de un Estado fallido, un Estado que renuncia a sus competencias, y en primer lugar, las de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En definitiva, el falso dilema que está en algunas de las preguntas y respuestas de la larga entrevista de Sabina Berman con Anabel Hernández, aun con todos los riesgos que representa, la apuesta es que haya más Estado y más gobernabilidad democrática; lo otro podría derivar en un singular en uno o varios conceptos sociológicos, de acuerdo con cada región y grupo criminal pactante.

Al tiempo.