La captura de la UNAM, ¿ensayo en Sinaloa?
Ernesto Hernández Norzagaray
Antes de entrar al fondo, habría que decir que en las universidades públicas sinaloenses, como otras instituciones de educación superior, hay grupos de poder que para bien o para mal, tienen el control político; y digo esto porque está implícita la legitimación en el ejercicio docente, investigativo y de extensión.
El Partido Sinaloense tiene un peso específico en la administración en la UAS, donde militantes de este partido son los que toman muchas decisiones y habría que ver si lo hacen como militantes o como administradores profesionales.
No le favorece mucho al PAS que se sepa que de acuerdo con una investigación realizada por el diario Noroeste, el 60 por ciento de la nómina son parte de sus activos.
Aunque hay una investigación que está por hacerse sobre los mecanismos de reclutamiento y los incentivos de estos activos para darse de alta en el padrón pasista, donde podría haber muchos militantes, que vienen desde antes de que este partido se constituyera en 2012.
Pero para el gobierno estatal está claro: la membrecía que alcanza los 140 mil afiliados, dentro y fuera de la UAS, son suficientes para afirmar que este partido controla a la máxima casa de estudios y que se “viola desde adentro la autonomía universitaria”.
Y por ende, dijeron, hay que adecuar la Ley General de Educación Superior para que la UAS recupere su “libertad” y su “autonomía”.
Es ahí cuando empata con la UNAM, pues el Congreso del Estado, con una amplia mayoría morenista y aliados, han decidido aplicar en Sinaloa la fórmula suspendida en la UNAM, para que las autoridades universitarias sean seleccionadas en elección abierta, universal, directa y secreta, bajo la intervención del Congreso del Estado, que viola el principio básico de toda autonomía, que es la del autogobierno, e impide garantizar la libertad para ejercer la reflexión y la crítica, y donde se produzca y trasmita el conocimiento, sin ningún tipo de interferencia religiosa, política o económica.
En Sinaloa no ha sido problema, primero por la decisión del gobernador, quien a través de su mayoría en el Congreso del Estado incluyó añadidos a la armonización de la Ley General de Educación Superior que, a juicio al menos de los abogados universitarios, son inconstitucionales y violatorios de la autonomía.
Ya sabremos cómo resolverán este asunto los ministros de la Suprema Corte de Justicia, si las universidades pueden estar sujetas al Poder legislativo y por lo pronto, un juez federal ordenó la suspensión provisional de la ley, luego de amparos que fueron promovidos por consejeros universitarios. (Pero concentrémonos en la UAS, que es donde está la motivación de este ejercicio de reflexión.)
La lucha del gobernador contra las autoridades de la UAS se libra, además de lo jurídico, en tres frentes que puntualmente son los siguientes:
Primero, en el ámbito político: el gobernador ganó una a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector y líder moral del PAS, cuando al menos puso en entredicho la alianza que este sostenía con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, ya que aquel con su partido impulsaba –e impulsa– la campaña “¡Que siga López, estamos agusto!”, al nombrar a uno de los diputados locales para que en lo sucesivo se “hiciera” cargo de esa responsabilidad política, de frente a la definición del candidato morenista a la presidencia de la República.
Segundo, lo mediático: ambos actores buscan ganar la percepción de que lo hecho es lo correcto. Por un lado, la UAS hace una campaña convencional con sus recursos institucionales y comunicando directamente a los estudiantes y padres de familia; en tanto, la mayoría de los medios de comunicación se encuentran volcados en esa tarea, bajo la premisa recordada en una de las conferencias semaneras del gobernador, de que es “el gobierno el cliente principal” de este tipo de empresas. Además, como si fuera poco, tenemos que se están utilizando drones para distribuir volantes sobre los campus universitarios y difundir consignas a favor de la “recuperación de la autonomía”.
Y tercero, las calles: contrariamente a la idea que siempre son las universidades las que las ganan, en esta ocasión la iniciativa la tienen actores progobiernistas que han activado manifestaciones “por la autonomía”, principalmente de la Facultad de Derecho Culiacán.
Es decir, a la vista de cualquiera, el grupo pasista la va perdiendo, pues sólo le quedaría la parte legal. Pero ahí es probable que el Gobierno del Estado no las tenga todas consigo, sea por el aura de independencia que hoy rodea a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o porque, simplemente, no tienen la razón jurídica.
El caso terminará en la Corte y es altamente probable que el gobernador la pierda, porque los añadidos a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa no los contempla la Ley General; es decir, el Congreso del Estado no tiene por qué intervenir en labores de auditoría en las universidades públicas, pues para eso está la ASF y la ASE.
Además, no tiene fundamento legal hacer consultas a la comunidad universitaria sobre eventuales modificaciones a la ley, y menos si son inconstitucionales. Pero, sobre todo, la Universidad se rige por un Consejo Universitario, y es al que el rector y los directores de escuelas y facultades deben rendir cuentas sobre su ámbito de acción institucional.
En definitiva, el ensayo que está en curso en Sinaloa es el que se pretendió aplicar en la UNAM y probablemente sus verdaderos promotores decidieron dejarla en suspenso hasta no ver en qué termina jurídicamente, y ahí decidir si se sigue en esa línea o se desecha; es decir, lo que está en juego en Sinaloa, con sus singularidades políticas, no sólo son sus universidades públicas, sino las de todo el país.
Al tiempo.