Mérida.- La derecha en su conjunto está alegando que Morena y sus aliados no tienen derecho al número de diputados y senadores que la legislación electoral les permite, con el fin de impedir que continúe lo que los mexicanos decidimos con nuestro voto: que la izquierda tenga mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, para que siga llevando a cabo la transformación del país que inició en el sexenio que termina.
Para eso, sus voceros y defensores en los medios están haciendo circo, maroma y teatro con el uso de las artimañas que acostumbran, retorciendo leyes y argumentos, de manera descarada, para alcanzar sus fines. Una cosa tan sencilla como determinar el número de diputados plurinominales que un partido debe tener, basándose simplemente en lo que la ley dice, los está exhibiendo, de nueva cuenta, como cínicos y mentirosos.
Dicen que Morena y los demás partidos que integran la alianza Sigamos Haciendo Historia, que apabulló a Xóchitl y compañía, de manera vergonzosa, en los recientes comicios no deben tener los diputados y senadores que las leyes del país claramente determinan sino los que, por sus pistolas, fundados sólo en sus deseos, quieren que se les reconozca. Para nada hacen alusión a nuestra Constitución que establece cómo deben repartirse los diputados y senadores llamados plurinominales, porque saben que hacerlo sería reconocer que están mintiendo para lograr lo que pretenden.
En donde mayor énfasis ponen en su escándalo, porque es donde mayor fue la barrida que sufrieron, es en el caso de la Cámara de Diputados.
El artículo 54 de nuestra Carta Magna precisa, sin lugar a dudas, cómo debe hacerse en ella el reparto de plurinominales. La fracción IV de este artículo dice, literalmente: “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”. Y la siguiente, la V, expresa: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Como se lee, en las dos fracciones nuestra máxima ley dice, de manera muy precisa, que la distribución se hará entre partidos políticos, no entre alianzas, coaliciones, o asociaciones. Pues bien, la derecha quiere que tanto el INE como el Tribunal Electoral procedan a la distribución de diputados plurinominales como si la Constitución dijera que el reparto debe ser entre coaliciones y no entre partidos, como está escrito.
La regla no es nueva, existe desde 1996, es decir, tiene 28 años de antigüedad. Es cierto, en ese mismo año, se introdujo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe, que era la ley reglamentaria entonces, una norma específica que la contravenía porque disponía que el reparto fuera entre coaliciones; sin embargo, esta fue derogada por PAN, PRI y Verde Ecologista en 2008 y en 2014, estos mismos hicieron una nueva ley, la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Legipe, que es la que rige, y pusieron en ella, lo mismo que, al respecto dice nuestra Carta Magna.
Así es que en ambos códigos, la Constitución y su ley, se ordena –repito, se ordena– que la distribución de las diputaciones plurinominales se haga entre partidos, no entre coaliciones. En consecuencia, no hay para adonde hacerse. Las autoridades que calificarán la elección están obligadas a actuar con estricto apego a lo que dicen ambas leyes. Si lo hicieran de otra manera, las estarían violando de manera flagrante y el pueblo no lo permitiría.
A mayor abundamiento, hay que decir que desde 2009 se ha aplicado esta disposición en todas y cada una de las elecciones que, desde entonces, ha habido. Han sido cinco los procesos electorales efectuados antes del actual (2009, 2012, 2015, 2018, 2021) y en todos, absolutamente, en todos, la distribución de plurinominales se ha hecho por partidos, no por coaliciones.
¿Por qué hoy sí lo quieren? Porque en lugar de ganar las elecciones, como ilusamente, creían fueron brutalmente barridos a lo largo y ancho del país al grado que Morena y sus aliados tendrán amplia mayoría calificada en la cámara de diputados en el marco de la ley y muy cercana a ella, en la de senadores lo que les permitirá hacer los cambios constitucionales que con la rémora que es la derecha no se podrían hacer, por su actitud lacayuna al servicio de los peores intereses que se oponen al país.
¿Qué reclama la derecha si fue materialmente barrida en las tres elecciones federales que se hicieron, la de presidente, la de senadores y la de diputados?
En la primera, Claudia Sheimbaun ganó la contienda en 31 de las 32 entidades de la república (en el 97 % de ellas) con más del doble de los votos que obtuvo su rival; en la de senadores, los partidos de la izquierda ganaron en 30 de 32 entidades (el 94 % de estas) las fórmulas de mayoría; y en la tercera triunfaron en 256 de los 300 distritos de mayoría (el 85 % de estos) que tiene el país.
En contrapartida, la derecha sólo triunfó en 1 entidad (el 3 % del total), en el primer caso; en 2 entidades (el 6 %) en el segundo y en 40 distritos (14 % del total) en el tercero (el 1 % restante corresponde a un independiente y a uno de Movimiento Ciudadano). Con estos paupérrimos resultados, se necesita mucha desvergüenza para reclamar más de un tercio de ambas cámaras si lo que merecen es menos de la décima parte
Se están tirando al suelo arropados por la prensa mercenaria y sus corifeos del tipo Aguilar Camín, Ciro Gómez y otros más que no cejan de insistir en que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral se avienten el tiro de querer pasar por encima de la Constitución para darles a los decrépitos partidos de la derecha lo que el pueblo les ha negado.
Pero, una vez más morderán el polvo, porque el pueblo no está dispuesto a que las minorías que lo han empobrecido quieran imponerle su voluntad.