¿La Federación contra la Universidad?
Víctor Orozco
Ciudad Juárez.- Hace cincuenta y tres años, a principios de 1967, en la entonces Universidad de Chihuahua se generó un movimiento estudiantil y magisterial cuyo objeto era dotar a la institución de mayores recursos económicos. Para entender el contexto de esta lucha, debemos recordar cómo, durante el sexenio inaugurado en 1964 al tomar posesión de la presidencia de la República el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, se sometió a las universidades públicas a un régimen de pan y agua, es decir, la federación y los gobiernos estatales proveían con lo mínimo para su sostenimiento. En todo el país surgieron protestas y muestras de inconformidad con esta política, apoyada sin condiciones en el estado de Chihuahua –como puede suponerse en una época de partido único o casi único–, por el entonces gobernador, general Práxedes Giner Durán.
Al mismo tiempo, se buscaron opciones para salvar económicamente a las casas de estudios. Una de ellas, fue el establecimiento de una sobre tasa a los impuestos, derechos y aprovechamientos recaudados por los gobiernos estatales, destinada exclusivamente al sostenimiento de la universidad estatal correspondiente. La primera entidad federativa en la cual se legisló para instaurar este gravamen fue Sonora.
En Chihuahua, por entonces la Universidad de Chihuahua tenía un presupuesto de alrededor de ocho millones de pesos anuales, equivalente a seiscientos cuarenta mil dólares. La población estudiantil rondaba los cinco mil estudiantes, de ellos la mitad aproximadamente de la antigua Escuela Preparatoria. Con ese monto apenas podían satisfacerse las necesidades elementales. No existían los maestros de tiempo completo y tampoco había fondos para investigar.
En esta tesitura se presentó la iniciativa para establecer el llamado impuesto universitario, equivalente a una sobre tasa del 10% a todos los ingresos del gobierno del Estado. Como era de esperarse, quien de inmediato se opuso fue el propio gobernador. Le hicieron coro todos los organismos empresariales de la época, cámaras de comercio, industriales forestales, ganaderos y desde luego el aparato oficial del Partido Revolucionario Institucional, con sus organizaciones corporativas. El contra argumento previsible era que la economía del estado se colapsaría aún con una sobre tasa del 1%, se perderían los empleos y habría cierre de empresas.
En el otro campo, los estudiantes formábamos un sector muy combativo y radicalizado. Entendíamos que si no presionábamos, la Universidad seguiría en la inopia, pues las autoridades estatales y federales carecían de voluntad para impulsarla. Poco a poco la opinión pública fue convenciéndose de la validez de nuestras razones. Finalmente, los estudiantes nos fuimos a la huelga, convocamos a manifestaciones públicas, llenamos la ciudad de volantes y en una de esas tomamos el palacio de Gobierno. Esto dio lugar a que se establecieran negociaciones inmediatas entre el gobierno del estado, las autoridades universitarias, encabezadas por el rector, licenciado Manuel Russek Gameros, y los estudiantes. Por último, el Congreso local decretó una sobre tasa del 4% a los impuestos estatales. Ello representó un incremento del 200% al presupuesto universitario, pues al año siguiente superó los 25 millones de pesos.
En 1973 se fundó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y durante el sexenio de Miguel de la Madrid se reformó la constitución federal, para entregar a los ayuntamientos la administración de los impuestos predial y de traslación de dominio. El primer hecho determinó años después, la división del producto del impuesto universitario entre las dos universidades públicas del estado, la UACH y la UACJ, por partes iguales. El segundo, dio lugar a que los ayuntamientos cobraran la sobre tasa del 4% destinada al mismo objeto.
Su importancia económica ha disminuido, gracias a los crecientes subsidios recibidos por las universidades públicas del país. Sin embargo, dados también el crecimiento exponencial de la matrícula y los requerimientos tecnológicos y de diversa índole que hoy tiene la educación universitaria, cada peso de sus ingresos es importante, a veces decisivo para sostener programas específicos. Hasta donde tengo información, la recaudación actual del impuesto universitario en números redondos es de 180 millones de pesos en total, es decir, aproximadamente 90 millones para cada una de las universidades, cuya matrícula reunida ronda los setenta mil estudiantes.
En enero pasado, la consejería jurídica de la presidencia de la República, inició acciones de inconstitucionalidad con las cuales pretende eliminar el cobro de este impuesto por cada uno de los 67 municipios del Estado. A esta acción se adhirió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Leí una de estas demandas, por cierto redactadas con gran descuido gramatical y hasta con errores como escribir Estado de Guerrero, en lugar de Estado de Chihuahua. Pueden discutirse los razonamientos técnico-jurídicos que sustentan estas acciones constitucionales del poder ejecutivo federal y seguramente los órganos del gobierno estatal involucrados lo harán con el debido rigor. Podrían también combatirse otros fundamentos de política social, de oportunidad, de eficacia, etcétera, pero éstos no existen, o al menos no se exponen como basamento de las razones puramente formales señaladas en los documentos.
Me refiero justamente a estos aspectos, de carácter histórico, político y social.
Primero: El impuesto universitario en Chihuahua surgió de una protesta y un movimiento sociales para apoyar el desarrollo de la educación superior, en un tiempo durante el cual el Estado mantenía una indeseable política en contra de las instituciones encargadas de brindar este servicio a la población.
Segundo: Este impuesto se ha recaudado durante más de medio siglo, sin suscitar impugnaciones o inconformidades. Es decir, ha cobrado plena legitimidad no solo en el ámbito jurídico, sino en el social. Ha cumplido con creces su objetivo de apoyar a las universidades. ¿Qué sentido y qué oportunidad tiene entonces esta inusitada acción del gobierno federal para eliminarlo? Al parecer, su extinción no beneficiará a ningún proyecto social, de salud o de cualquier tipo, puesto que sencillamente se dejará de percibir.
Tercero: Esta medida del ejecutivo federal es incongruente con los propósitos y objetivos de largo alcance animadores del actual gobierno. Los universitarios chihuahuenses arrancamos hace más de cincuenta años una conquista a unas administraciones federal y local sumamente represivas, para beneficio de miles de jóvenes y familias. ¿Cómo es que hoy, en una administración opuesta en muchos sentidos a las de entonces, se pretenda eliminar este logro?
Por todas estas razones, el gobierno de la república debe recapacitar y desistirse de estas acciones jurídicas, que de prosperar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lesionarían a nuestras dos universidades y con ello a los intereses de la colectividad, incluyendo el mismo prestigio de la administración federal.