La imposición del tren maya
Antonio Bautista Ortuño
Pachuca.- El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, el día 20 de junio del presente año, dio apertura oficial a la violenta acción que emprende El tren maya mediante la justificación de incorporar al proyecto de nación en la 4T a los pueblos y comunidades mayenses de los estados de: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La política emprendida por el sector privado y por el respaldo institucional que regula la depredación del mercado neoliberal no es nada nuevo. En las distintas latitudes del de los pueblos indígenas, es bien sabido que el extractivismo mineral, acuífero, forestal y territorial; ha sido una disputa constante en el debate socio-ambiental en el que no solo se reformula sino que parece cobrar más fuerza a partir clara contra-ofensiva para lacerar la soberanía territorial y comunitaria.
Con una inversión de 27 mil millones de pesos, el tramo férreo con 224 kilómetros, el Tren Maya, propone imponer un mensaje claro y contundente a pesar del marco legislativo en términos de consulta de los derechos de los pueblos y de los tratados internacionales que violentan y vulneran el mundo rural con altas proporciones de marginalidad a pesar de su gran riqueza en la diversidad geo-territorial.
La diversidad biológica, el cuidado de las selvas, bosques, mantos acuíferos y centros ceremoniales, se ven amenazados ante el avasallamiento cololinialista sobre la base de los pueblos por los que históricamente han tenido una capacidad organizacional mediante el ejercicio consuetudinario depositado entre cargos y mayordomias al interior de las comunidades.
La segregación y fractura comunitaria transgrede no solo a la geografía del sur-sureste sino, precisa una determinación radical a partir de un planteamiento corporativo que en términos de desarrollo no pretende favorecer a los pueblos y comunidades. Por lo anterior, se augura un modelo privatizador en los propios territorios que históricamente han sido resguardados mediante milpas y proyectos frutales que han sido un bastión para la supervivencia de las sociedades agrarias complejas en si mismas durante el México actual.
El tramo impuesto por estaciones Izamal, Kantunil, Chichén Itzá, Valladolid, El Tintal, y Cancún tendrá la atención particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, una secretaria de Estado que tiene una deuda histórica con las comunidades en completo abandono a partir de las deplorables vías de comunicación que han impedido verdaderas condiciones democráticas para el desarrollo de los actores centrales del tema que nos ocupa.
Las condiciones adversas de desnutrición, analfabetismo y deserción escolar entre otros que inciden en la gran movilidad migratoria a partir de las redes dominación local, solo reafirman las condiciones precarias de orden socio económico sino también un complejo escenario en la frontera sur que se ha visto sometido a partir del despliegue de las fuerzas armadas para opacar la resistencia de quienes pretenden defender sus territorios.
Sumado a lo anterior, nos queda claro que las distintas luchas sociales por los que se sustenta la transformación social del México actual, han tenido que ver con la clara responsiva de la sociedad frente al Estado ante la declaratoria de “La tierra no se vende, se ama y se defiende.
El futuro no parece ser prometedor, el derecho a la permanencia territorial está históricamente asociado a las disputas agroterritoriales de los distintos espacios de comuneros, ejidatarios e indígenas en donde el Estado ha pretendido socavar los sectores populares que han sabido tener una gran capacidad organizacional ante los embates del neoliberalismo.
Basta mencionar el caso de la emergencia sanitaria y de seguridad nacional como las mineras a cielo abierto, las empresas transnacionales mediante el uso del fracking en la Sierra Norte de Puebla, la imposición del Aeropuerto Internacional en San Salvador Atenco, el desgaste hídrico en poder de refresqueras y de plantas hidroeléctricas, el uso de las semillas de domesticación transgénica, la privatización hídrica de la Parota y otros sucesos más entre los que se destaca la tala clandestina en distintos espacios geográficos del país.
Estos paralelismos, representan no solo una afrenta contra los pueblos de México sino contra la dignidad de sociedades andinas, tribales, amazónicos, afro indígenas en América Latina frente a un proceso civilizatorio que a partir del expansionismo y la des territorialidad, amenaza no solo la permanencia de estos pueblos sino del equilibrio sistémico del orbe.
*Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
(ICSHU-UAEH)
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