Monterrey.- La Comisión encabezada por Julián Carrillo en su reporte del 11 de agosto de 1922 proponía al Secretario de Educación Pública Vasconcelos que: “Es urgente que el C. Presidente de la República y las Cámaras se sirvan declarar la propiedad del Himno Nacional Mexicano”.
Pasaron veinte años y con la guerra encima, el Estado se dio cuenta que no tenía la propiedad del Himno Nacional. La Comisión se encontró con que el canto patrio ya estaba registrado desde 1909 por la Casa Wagner fundada desde 1851 por los alemanes Wagner y Levien.
El gobierno de Ávila Camacho hizo el reclamo a la Casa Wagner y ésta llegó a un arreglo amistoso, aunque hay que decirlo, la declaración de Ávila Camacho de que la partitura encontrada era la versión oficial del Himno, repetía lo que ya decía el oficio 11792 del 28 de agosto de 1909 emitido por la Sección II del Departamento de Guerra del gobierno de Porfirio Díaz, que declaraba esa partitura como la versión oficial del Himno Nacional.
Los abogados del gobierno recomendaron al Presiente que para que el Estado Mexicano pudiera poseer legítimamente la propiedad del Himno Nacional, en justicia había que darle a los deudos o descendientes de González Bocanegra y Nunó el premio que se les escatimó en 1853.
Ávila Camacho entregó en el Despacho del Secretario de Educación Pública Octavio Véjar Vázquez a James y Mercedes Nunó Remington, hijos del autor de la música, la cantidad de 388 pesos aduciendo que ya le habían entregado la otra parte cuando se le compraron las partituras. A los deudos de Bocanegra se les entregaron 2 mil pesos de la moneda circulante en ese año, no en plata como se habían entregado a Nunó. El premio de dos mil pesos lo había establecido la Comisión desde 1922 debido a que las Convocatorias de la letra y de la música no especificaban el premio, menos el valor o especie que se entregaría. Ese mismo 1942 los restos de Bocanegra y Nunó fueron exhumados y depositados en la hoy “Rotonda de las Personas Ilustres.”
El 4 de mayo de 1943 Ávila Camacho promulgó el Decreto que contiene la Ley del Himno Nacional, que sufre cotidianamente de violaciones e incumplimientos, a cargo de políticos, Testigos de Jehová, artistas, y más. Una de las transgresiones más sonadas a esta Ley ocurrió en 1953 cuando Dámaso Pérez Prado hizo un arreglo de la música del Himno en son de mambo, por lo cual se aplicó el 33 constitucional, es decir, fue expulsado del país, aunque nunca se probó la veracidad de que esto haya ocurrido realmente. En el 2010, el músico Fernando Rivera Calderón realizó una versión a ritmo de cumbia, su presentación fue en el teatro-bar “El vicio” de la Ciudad de México (como parte de su espectáculo “La Venida de los Insurgentes”). Varios agentes de Gobernación le entregaron un escrito advirtiéndole 36 horas de arresto; los agentes tuvieron que escuchar la música de la cumbia pero sin la letra. Los organizadores advirtieron al público que por favor no lo cantaran; la banda que lo tocó pagó la multa correspondiente.