La obsesión
Ernesto Hernández Norzagaray
La acusación que pesa sobre el rector Madueña Molina y Robespierre Lizárraga, abogado general de la UAS, es por el presunto delito de abuso de autoridad, por haber impedido que miembros de la Auditoría Superior del Estado realizara una investigación de los recursos que el gobierno del Estado entrega a la institución universitaria.
Hay que establecer que la UAS recibe regularmente aportaciones de la Federación, del gobierno del estado y los recursos que genera la propia institución, en el marco de su autonomía.
La UAS ha dicho que el gobierno del Estado no tiene competencias legales para auditar el recurso federal, ya que es la Auditoría Superior de la Federación a la que le compete revisar el uso del financiamiento que le otorga; además, la Auditoría Superior del Estado no puede auditarla, porque en 2022 no recibió aportaciones del gobierno estatal; y en cuanto a los recursos propios, estos son auditados por el Rectoría y la Contraloría interna, en el marco de su autonomía.
Los fiscales del gobierno del Estado, por su parte argumentan “que cuando los recursos no están etiquetados, y aunque provengan de la Federación, el gobierno estatal tiene la facultad de utilizar esos recursos a discreción (sic) y por ello, es que la ASE tiene la facultad de auditarlos”, sin soportar jurídicamente esta afirmación; además, agregan que la UAS sí ha recibido dinero del gobierno del Estado y prueba de ello son los 2 mil 500 millones de pesos de la federación y, también estaría “la solicitud y evidencia del pago de un préstamo que firmó el propio Rector Madueña Molina” que está claro es un préstamo pagado.
Ante esta acometida de la Fiscalía del Gobierno del Estado procesada por el juez de control, los abogados de la UAS presentaron dos amparos que impiden realizar esa auditoría a la UAS, los mismos que fueron desechados y, Salazar Gastélum, vinculó a proceso a Madueña Molina, estableciéndole medidas cautelares, lo que abre un espacio para abundar la investigación de la Fiscalía.
Así mismo, el juez concedió a esta un periodo de tres meses y regresar a la audiencia intermedia el 21 de noviembre.
En resumen, esto es lo que aconteció en la maratónica sesión del lunes antepasado, que se celebró en la sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro.
La defensa de la UAS, a primera vista ha sido más consistente que la Fiscalía, siguiendo a pie juntillas lo que la ley otorga a las universidades públicas en el marco de su autonomía y, prueba de ello, son los innumerables amparos que se le han otorgado a los universitarios y los dos que mencionó la defensa y que mantienen en suspenso la legalidad de la auditoria que pretende hacer la ASE a la máxima casa de estudios de los sinaloenses.
Si no fuera así, los triunfos legales estarían del otro lado, lo cual no está en esa dirección y es por eso por lo que los fiscales se saltan el suspenso en que están las decisiones de los jueces federales en materia de competencias y autonomía.
No hay que olvidar que este problema se originó cuando el Congreso del Estado votó mayoritariamente la versión local de la Ley General de Educación Superior y en esa “armonización” constitucional lesionaba la autonomía de las tres universidades públicas del Estado, aunque, con una clara dedicatoria para la UAS, la que inmediatamente acusó de recibido e inició la defensa legal de la institución.
Ante las derrotas legales del Congreso del Estado llevaron a tener en suspenso la reforma a la ley orgánica de la UAS y la estrategia gubernamental dio un giro mediático, poniendo el énfasis en presuntos actos corruptos de funcionarios universitarios buscando ablandar al grupo dirigente universitario; sin embargo, la Universidad siguió en la estrategia de defensa jurídica, sin entrar todavía a los señalamientos de corrupción que es materia de otra audiencia y donde se deberán deslindar responsabilidades.
Y eso ha llevado a que la Fiscalía busque acelerar el proceso a través del juez Salazar Gastélum y acorde a las necesidades de un calendario antes que jurídico, político, ya que si fuera estrictamente jurídico estaría a la espera de lo que resolviera el juez federal en materia de competencias y autonomía universitaria.
Las muestras de apoyo al Rector Madueña Molina, y al abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga, han sido masivas, espectaculares y emotivas, tanto en la calle, como sucedió el pasado 1 de mayo, como en los plantones sostenidos los días de audiencia en los accesos a la sede judicial.
Ambos son una buena muestra de la capacidad de movilización de los universitarios, y si lo vinculamos a las palabras del Rector Madueña, que convoca a la comunidad universitaria para “tomar las armas” y salir a defender la autonomía, está optando por combinar la vía jurídica con la política y es de esperar que en las próximas días, semanas y meses la movilización serán la constante, como sucedió durante aquellos seis meses de lucha contra el gobierno de Toledo Corro, que buscaba lesionar la integridad universitaria.
Y eso podría significar empatar con otros sectores agraviados y, sobre todo, con el proceso electoral concurrente que en mes y medio estará en marcha, y llama ya a alianzas con actores sociales y políticos, y una de ellas es con el PAS, que ha roto la relación con Morena, o viceversa Morena con el PAS, y ahora está la cercanía de Héctor Melesio con liderazgos nacionales del Frente Amplio por México, en clave de la regla virtuosa de que política es suma.
En definitiva, los acontecimientos de esta semana demuestran que la obsesión autocrática que domina el tercer piso de gobierno ha llegado al punto más alto, desdeñando la fase procesal federal y, sobre todo, la política para conciliar y animar una transición tersa en la máxima casa de estudios; y esa ausencia democrática prepara la hoguera para encender más la llama de la discordia, el encono, la confrontación y el desaliento dentro y fuera de la Universidad.
Por eso, y más, la prudencia llama a parar la embestida y sentarse a dialogar las partes y evitar desbordar esta disputa por el control de la UAS.
Al tiempo.