La reforma al Poder Judicial va
Filiberto Pinelo Sansores

Mérida.- La derecha está haciendo circo maroma y teatro para evitar que se aplique la reforma al Poder Judicial. La cabeza visible de la estrategia para lograrlo es la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña.

Durante el sexenio anterior ella y los otros siete ministros que la siguen se la pasaron jalándole los pelos al tigre. Fallos en contra de leyes aprobadas por el Congreso que tenían el propósito de beneficiar al pueblo, porque afectaban los intereses de monopolios extranjeros, como en el caso de la reforma eléctrica, para revertirlas; maniobras para proteger a magnates que acostumbran evadir impuestos, como en el caso de Salinas Pliego; protección a jueces y magistrados que liberan a peligrosos delincuentes, sobre todo, los fines de semana, y de los que hay abundantes ejemplos.

Hechos que eran, claro está, puntualmente, denunciados. Por eso cuando, finalmente, el presidente López Obrador, dijo basta y expuso ante el pueblo la necesidad de hacer una reforma para transformarlo en una instancia que realmente imparta justicia, este lo apoyó. Es innegable que la inmensa mayoría de los mexicanos está a favor de la reforma y que es una minoría la que se opone. Desde que el 5 de febrero de este año, envió al Congreso el paquete de iniciativas entre las cuales estaba esta, empezó su discusión.

Y cuando en su momento, la candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum, y los candidatos de su misma coalición, Morena, Verde y PT, a diputados federales y senadores, hicieron de este tema el leitmotiv de sus campañas pidiendo a los asistentes a sus concentraciones que manifestaran si estaban de acuerdo, o no, en que se hiciera. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Por el contrario, la candidata del Prian, Xóchitl Gálvez y los candidatos de este se manifestaron siempre en contra y, en buena medida, por eso fueron derrotados.

La elección, en consecuencia, quiérase o no, fue un referéndum sobre el asunto. Más de 36 millones de mexicanos, la votación más alta que haya tenido un presidente electo en la historia, estuvieron a favor de la reforma al poder judicial de la federación, mientras 16 millones 502 mil 697 del Prian y 6.2 millones de Movimiento Ciudadano, estuvieron en contra. Por lo tanto, es inobjetable que fue la absoluta mayoría de quienes participaron en las elecciones los que se manifestaron en favor de la reforma.

En estas condiciones, la reforma fue discutida y votada en las dos cámaras del Congreso de la Unión –en ambas aprobada por mayorías calificadas– y ratificada por más de los 17 congresos estatales que exige nuestra Carta Magna y, como paso final, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre pasado, por lo que ya forma parte de la máxima ley del país.

Sin embargo, la derecha, dentro de la cual se encuentran pequeños ejércitos de políticos, comentócratas, empresarios, dirigentes partidarios, está ejerciendo su derecho al pataleo, porque no tiene manera de revertirla pues carece de recursos legales para ello, por más que haga ruido a través de la manipulación de grupos de trabajadores del poder judicial que no tienen vela en el entierro pues los derechos de ellos están a salvo.

Es inútil que la realidad ponga frente a los ojos de los siete ministros que acompañan a Norma Piña –y de esta misma– en su loca aventura de querer impedir el palo dado, y le haga ver que no tiene recursos para echarla atrás.

La Constitución es muy clara al respecto. Su artículo 135 dice textualmente lo que sigue: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.

Por lo tanto, la Corte no tiene atribuciones para declarar inconstitucional una reforma a la Constitución en cuya aprobación fueron cubiertos, cuidadosamente, todos los pasos que esta misma ordena; menos para desecharla por no estar de acuerdo con su contenido, pues se estaría atribuyendo facultades del poder constituyente permanente de la república. Este es el que está integrado por las dos terceras partes de cada cámara del poder legislativo del país y por un mínimo de 17 legislaturas estatales. Intentarlo es querer dar un golpe de estado atribuyéndose ser poder supremo.

No tiene futuro lo que el cartel de la toga y sus aliados están intentando para impedir que se concrete la voluntad del pueblo. Están practicando toda suerte de chicanas acompañados de lo que, presumen, es una gran presión: la huelga de hecho de los empleados del Poder Judicial que llevan ya 42 días sin trabajar –pero, eso sí, cobrando sus sueldos– con grandes perjuicios para miles de justiciables cuyos procesos, de por sí lentos, ahora se retrasarán más, a los que movilizan y llevan a realizar actos vandálicos como la toma violenta del senado e irrupciones en congresos estatales para impedir antidemocráticamente el proceso de aprobación.

Antes, jueces y magistrados intentaron echarla abajo otorgándose amparos entre ellos, demostrando así que muchos juzgadores –no podemos decir que todos– carecen de elemental preparación para el puesto que ocupan, pese a lo que frecuentemente afirman, porque si lo estuvieran, sabrían que el artículo 61 de la Ley de Amparo, dice, textualmente que: “El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos…” Entonces, ¿a qué le tiran?

Un adversario de renombre de la reforma, Diego Valadés, reconoció el pasado sábado 5, en su cuenta de X (antes tuiter), lo siguiente: “Se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso, y pasó. En su momento, la combatí. La salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional NO es impugnable”. Debería la derecha escucharlo.