LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
¿Cómo evaluar los proyectos de gobierno?
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- La toma de decisiones en el gobierno tiene que hacerse de cara a los ciudadanos. A pesar de que en los tres niveles o ámbitos de gobierno las leyes obligan a la presentación de un plan de gobierno, muchas de las decisiones y proyectos aparecen aislados, sin articulación.

Los proyectos de inversión pública, a los que se destinan fuertes cantidades de los fondos públicos y que con frecuencia se traducen en pesado endeudamiento, son los que mayor interés despiertan.

Usualmente, en la presentación de los proyectos por parte del gobierno, se da por sentado que la solución que se propone es la única viable. Cuando lo recomendable es explicar cómo se llegó a esa decisión y cuáles otras alternativas se ponderaron.

El problema a solucionar se plantea de manera muy simple; como si la información básica estuviera en manos de todos y que los beneficios del proyecto fueran evidentes para todos. Con frecuencia no sucede así.

En el caso del agua en la ZMM, por ejemplo, la solución histórica ha sido la de traer más agua a la metrópoli. A partir de la construcción de presas. Sin embargo, el problema de la escasez de agua no es sólo de que las presas están vacías y de que el régimen de lluvias en la región es raquítico. Está también el crecimiento poblacional, el uso y abuso del agua disponible, el alto consumo de las industrias, la pérdida de agua por fugas y el deterioro de la red de distribución, la depredación de los cerros y montañas, la falta de reciclaje, el cambio climático, etc. Son múltiples los factores que inciden en el abasto suficiente de agua potable.
¿Cómo plantear las soluciones integrales que requieren los problemas complejos como el de la movilidad de las personas, la educación, la salud, la pobreza o el empleo, el de la inseguridad, el maltrato en los hogares, la desigualdad que afecta a las mujeres?

La propia estructura del gobierno propicia el enfoque aislado de los problemas. La creación de secretarías y organismos especializados con encargos diferenciados vuelve difícil una visión integrada de la función pública.

Viene al caso comentar que, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, los científicos norteamericanos que habían colaborado en el “esfuerzo de guerra” plantearon al gobierno la conveniencia de utilizar sus conocimientos para resolver los problemas de los civiles, ahora en la época de paz.

De allí se acuñó el concepto de “políticas públicas”. Esto es, las decisiones del gobierno sustentadas en el conocimiento científico y tecnológico.

Desde hace décadas, organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, desarrollaron métodos para calibrar el valor de las propuestas de los gobiernos para resolver problemas de diversa índole y, a partir de esa evaluación, decidir sobre su financiamiento.

En los métodos para evaluar los proyectos públicos se estableció el concepto de “rentabilidad social”, para decidir en qué y cómo invertir los recursos públicos, de tal forma que se lograra el mayor beneficio para la población. A diferencia de la “rentabilidad privada”, que se deriva en beneficio para los inversionistas.

En lo que se refiere a los hechos y proyectos de gobierno, el recurso académico “científico” para dilucidar su valor y certeza es la metodología asociada al concepto de políticas públicas.

Con esta metodología es posible evaluar las distintas opciones que se presentan ante un problema complejo. Lo primero es definir muy bien el problema, de tal forma que pueda ser manejable, ¿qué es lo que se quiere solucionar? ¿Se va a resolver el problema o sólo se va a ganar tiempo?

Lo segundo, que se disponga y se conozca la información relevante. Que sean datos “duros” verificables. Que los cálculos que se realizan sean de acceso al público con valor analítico. Rastrear las soluciones tomadas en el pasado. Incluir la opinión de especialistas críticos.

El siguiente paso es preguntarse: ¿se puede explicar o entender el “sistema” por el cual este problema se mantiene tal como está o se sigue desarrollando? En otras palabras ¿cuáles son las causas del problema y las alternativas de solución? ¿Sólo hay una alternativa?

Se deben establecer los criterios para medir o evaluar los resultados que se esperan. ¿Cuál va a ser el beneficio para la comunidad? ¿Quiénes van a salir perjudicados?

¿Cuál es la experiencia con proyectos o políticas similares o análogas? ¿Cómo se van a provechar las experiencias anteriores? ¿Realmente se va a lograr el resultado esperado, en el tiempo estimado?

Todas estas preguntas debieran ser contestadas en un lenguaje inteligible para la comunidad, antes de iniciar un proyecto público.
Convendría aplicar esta metodología para analizar los proyectos de gobierno.

Las otras preguntas recurrentes, que se hace la comunidad, dada las experiencias vividas, son del tipo: ¿cuál empresa o político va a salir beneficiado con el contrato de desarrollo del proyecto?

* Se consultó: Eugene Bardach (2004). Los ocho pasos para el análisis de las políticas públicas, México,CIDE, Miguel Ángel Porrúa.