LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La cultura electoral
Edilberto Cervantes Galván
En cada uno de estos procesos la cantidad de recursos económicos y el tiempo de atención de los ciudadanos que se invierten en los mismos alcanza magnitudes elevadas o muy significativas; si consideramos que la mitad de la población no tiene ingresos para solventar las necesidades básicas.
De acuerdo con las leyes que rigen las instituciones y los procesos electorales son recursos públicos los que en principio solventan las actuaciones de las instituciones electorales y de los partidos políticos. Con o sin procesos electorales las burocracias de los organismos electorales y las de los partidos políticos reciben un salario que se financia con presupuesto público. También se financia su presencia en los medios de comunicación con propaganda y mensajes institucionales, conforme a las normas que dicta el INE.
Una reciente estimación del INE sobre los recursos que requerirá para el próximo año llamó la atención por el alto volumen de lo solicitado. El tema hizo que se recordara el asunto del nivel de los sueldos de los consejeros del INE, quienes se ampararon hace años para que no se les equiparara el sueldo con el que devenga el Presidente de la República.
El costo de mantener a los organismos electorales y los partidos políticos es elevado en términos absolutos y si se compara con lo que se le destina en países de tamaño equivalente. Se argumenta que se trata de actividades de interés público.
Podría decirse que no hay que escatimar recursos económicos si con ello se garantizan procesos electorales pulcros e inobjetables. Pero no es así, las impugnaciones son una actividad intensa y recurrente en cada elección. Es toda una especialidad de los profesionales en derecho electoral la presentación de impugnaciones, la observancia de los plazos y la búsqueda de resoluciones de los tribunales electorales; estos últimos resuelven a veces cuando ya es extemporáneo o los hechos han sido consumados.
La actividad de los políticos es materia de observación y vigilancia de los organismos electorales. Es el INE el que determina el calendario electoral y de allí se crea la situación de que una presencia pública o una declaración de un político o política puede ser considerada como un acto anticipado de campaña. Incluso los intercambios verbales entre políticos pueden ser materia de sanción. Toda esta vigilancia de los actos y dichos de los políticos y de las políticas, que parece exagerada, también tiene costo.
Pero la vigilancia también se refiere a los partidos políticos y sus procesos internos. La reglamentación electoral determina la manera de elegir sus estructuras internas, así como la elección de sus candidatos a puestos de elección. Las reglas también determinan cuando procede un candidato de tal o cual género. También está el recurso de las impugnaciones cuando un precandidato considera que se han vulnerado sus derechos. Como si la única función de los partidos fuera lo electoral.
Cuando ya se dispone de candidatos de cada partido, la reglamentación electoral establece tiempos y normas para su actuación. La promoción de los candidatos se debe ajustar a dichas disposiciones. No es inusual que algún candidato encuentre un resquicio en los reglamentos para tomar ventaja. El uso de las encuestas de opinión es un recurso cada vez más generalizado, tanto para posicionar a aspirantes como a candidatos. También hay reglamentación de cómo se deben diseñar y levantar las encuestas. El uso de las encuestas y su financiamiento es un asunto que merece atención.
La promoción de la campaña de los candidatos también está sujeta a tiempos y normas cuyo cumplimiento vigila la autoridad electoral. Los recursos de promoción son muy variados y dependen del ingenio de los equipos de campaña. El financiamiento de las campañas es otro asunto que genera reclamos y acusaciones.
Y así, cada paso en las campañas, hasta el día de la votación, está regulado y vigilado en principio. El día de la votación es escenario de múltiples acciones; se han hecho famosos los recursos que emplean los partidos y candidatos para obtener votos o boletas a favor. Los recursos económicos que se aplican el día de la votación son cuantiosos. Sigue después el cómputo de los votos, otro asunto que ha provocado historias; desde cuando se cayó o calló el sistema, la pérdida o desaparición de paquetes electorales, hasta la manipulación de los sistemas de cómputo.
Si a todo lo anterior se agrega que en México, por lo menos en los últimos 30 años, en cada elección se aplica un marco legal distinto, son muy pocas las personas que realmente conocen con oportunidad las disposiciones de las leyes que rigen los procesos electorales.
Sucede que los instrumentos legales se aprueban y aplican al cuarto para las doce, sin que se sujeten a un proceso de prueba de factibilidad. Allí está el caso de los candidatos independientes; figura que se utilizó a nivel local y federal sin que la reglamentación correspondiente estuviera plenamente ratificada.
Esta inestabilidad o dinamismo en el marco legal electoral mexicano contrasta con lo que sucede en otros países; como en Estados Unidos o el Reino Unido, en donde la legislación se mantiene vigente desde hace décadas o más.
En el México político del siglo veinte era usual la preocupación por “perfeccionar el régimen democrático”; esa intención parece que se mantiene vigente en el siglo XXI. Sin embargo, el continuo cambio de las leyes electorales no ha ido acompañado por un cambio en la cultura política.
Al final de cuentas, todo este entramado electoral tiene su prueba de fuego en los resultados, en los ciudadanos que van a las urnas y votan. En los últimos años la asistencia a las urnas no va más allá del 60 por ciento del padrón electoral. En las elecciones presidenciales de 2018 participó un poco más de 63 por ciento. En Nuevo León en las elecciones de gobernador de 2021 votó un poco más del 50 por ciento.
¿Cómo hacer que los ciudadanos participen en las elecciones? ¿O cómo se mide la eficacia del sistema electoral?