LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Recuperar la educación: una reseña (II)
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- En la entrega anterior se presentó la primera parte de la reseña del libro: Educación: estrategias para la recuperación, de Gilberto Guevara Niebla y Adrián Acosta Silva.* Ahora se ofrece una segunda y última parte.

Para Eduardo Backhoff: “La educación, junto con la seguridad y la salud, es uno de los tres ámbitos públicos de mayor importancia para el desarrollo de cualquier país…es una tarea muy compleja que necesita de un buen diseño institucional…y un alto nivel de coordinación y gobernanza…así como de la participación activa de padres de familia y la sociedad civil organizada”. Define con precisión los distintos tipos de evaluación educativa. Comenta los resultados del estudio de la OCDE sobre la situación de la educación después de un año de pandemia y la encuesta que el INEGI levantó con el mismo propósito. Destaca la creación en 2019 de la Comisión Nacional para la Mejora Educativa, que sustituye en parte las funciones del INEE, con “un enfoque de tipo formativo más que sumativo”. Con la recién promulgada Ley General de Educación Superior se crea un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, mismo que se interrelacionará con el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

El especialista Claudio Rama Vitale se enfoca en lo que denomina el cambio de paradigma de los procesos educativos, en el que incluye la irrupción de las tecnologías digitales y el modelo híbrido. Concentra su atención en la educación superior y la modalidad a distancia. “La universidad compleja que propendía a ofertar en todos los campos no tiene viabilidad, y todas las instituciones, aún las más grandes, meramente cubren algunos nichos”. El nuevo paradigma implica la “ruptura del aula cerrada”, diversos ambientes de aprendizaje, currículos, pedagogías, la enseñanza en red, las competencias y la pertinencia con respecto al mundo laboral. La educación híbrida implica una nueva educación, con formas de gestión más complejas. Los sistemas de educación superior serán más diferenciados y diversificados, nuevas modalidades con articulación entre las mismas, expansión disciplinaria, con formas interdisciplinarias o transdisciplinarias. Se apega al concepto de paradigma definido por Thomas S. Kuhn.

Adrián Acosta Silva analiza lo que denomina desafíos de la gobernanza de las instituciones de educación superior. Su argumento central es que existe un orden a nivel subnacional (entidades federativas), pero no existe un verdadero sistema nacional de educación superior. Lo que existe es: “un mapa de islas, atolones y rocas institucionales que actúan cada una por su cuenta”. Se padece un déficit de gobernanza con incoherencias y contradicciones entre los instrumentos normativos y financieros. Las políticas públicas federales son traducidas de modo diferente en las “escalas locales”. Califica los instrumentos legales, como la ley para la coordinación de la educación superior (1978), el sistema nacional de planeación permanente de la educación superior (1979), la obligatoriedad de la educación superior (2020) y la nueva Ley General de Educación Superior, como: esfuerzos burocrático administrativos que no abordan la dimensión política ni la de las políticas públicas. Prevé que el grupo poblacional de 18 a 22 años tendrá un crecimiento lento en la próxima década (15.1 millones) lo que permitirá elevar hacia el 2030 la cobertura a un 60 por ciento (contra 40 en la actualidad). Considera positivo la reciente creación del Fondo Nacional de Educación Superior (LGES 2021). No le dedica ningún espacio al papel y actuación de los gobiernos estatales en sus relaciones con las IES públicas y privadas. Llama la atención también que no haga ninguna mención al papel histórico que ha jugado la ANUIES en la definición de políticas, estrategias y programas de las universidades públicas.

La investigadora María de Ibarrola aborda el tema de la relación entre la educación y el trabajo. Considera como educación orientada al trabajo la que se realizaba en las secundarias técnicas, la de “técnico medio” que desarrolla el Conalep, la de “técnico superior universitario” en las Universidades Tecnológicas y la “formación profesional” en las instituciones de educación superior. Considera positivo el “modelo mexicano” de formación dual, aunque con alcances reducidos. Señala la precariedad en el equipamiento de talleres y laboratorios. Considera que la pandemia significó “un golpe seco” a las escuelas de todos los tipos y niveles. Plantea que en el futuro la relación entre educación y trabajo tendrá que incorporar la “literacidad digital”: con formas distintas de escribir, recibir, conservar y enviar información; el dominio de varios tipos de competencias (entre ellas las socioemocionales) y la certificación de conocimiento adquirido por muy diversas vías. Habrá cambios en lo que ha sido la rutina escolar, como la rigidez de los horarios, la asistencia obligatoria a clases, la selección y secuenciación de contenidos, nuevos criterios de pertinencia y calidad y en la preparación y rol de los maestros. Se tendrán que replantear las tareas asociadas a la mujer (las de cuidado, el hogar, la educación de la primera infancia) y su reconocimiento profesional, con mejores calificaciones y remuneraciones.

El doctor Marco Antonio Fernández y la investigadora Laura Nohemí Arreola se ocupan de revisar la situación del presupuesto destinado a la educación. Señalan, de entrada, que las autoridades educativas (federales y estatales) carecen de un enfoque de equidad y transparencia que haga uso de la evidencia. Consideran que los recursos que se están destinando a la educación no serán suficientes para cumplir con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para el año 2030 de “garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes”, eliminando las disparidades de género y dando atención a las personas con discapacidad. El artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el monto anual que la federación, los gobiernos estatales y los municipales, deben destinar a la educación no debe ser menor del 8 por ciento del PIB. El monto anual está por debajo de ese porcentaje. El gran financiador de la educación es el Gobierno Federal que aporta 8 de cada 10 pesos de lo que se destina a la educación. La distribución del presupuesto muestra marcadas diferencias por alumno y entidad; entre los estados con mayor marginación social y los estados con mejores condiciones socio-económicas. Antes de la pandemia el sistema educativo no producía resultados de aprendizaje de calidad para la mayoría de los estudiantes; la pandemia vino a profundizar esa problemática.

El investigador Germán Álvarez Mendiola analiza la relación entre la investigación educativa y la toma de decisiones políticas en la materia. Las interacciones entre los dos ámbitos muestran una extensa y complicada trama de relaciones. “Es común que los políticos y tomadores de decisiones tengan grupos de investigación e investigadores “favoritos”, lo que excluye a otros investigadores”. En los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox, por ejemplo, participaron investigadores del Centro de Estudios Educativos y del DIE del IPN, en calidad de funcionarios. Calderón se apoya en el SNTE y se crean Suma por la Educación, Mexicanos Primero y México Evalúa. Con Peña Nieto se incorporan de nuevo investigadores, se le otorga autonomía al INEE y la OCDE y Mexicanos Primero tienen influencia: Se hace un “uso político de la evaluación para golpear al sindicato y a la CNTE” Se han creado unidades de investigación en muchas secretarías de educación estatales. Llama la atención que no se aborda el tema del desarrollo de la investigación educativa y la toma de decisiones en el sector de la educación privado.

* Guevara Niebla, Gilberto y Adrián Acosta Silva (coords.) (2021), Educación: estrategias para la recuperación, Universidad de Guadalajara, 2021, 310 pp.