La “curvita” del hermano Rubén
Ernesto Hernández Norzagaray
En la visita, de hace días al estado de los once ríos, Rocha Moya dijo en voz alta que alguna vez habría pedido en privado al presidente López Obrador que buscara la manera de reelegirse y para ello, hoy lo dice en público, buscar beisbolísticamente hablando una “curvita” para evitar aquel postulado maderista que está tatuada en nuestros ordenamientos constitucionales y electorales, exclusiva para la figura presidencial: “Sufragio Efectivo, no Reelección”.
Esta descortesía para Claudia Sheinbaum seguramente no fue del agrado de la candidata presidencial porque ella ya lo es oficialmente de la coalición electoral “Sigamos haciendo historia” y, para cuando aparezca este artículo, ya habrá mostrado su músculo en el plural zócalo de la Ciudad de México y demostrado que no hay espacio para este tipo de imprudencias políticas y muestras de admiración públicas.
Salvo, claro, que haya sido un pedido del propio presidente, para llamar la atención y darle vuelo al tema de la reelección que sirva de humo en una semana donde volvió a agarrar impulso aquello de la etiqueta #narcopresidenteAMLO con la publicación de un reportaje del “pasquín inmundo”, The New York Times, que habría involucrado a “aliados e hijos” lo que bateo durante varios días.
Y es que, el tema de la violencia brutal, de los grupos del crimen organizado y su protagonismo electoral será, sin duda, podría ser para bien o para mal el incentivo que habrá de influir en la participación ciudadana en este proceso electoral que involucra más de 20 mil cargos de elección popular los cuales deberán resolverse con el voto de la mayor parte de los más de 100 millones ciudadanos que están en la lista nominal y serán convocados a votar el próximo 2 de junio.
Es más, el crimen organizado ya está aquí, con toda su coacción violenta. Al momento de escribir de este artículo ya son 14 aspirantes a un cargo de elección popular que han sido asesinados y lo más recientes, son los de Miguel Ángel Zavala Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del PAN, ambos aspirantes a la alcaldía de la “piedra preciosa” de Maravatío en el estado de Michoacán que fueron sacrificados en las calles de la ciudad que aspiraban gobernar.
Y no es todo. Un ejercicio de investigación realizado por el diario Milenio con base a los datos de la secretaria de la Defensa Nacional y los distritos electorales federales permitió identificar 40 d ellos como de alto riesgo y considerando que son 300 en total, prácticamente es el 15% de toda la lista nominal.
Ahora bien, siguiendo la proporcionalidad de la población en edad de votar de acuerdo con el diseño de los distritos estos serían aproximadamente15 millones de mexicanos los que estarán en el dilema del prisionero, es decir, que tendrán que decidir entre ir y no ir a votar por los riesgos que implica hacerlo y quizá no solo esa población dispersa en la geografía nacional.
Esto puede generar un serio de problema de gobernabilidad sí el sistema de seguridad nacional -que, no el INE, que solo tiene competencias administrativas- no da las garantías para que los partidos y candidatos puedan hacer campaña y los ciudadanos salir a votar libremente.
Y es que, aunque suene duro, durísimo, lo que está en juego en el terreno es la disputa del poder que están ejerciendo los criminales al Estado mexicano y es que, la experiencia electoral de 2021 demuestra, que cada uno, de los cárteles y grupos criminales, quieren influir en el desenlace de los estados y municipios bajo su control, es decir, son actores antisistema que buscan conquistar o conservar el poder que ya detentan de facto.
Espero equivocarme que los asesinatos de Maravatío y, antes los ocurridos en otras regiones, podrían ser la antesala de una serie de acontecimientos que ponen en riesgo la vida de no solo de miles de candidatos y candidatas, sino la capacidad institucional para que estas elecciones se lleven a cabo con tranquilidad sin que esta situación se salga de control y obligue, si obligue, a declarar un Estado de excepción total o parcial previsto en el artículo 29 constitucional que establece lo siguiente:
“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.
Y está la hipótesis terrible que regionalmente se perfila cuando el INE dice que no le toca atender temas de seguridad, la fiscalía general de la República no actúa de oficio, las fiscalías estatales son oficialías de parte y el sistema de seguridad nacional (ejercito, marina, guardia nacional, policías estatales y municipales) no puede contener la actuación del crimen organizado.
Entonces, volviendo a quien el presidente López Obrador identifica como hermano, habría que decir que si las condiciones tienden a empeorar hasta un punto donde sea imposible revertir la tendencia estaría dada la “curvita” para que Andrés Manuel conserve el poder.
Esperemos, repito, estar equivocado y sobredimensionando el factor violento que ha empezado y ya provocó muertes, renuncias de aspirantes y, seguramente, quitó el sueño a otros que siguen deshojando la margarita entre participar y no participar como ahora sucede con los habitantes de Maravatío o Fresnillo, donde el 99 por ciento ha declarado tener un sentimiento de inseguridad.