Mérida.- Donald Trump quedó ensartado en su estaca cuando dispuso declarar terroristas a los cárteles del crimen organizado, como una estrategia para combatirlos sin consideraciones de respeto a la soberanía de los países donde se encuentren. No pensó o le valió madre que esos cárteles se surtan de armas en armerías de Estados Unidos y que en consecuencia, tenga que considerarse a estas parte del terrorismo que dice combatir.
No es posible catalogar como terroristas a unos bandidos considerados peligrosos en grado sumo para el país que se preside y al mismo tiempo hacerse de la vista gorda con quienes los proveen de las bombas, los rifles de asalto, los cuernos de chivo, etc., necesarios para tener éxito en su macabra labor. En consecuencia, el siguiente paso que debería dar el magnate convertido en presidente es declarar también terroristas a sus amigos, los empresarios de las armas que los proveen de ellas.
Dudamos que lo haga. Porque lo que busca no es exterminar a las bandas de narcotraficantes sino hacer uso de su existencia -altamente inducida por el inmenso consumo de drogas que caracteriza a la Potencia del Norte- para extorsionar a nuestro país -donde gracias a la podredumbre del Prian, estos grupos crecieron-, blandiendo la amenaza de invadirlo disque para exterminarlas, tratando de que por miedo a eso nuestro país ceda soberanía y se pliegue a los caprichos del patán. La suya es una política de matón de cantina que practica con el fin de ver si pega.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 70 por ciento de las 200 mil armas que cada año ingresan ilegalmente a México son fabricadas en Estados Unidos y aunque el restante 30 por ciento es de fabricación europea, 87 por ciento de estas pasa por algún distribuidor estadunidense; es decir, prácticamente la totalidad del armamento introducido en México mediante contrabando proviene de nuestro vecino del norte.
El arsenal ingresa, en su mayor parte, a través de la frontera con Texas, estado donde están casi 6 mil de las casi 10 mil armerías existentes en las cuatro entidades que comparten frontera con México que son, además de la señalada, California, Nuevo México y Arizona. Estas son las causantes de tantas muertes en nuestro país. El gobierno mexicano demandó desde hace cuatro años a varias de esas armerías por estar demostrado que rifles de asalto y otras mortíferas armas que causan decenas de miles de muertes en México salieron de sus negocios sin ningún control.
México no es victimario sino también víctima del terrible cáncer que corroe el alma de nuestro vecino del Norte, constituido por la adicción a las drogas de buena parte de su juventud -sobre todo, al fentanilo- que según datos estadísticos, cada año cobran más de 100 mil vidas en aquel país. Pero mientras en el nuestro se hace todo lo que está de su parte para combatir a los traficantes, en Estados Unidos se los ayuda proveyéndolos del más moderno y mortífero armamento con que asesinan a soldados y policías que los combaten en México.
En aquel país no se hace el esfuerzo suficiente para perseguir a los distribuidores de estupefacientes ni mucho menos a los lavadores de las enormes cantidades de dinero sucio que tal negocio deja. Toda la bulla la hacen las policías de Estados Unidos en torno a las bandas de narcos que envían las drogas desde el extranjero; pero callan sobre qué están haciendo o dejado de hacer contra quienes las distribuyen en las calles de su país. Porque las drogas no se distribuyen solas, tiene que haber quien lo haga.
Así mismo, son decenas de miles de millones de dólares los que deja el negocio sin que se sepa qué pasa con ellos. A dónde va ese dinero. Cuánto de él es blanqueado por el sistema bancario estadounidense. Cuántos delincuentes de cuello blanco, eufemísticamente, llamados hombres de negocios han sido detenidos. No hay banqueros en la cárcel por practicar esta labor que es obvio tiene que existir porque el dinero que el narco produce es enorme y necesita lavarse para poder ser usado en negocios “limpios” y completar el ciclo que lleva al enriquecimiento de quienes están inmiscuidos en él.
A lo anterior hay que agregar que mientras en México hay programas contra las drogas dirigidos principalmente a su juventud y se estimula la costumbre mexicana de no abandonar a los jóvenes al cumplir determinada edad, sino tratar de mantenerlos en el entorno familiar para ayudarlos y protegerlos, en Estados Unidos, por el contrario, a cierta edad se les abandona a su suerte y se les deja caer en las garras de las adicciones en la circunstancia de que ahí no hay programas masivos en los medios que los orienten acerca del terrible daño que las drogas causan.
Agradecido debería estar el gobierno yanqui del esfuerzo que está haciendo México para combatir un flagelo que lo azota en circunstancias que no son las más propicias para hacerlo ya que en lugar de agradecer la ayuda de su vecino el presidente yanqui está dedicado a amenazarlo con aranceles e invasiones.
Mientras en México se redoblan esfuerzos para evitar que se produzcan estupefacientes cuyo destino final es el territorio de nuestro vecino del norte invirtiendo vastos recursos en su combate, en el país de Trump son nulos los esfuerzos por combatir realmente el problema de raíz que es la adicción a los estupefacientes, de buena parte de su sociedad, adquirida en buena medida por el trauma que causa en ella el inculcar a sus jóvenes, antivalores como son los de desatar guerras por todo el mundo a que tan afectos son los gobernantes de ese país en su relación con los demás.
Ni el gobierno ni el pueblo de México estamos dispuestos a permitir que las acciones del convicto que ocupa la silla principal de la Casa Blanca vayan más allá de los límites que impone el respeto a nuestra soberanía. Los mexicanos no somos guerreristas pero tampoco dejados. Con Claudia Sheinbaum como presidenta y los mexicanos unidos todos, Donald Trump no pasará.