Monterrey.- Han pasado 18 años desde que, en 2007, uno de los gobiernos del Prian, el de Felipe Calderón, cambió la ley de ISSSTE para terminar con el sistema de pensiones solidario que existía y sustituirlo por el de cuentas individualizadas -léase Afores- que obligó a que a partir de esa fecha todos los servidores público federales, incluyendo los de la educación, se pensionaran según las cantidades que individualmente hubieran ahorrado después de pagarle a su Afore la correspondiente comisión por administrar su fondo.
El sistema de las Afores fue introducida en México por el corrupto y entreguista presidente Ernesto Zedillo en 1997 quien dispuso que los trabajadores del apartado A, del artículo 123 de la Constitución del país, los que cotizan al IMSS, fueran las primeras víctimas del bestial atraco.
Este sistema se caracteriza porque sus pensiones no están garantizadas como las que contemplaba el mecanismo anterior, sino dependen de la especulación de los dueños de las empresas privadas que prestan el “servicio”. Comparado con el derogado puede decirse que se trató de una brutal puñalada a todos los trabajadores del país asestada por el Prian.
Cuando en 2007 tocó el turno a los trabajadores del estado, quienes estaban en servicio tuvieron el derecho de escoger entre el nuevo y el anterior sistema y, la inmensa mayoría, optó por este. La figura a que se acogieron para seguirse jubilando con la ley que se derogaba se denominó Décimo Transitorio. Las condiciones de jubilación de esa ley son las siguientes:
El monto de la pensión es “el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento”, artículo 64. El sueldo básico se integra con “el sueldo presupuestal, el sobresueldo y una compensación de la que más adelante se habla”, artículo 15, primer párrafo. Al sueldo básico le será descontada una cuota “hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general”, que es la aportación del trabajador, artículo 15, sexto párrafo.
Es por eso que, con esta ley, la pensión máxima que el trabajador del estado federal recibe no puede rebasar el tope de 10 salarios mínimos diarios. No se piense, sin embargo, que esa ley dice que los aumentos anuales de los ya pensionados deben calcularse también en salarios mínimos.
El artículo 57 de la misma dice, en su tercer párrafo: “La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año”.
Y en su cuarto párrafo, señala: “En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos”.
Nunca, en consecuencia, estas pensiones han aumentado en salarios mínimos, como algunos difunden.
Cuando en 2016, en el gobierno de Peña Nieto, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para sustituir a los salarios mínimos en la fijación de las cuotas y tarifas que cobra el gobierno, no fueron sustituidos los salarios mínimos en el artículo 57 sino quedó el mismo sistema de cálculo pues la UMA no es otra cosa que la inflación del año previo.
Quienes no se salvaron de la aplanadora neoliberal que desde Salinas de Gortari llegó al poder fueron los trabajadores del estado -incluidos maestros- que comenzaron a laborar al día siguiente de que el Prian -encabezado entonces por el narco presidente Felipe Calderón- aprobara la nueva ley del Issste porque esta los mandó al infierno de las Afores, invento de la maquinaria de ladrones hecha gobierno para esquilmar a los trabajadores y fuente de negocios de unos cuantos mega empresarios que enriquecen sus alforjas con pensiones miserables a aquellos.
Mientras con el sistema anterior los trabajadores se jubilaban con cantidades que podían ser 100 por ciento de su sueldo básico; en el sistema de las Afores la tasa de reemplazo, es decir, la cantidad máxima a que puede aspirar el trabajador al jubilarse no rebasa el 30 por ciento de su sueldo.
Desde el anterior gobierno, el de AMLO, se han hecho esfuerzos para resarcir los daños que este tipo de pensiones causan en los trabajadores en general, tanto los del IMSS como los del ISSSTE. Primero un cambio legal para que las Afores disminuyeran el porcentaje que cobran de comisión por “administrar” el dinero y que el patrón aumentara, paulatinamente, del 5 al 13 por ciento, su aportación.
Después otro mediante la cual se creó un fondo para acumular recursos provenientes de distintas fuentes del gobierno destinados también a mejorar estas pensiones.
No debe echarse en saco roto que las pensiones del Bienestar para los adultos mayores, en la actualidad de $ 6,200 bimestrales, también benefician a los jubilados de IMSS e Issste.
O sea, que los gobiernos de la 4T están haciendo esfuerzos por resolver un problema que no fue creado por ellos sino por los gobiernos neoliberales cuyos herederos se relamen hoy los bigotes de gusto porque miles de trabajadores de la educación, convocados por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) -y no obstante que la presidenta ha aceptado algunas de sus condiciones, como retirar una iniciativa que no tocaba el tema sino otros, como el relativo a los cobros impagables del Fovissste, que perjudican a los derechohabientes- salen a las calles a exigir la derogación inmediata de la ley de Calderón so pena de que, de no ser así, habrá paros en las escuelas y otras acciones en contra de su gobierno.
Hay una gran disposición de la presidenta para sentarse a dialogar con los dirigentes magisteriales acerca de cómo continuar por el camino iniciado por el gobierno de AMLO de atender de la manera mejor posible los planteamientos justos de los trabajadores de la educación, tomando en cuenta que no se puede deshacer con una varita la podredumbre de tantos años.