Monterrey.- Las elecciones mexicanas tienen fama de ser las más caras del mundo y quizá con justificada razón.
Una parte importante de ese costo y que siempre olvidamos considerar, es el proceso de judicialización, que es la norma en las elecciones en los últimos años. Cualquier diferencia, cualquier duda, cualquier ataque entre candidatos inmediatamente se lleva a tribunales. Y tan se ha convertido en costumbre que los tiempos electorales se calculan considerando los tiempos de los procesos en tribunales. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué a pesar de todos los candados que se han puesto para las elecciones y de la creación de organismos autónomos que en un tiempo gozaron de gran credibilidad? Ahora todo se pone en duda, todo se lleva a tribunales.
Quizá necesitamos en México hacer una gran remodelación de la ley, una gran reconstrucción que nos permita que los procesos de transición sean más rápidos, más expeditos y, sobre todo, menos costosos.
El tema viene a colación por las recientes elecciones del Reino Unido, que pusieron fin a 14 años de gobiernos conservadores. Este jueves pasado, 4 de julio, hubo elecciones en Inglaterra. A resultas de ello, la mayoría la ganó el Partido Laborista.
Al día siguiente, 5 de julio, a las 5 de la tarde, el nuevo Primer Ministro laborista, Keir Starmer, estaba tomando posesión de la casa ubicada en el número 10 de Downing Street, que es la residencia oficial del Primer Ministro. Para el sábado 6 de julio, apenas 36 horas después de que se conoció el resultado de las elecciones, el Primer Ministro estaba trabajando y había nombrado ya a su gabinete completo, en donde destaca la presencia de un alto número de mujeres.
Comparemos esto con el proceso mexicano, lento, complicado y a pesar de todos los candados, indigno de confianza. Los resultados oficiales de las elecciones no se conocen el mismo día, sino sólo algunas aproximaciones que no son oficilales y que quedan en suspenso, a la espera de que se lleven a cabo los conteos legales, los cuales pueden iniciar el miércoles o jueves siguiente. Una vez que terminan los conteos, que pueden prolongarse varios días, es de uso que los candidatos o los partidos inconformes interpongan recursos legales que dilatarán la determinación final de quien ganó las elecciones. Se han dado casos en los que candidatos, ya con la constancia de ganador en la mano, pierdan su flamante cargo por orden de los tribunales, que, por supuesto, tienen tres instancias, cada una con sus tiempos normativos para resolver.
Una vez conocido el resultado oficial, se destina tiempo, personal y dinero al proceso de transición y se nombran pomposas comisiones para ello. Tales elegantes comisionados se sentirían muy frustrados si vivieran en el Reino Unido, donde no tendrían funciones, toda vez que un Primer Ministro, la cabeza del Gobierno federal británico, es capaz de tomar las riendas de la administración pública apenas 24 horas después de las elecciones.
También se sentirían muy frustrados los opinólogos, los columnistas y los expertos de café, que se verían sin materia para especular sobre la composición del próximo gabinete, porque el gabinete entero aparecería en funciones casi de inmediato, de manera que no habría materia sobre la cual elaborar complicadas teorías acerca de quién iría a tal o cual puesto.
Bien mirado, los que se deben preocupar son los legisladores mexicanos, enfrentados a la tarea de modificar nuestras leyes de tal manera que en cada elección, que no debe ser costosa, los nuevos funcionarios tomen posesión en forma inmediata y se pongan a trabajar, olvidándonos de la chismografía de café, de las grandilocuentes teorías que circulan en redes sociales y sobre todo, olvidándolos de los sabihondos opinólogos de ocasión.