Mazatlán.- Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, decidió ampararse ante un juez federal por una eventual detención con motivo de la negativa institucional a los inspectores de la Auditoria Superior del Estado (ASE) para abrir los archivos de la casa rosalina y que estos auditaran el manejo de los fondos producto de los ingresos propios. El juez octavo de lo federal le otorgó una suspensión provisional.
Estaría en el aire si esa instancia del gobierno estatal tiene competencias en un momento cuando está por definirse la constitucionalidad de la “armonización” de la Ley General de Educación Superior.
Y, por lo tanto, si tiene la ASE capacidad jurídica de auditar a las universidades públicas del estado, cuando esta lo realiza regularmente la Auditoria Superior de la Federación (ASE).
Madueña Molina, ha declarado que el 31 de marzo llegaron a su domicilio llegaron fiscales, policías y hasta soldados para cumplimentar una orden de arresto lo que de haber sucedido sería una desmesura siendo el rector de la máxima casa de estudios, es decir, una de las figuras públicas más relevantes del estado que debería significar alguna consideración.
Se podrá decir, ahora sí, “que la ley, es la ley” que “nadie puede estar por encima de ella” pero no estamos en un país nórdico que justificaría una aplicación de la ley expedita cuando existen casos, que demuestran lo contrario. Entonces, la máxima porfiriana de que a los enemigos la “ley simple y llana” y a los amigos “perdón y gracia”, es la que estaría aplicando el gobierno en Sinaloa. Y no hay que dar muchas vueltas para saber que es una posibilidad real dentro de la estrategia del gobierno lo que justifica la solicitud del amparo.
En el caso de la UAS hay una estrategia en curso donde se combinan los tres poderes del estado donde cada uno de ellos ha hecho su parte: El Ejecutivo rompiendo políticamente (y personal) con Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS; el Legislativo armonizando la Ley general con dedicatoria para la UAS y el Judicial, poniéndose al servicio de la ASE.
Un verdadero plan pinzas que busca acabar con el grupo de poder universitario y provocar un relevo político en la institución rosalina -y, subrayo, político, porque hasta ahora no hay un planteamiento académico.
Solo que las prisas nunca son buenas cuando hay un Estado de Derecho porque no se trata solo de lo que quiera una visión absolutista del poder, sino lo que pauten las leyes y la defensa que hagan los abogados de la UAS que, a mi juicio, lo están haciendo con compromiso, conocimiento, mesura y pasión.
Ya les tocará a las instancias competentes resolver sobre la legalidad de las reformas y las acciones judiciales puestas en operación.
Por lo pronto, los amparos tanto de decenas de universitarios y los del rector y su equipo jurídico, han tenido suspensiones provisionales lo que es una derrota técnica para Feliciano Castro, el líder de la Jucopo, y de la fracción morenista y aliados en el Congreso del Estado.
Falta que los ministros de la Suprema Corte se pronuncien sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por los abogados de la Universidad y ahí es, donde habrá de resolverse este conflicto que tiene mucho de político.
Pero, cualquiera que sea el sentido de la resolución de la Corte, que a mi juicio será en contra del Congreso local porque existe en la armonización de la Ley una clara interferencia del gobierno del Estado y, por lo tanto, es violatoria de la autonomía universitaria.
Y quizá por eso las prisas, se trataría de aplicar la máxima de “golpe dado, ni Dios lo quita” y se busca por la vía de los hechos crear un vacío institucional para en un escenario de inestabilidad sea el gobierno del Estado implemente una “solución de emergencia”.
Por eso el presunto intento de detención del rector Jesús Madueña si sucedió lo que tendría que aclararse, no es una balandronada, un intento de intimidar y meter miedo, va en serio, muy en serio, porque es parte de una estrategia destinada a crear las condiciones para promover a quienes “salvarían a la UAS”.
Afortunadamente, el equipo de defensa conoce la estrategia del gobierno y han puesto en operación la suya para no cometer errores y medir los tiempos como también las acciones jurídicas y políticas de cada momento y dejando como último recurso la movilización de los universitarios.
Es decir, haciendo un balance del conflicto Estado-Universidad, en lo jurídico la va perdiendo el Congreso del Estado y por eso la desesperación que busca la solución carcelaria antes de que las instancia judiciales se pronuncien sobre la constitucionalidad de la reforma; en lo político hay un impasse porque existe un acuerdo político, frágil, pero, finalmente acuerdo, que pasa por la Secretaria de Gobernación; el mediático, que con las revelaciones del diario Noroeste da elementos a la opinión pública que da peso a la denuncia y, finalmente, la social, habrá de visualizarse en el momento que sea el último recurso para la medición de fuerzas y que podría llevar a estallar el acuerdo político existente entre el obradorismo y el pasismo lo que es de pronósticos reservados teniendo enfrente la selección del candidato presidencial de Morena y la campaña que viene por los votos.
En definitiva, si ocurrió el intento de la detención del rector sería una clara muestra de cómo está escalando el conflicto y de la necesidad que existe en el gobierno por una salida abrupta para ganarlo al costo que sea y en esa forma, ver cumplido el propósito absolutista que orienta este gobierno de la 4T en Sinaloa, si no ocurrió como alega Feliciano Castro habría que leerlo en clave de estrategias de los actores en conflicto. Ya se sabrá.
Al tiempo.