A la memoria de Ceci Schobert
Mazatlán.- Rubén Rocha y su equipo, cumplen los primeros 100 días de gobierno, un periodo paradigmático que se ha vuelto una tradición para medir las características, prioridades y estilo de un ejercicio de gobierno.
Antes de ir al tema de fondo, habría que decir que este mandato sexenal llegó con la más alta votación a favor en la historia de Sinaloa, tras haber obtenido 624 mil sufragios, lo que técnicamente le da una legitimidad democrática sin precedente.
Aun cuando, hay que recordarlo, el crimen organizado se haya hecho presente a lo largo y ancho del estado durante el pasado proceso electoral.
El gobernador dijo en campaña (y lo repite en el gobierno) que la tarea de su gobierno es armonizar la 4T en Sinaloa, es decir, apostar por un Estado social, donde los pobres sean el centro de las políticas públicas.
Que, sin duda, estratégicamente, es loable, apostar por una mejor distribución de la riqueza entre los sinaloenses. ¿Quién podría estar en desacuerdo con un propósito discursivo tan noble como ese cuando este sector ha crecido exponencialmente en la pandemia? ¿Cuándo se han estancado o deprimido los salarios? ¿Cuándo muchos han perdido las prestaciones sociales por la falta de un empleo, o peor, cuando el titular de esas prestaciones ha fallecido y dejado en desamparo a los miembros de su familia? Nadie en su sano juicio podría estar en contra, si tiene un mínimo de empatía y solidaridad con el otro conciudadano.
Y para ello, Rocha Moya se ha esforzado por contar con un equipo que combina experiencia, profesionalismo y compromiso social, aunque, igual, se han incorporado una camada de jóvenes que le dan un toque renovador y alegre a esta gestión que apenas inicia la andadura de seis años.
Pero, yendo más allá, ¿qué define a este gobierno que técnicamente es el resultado de la coalición electoral Morena-PAS y que se ha convertido de facto en una coalición de gobierno, si lo vemos en clave de reparto de cargos públicos?
Cogobierno (podría interpelar Héctor Melesio Cuén), pero los indicios no son tales, no hay un cogobierno, lo que hemos visto es un reparto de posiciones entre los diversos grupos que hicieron la campaña en los 18 municipios y, donde, claro, al PAS le ha tocado la mayor y mejor tajada de cargos públicos.
No hay cogobierno, por una razón simple y llana: todavía no existe el constitucional Plan Estatal de Desarrollo (2021-2027), por lo que se alcanza a observar es que este no va a ser resultado de negociaciones entre Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, sino del esfuerzo que hoy está realizando una burocracia sectorizada y la convocatoria social que servirá para dar legitimidad a este esfuerzo colectivo.
Y, aunque en política nada es definitivo, está la máxima del gobernador que provocó ronchas en un sector de esa burocracia, cuando dijo que él “no negocia con sus subalternos”, lo que significa en otras palabras la máxima de Maquiavelo, de: “el poder no se comparte, se ejerce”; o, más llanamente: no hay ni habrá cogobierno, todo el poder pretende ser del gobernador.
Si se impone ese rasgo en el estilo de gobernar de Rocha Moya, podría significar un gobierno con un liderazgo fuerte; pero, igual de susceptible, de que los inconformes hagan el trabajo de zapa y en las coyunturas lo torpedeen, lo que llama a renovarlo constantemente a través de iniciativas políticas con alto respaldo social.
Sin embargo, eso va a depender mucho del apoyo de un gobierno federal altamente personalizado y con una agenda nítida para el 2024, que a mi juicio reduce a los gobernadores de Morena a una suerte de comisarios políticos, que operan las políticas y los humores del hombre de Palacio Nacional.
Esa mecánica del poder presidencial ya la estamos viendo en los estados gobernados por morenistas. Los grandes proyectos de inversión en infraestructura, los presupuestos etiquetados y las empresas que los ejecutan, e incluso decisiones de política, política, se deciden en la Ciudad de México.
Los márgenes de actuación de los gobiernos estatales están demostrado tiende a reducirse y eso, en un contexto de incremento de demandas sociales, les toca administrar los problemas y conflictos que de ello deriven.
Entonces, las prioridades de un gobierno social, como el que se pretende impulsar en Sinaloa, al menos hasta el 2024, estará sujeto a los programas y ánimo del presidente López Obrador, lo que exige de Rocha Moya una gran capacidad para legitimarse en el ejercicio de gobierno.
Lamentablemente las señales más visibles no van en esa dirección y más bien van en sentido contrario, como lo demuestran la malas decisiones que se tomaron con relación a la planta de nitrogenados de la Bahía de Ohuira, que provocó la movilización popular del morenismo; y hoy, con esa falta de apoyo, se encuentra en suspenso, como sucede también con el polémico decreto del presidente López Obrador, de que obras prioritarias no pueden estar sujetas a amparos y que está en manos de la Corte de la Nación para saber si es constitucional esa decisión.
Y otro caso, hasta ahora, es tener control democrático sobre Morena; impuso a su dirigente por la vía administrativa, no democrática, como lo establece con precisión la Ley de Partidos; y Manuel Guerrero, nuestro amigo Meny, sigue siendo un extraño para un morenismo que ha operado desde 2015 sin dirección política.
Mejor todavía, como en política no hay vacíos, esa ausencia de dirección significó la creación de poderes de facto que no quieren estar sujetos a las directrices del partido, como son los casos de los alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro, porque sienten que le hablan al oído al presidente y nada le deben a Rubén Rocha.
Ahí destaca el caso de Benítez Torres, que ya no sabemos si está empeñado en sacar adelante el Carnaval Internacional de Mazatlán, o hacer quedar mal al gobernador, del que se ha de reír a su espalda, cuando aquel asume estoicamente los reiterados plazos para decidir si habrá o no la llamada fiesta de la carne, sin importar que el semáforo de salud suba de intensidad con el incremento de contagios y muertes.
En definitiva, el balance de los primeros 100 días de gobierno de Rubén Rocha dejan un sabor agridulce, ya que pese a los esfuerzos que hacen algunos de sus subalternos para darle el toque dinámico (y hasta humanista) de la 4T –entre ellos destaco el rol importante de Tere Guerra, en la Secretaría de la Mujer; Juan Avilés, en el ISIC; Héctor Melesio Cuén, en la Secretaria de Salud; Enrique Inzunza, en la Secretaria de Gobierno; y Carlos Karam, en CONFIE–; el resto no tiene mayor visibilidad; y algunos cargos intermedios me han dicho que tienen la encomienda, pero no dinero para impulsar programas; y además, en lo político es claro que la marca es el desencuentro del gobierno estatal con los alcaldes de los principales municipios del estado.
Al tiempo.