Los falsos adalides de la democracia
Filiberto Pinelo Sansores

En la televisión mexicana apareció un spot contratado por el gobierno de Estados Unidos en el que se denigra y amenaza a los migrantes, en una franca transgresión a las leyes de nuestro país que prohíben la discriminación a los seres humanos independientemente de su origen o condición, ocurrido esto frente a la indignación de millones de mexicanos que repudian conductas racistas y clasistas sin importar de quién provengan.

El aviso fue contratado por la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos con la televisión privada de México con el obvio fin de amenazar a los mexicanos, tuvieran o no la intención de migrar a aquel país o, por su conducto, meter miedo a sus parientes y amigos, ya migrantes en el país del norte. Con su ametralladora verbal la funcionaria trumpista se dirigió a los mexicanos:

“Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. Gracias, presidente Donald J. Trump, por asegurar nuestra frontera y por poner a Estados Unidos primero. Permítanme entregar un mensaje claro del presidente Trump al mundo: si eres un criminal extranjero considerando entrar en Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses. Permítanme ser clara: si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez”.

No se tiene memoria de que un gobierno extranjero hubiera pagado alguna vez anuncios en la televisión de México para amenazar, en nuestra propia tierra, a quienes la habitamos.

Como Pedro por su casa esta funcionaria de un gobierno extranjero se permitió lanzar diatribas, dentro de nuestro propio territorio, a través de la obsecuente televisión mexicana, contra los mexicanos, como si fuera México su traspatio, sin la más mínima consecuencia. ¿Qué pasaría si fuera al revés y que el gobierno mexicano intentara hacer lo mismo por conducto de la televisión estadounidense y amenazara a sus connacionales? ¿Su gobierno lo permitiría?. ¿Por qué México tiene que sufrir, entonces, semejante grosería?

Pero, ¿por qué pudo un gobierno extranjero, en este caso el de los Estados Unidos, actuar así? Porque el artículo de la legislación mexicana que lo impediría, fue borrado, en 2014, siendo presidente Enrique Peña Nieto de la ley. Este artículo, el número 33, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión decía los siguiente:

“Los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicaciones que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país”. Véase hasta donde llega el entreguismo de la derecha.

No podía el gobierno mexicano, sin embargo, quedarse con los brazos cruzados ante tan abierta transgresión a los principios que el país sostiene y a la soberanía nacional vulnerada por un poder extranjero y, de inmediato, envió al Congreso de la Unión la iniciativa para regresar a la ley el citada el artículo.

Con esto se evita que gobiernos o entidades del extranjero puedan pagar para difundir en medios de comunicación de nuestro país, propaganda con mensajes discriminatorios. Dichos gobiernos podrán contratar espacios para difundir mensajes culturales, artísticos, deportivos, pero no los que atentan contra los principios en que se funda nuestra existencia como país civilizado.

Este hecho coincidió con la discusión en el senado de otros artículos de la citada ley, que ha tenido que reformarse para adecuarla a los cambios constitucionales que determinaron la desaparecieron de los llamados organismos autónomos: el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) cuyas funciones no desaparecieron sino que están siendo asumidas por otros entes del poder púbico surgidos con los cambios para que los nuevos entes tengan un marco regulatorio.

Debe recordarse que durante el periodo neoliberal, mediante el engaño de que sólo con esos organismos que hoy desparecen era posible evitar la competencia desleal en el terreno de las comunicaciones y evitar la existencia de monopolios en los mercados, se crearon aquellos dos costosísimos cuerpos que no sirvieron para nada, como demuestra la realidad de caros servicios de comunicaciones y abundantes monopolios privados.

Pero con motivo de la discusión de la iniciativa enviada por la presidenta al Congreso, el prian y toda la derecha recalcitrante han montado una campaña de desinformación con la mentira de que el gobierno de la 4T pretende coartar la libertad de expresión de los mexicanos a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que se está creando para regular los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información, entre cuyos propósitos está fomentar la conectividad y la inclusión digital en todo el país.

De manera grotesca, la derecha en el Congreso y sus agentes en los medios, no dejan de gritar que Morena o la presidenta quieren acabar con la libertad de expresión en nuestro país. Esto, porque una de las atribuciones de la Agencia será atender solicitudes de “Las autoridades competentes” para “bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”, según la iniciativa.

Preguntamos: ¿Puede una plataforma no pagar impuestos que debe por más que el SAT le suplique sin ninguna consecuencia?. ¿Puede un grupo de políticos emprender una campaña de mentiras como la de “narcopresidenta”, en la que se gastan millones de pesos durante semanas sin que haya ley que lo impida, ni consecuencias para quienes mienten como respiran difamando a sus adversarios? ¿Es regular esto atentar contra la libertad de expresión? No. Es llevar justicia a todos los ámbitos de la sociedad.

En aras de hacer todavía más transparente y democrática la vida del país, la presidenta solicitó al senado posponer la votación de la ley y crear espacios para discutirla con actores interesados en la misma, con la disposición de hacerla todavía más clara antes de votarla. Es una ironía que sean los campeones de la represión y la antidemocracia en el pasado quienes quieran presentarse hoy nada menos que como los adalides de la democracia.