Los trabajadores
Edilberto Cervantes
Vale la pena abordar un tema importante, como es la agenda laboral que ha desarrollado el gobierno de AMLO.
La presencia política de las organizaciones sindicales era muy relevante en el México de los años ochenta y de los noventa del siglo pasado. Sin embargo, en los últimos lustros esa presencia pública ha venido a menos.
La política neoliberal mantuvo deprimidos los salarios, como una forma de reducir los costos de producción y hacer más atractiva la inversión para la exportación. Era, se argumentaba, una manera de ser competitivos ante los bajos salarios de los trabajadores chinos.
También se estableció, como parte del discurso oficial, que los incrementos en los salarios tenían un efecto inflacionario. Si se aumentaban los salarios, el incremento debía ser mínimo.
Este “paradigma” se vino abajo cuando los trabajadores chinos empezaron a ganar más que los mexicanos. Los salarios en algunos de los países centroamericanos también eran más altos (o no tan bajos como los de los trabajadores mexicanos).
En algunos medios académicos se empezó a cuestionar el aserto de que los aumentos al salario tenían por sí mismos efectos inflacionarios. Sobre todo, considerando que los salarios (o el pago al factor trabajo) representan un muy bajo porcentaje del costo de producción: “no pintan”.
AMLO negoció con las organizaciones empresariales cúpula. Sin necesidad de llamar a una movilización de los sindicatos y trabajadores en apoyo de sus políticas, logró el consenso de que se aumentara el salario mínimo en un porcentaje significativo. Así ha sido en los últimos años: se han autorizado incrementos al salario en porcentajes muy por encima de los históricos.
Claro que la parte del Producto Interno Bruto que se apropia el factor capital es todavía bastante más alta que la que recibe el factor trabajo. No hay una regla de oro de cuánto debe ir al capital y cuanto al trabajo; pero en algunos de los países desarrollados el reparto es menos desproporcionado que en México.
Hace unos días un personaje identificado con el sector empresarial planteaba que el salario mínimo debiera ser de 8 mil 500 pesos, para resarcir al trabajador de la pérdida de poder adquisitivo provocado por la inflación que nos está llegando por la vía de las importaciones.
Otro tema muy relevante de la agenda laboral de AMLO es el de las Afores: las empresas financieras que administran los ahorros de los trabajadores para su pensión. En negociación con el Consejo Coordinador Empresarial, el presidente logró mejorar un poco los términos de operación de las Afores: que redujeran el costo de sus servicios, ya que cobran por encima del nivel que se presenta en otros países; se acordó una mayor aportación de los patrones al fondo de retiro y otros aspectos en favor de los trabajadores.
Aún con estos mejores términos, los trabajadores que se jubilen en los años 20s sólo recibirán el equivalente a 25 o 30 por ciento de su salario. Quienes se jubilen más adelante recibirán una proporción un poco mayor, pero no el 100 por ciento.
Cuando las Afores tienen minusvalías o pérdidas, se las cargan a los fondos de ahorro, lo que no sucede cuando tienen ganancias extraordinarias en sus inversiones. Eso no es equitativo.
Hace unos días, el presidente anunció que habrá que revisar nuevamente los términos de operación de las Afores. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de aprobar un crédito por 700 millones de dólares, “para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mejoras al sistema de pensiones”. En relación con las “pensiones no contributivas” del programa de bienestar para personas adultos mayores, se mejorarán los montos para cubrir la línea de pobreza extrema en zonas rurales. En cuanto a las “pensiones contributivas” (vía IMSS e ISSSTE), se buscará reducir las semanas de cotización para obtener una pensión mínima, bajar el monto de las comisiones que cobran las Afores y cambios en las reglas de inversión para dar prioridad a proyectos a favor del cambio climático. Se hará una propuesta para mejorar el financiamiento de los “41 sistemas de pensiones estatales”.
AMLO también negoció con las organizaciones empresariales modificaciones en el régimen de contratación conocido como “outsourcing”. En este esquema, las empresas contratan servicios de trabajadores fuera del contrato colectivo y sin otorgar las prestaciones de ley, con lo que se reduce el costo del trabajo. Los trabajadores que prestan servicios en esa condición no “hacen” antigüedad en la empresa. Hay empresas que se dedican a gestionar este tipo de empleos.
Las modificaciones que se acordaron en el régimen de outsourcing se reflejaron en un aumento significativo de trabajadores contratados en los “términos de ley”.
Otro aspecto sumamente relevante es la reforma a los procesos de Justicia Laboral. Se mantiene la filosofía de buscar en primera instancia la conciliación entre las partes, pero ahora se debe resolver en un plazo definido (algo así como 40 días) y si no es así, se pasa a una instancia de aplicación de la Ley. Un nuevo esquema de justicia laboral que se ubica en el ámbito judicial. Desaparecen las Juntas locales de Conciliación.
Para atender acuerdos establecidos en el T-MEC, ahora las elecciones de los liderazgos de los trabajadores en las empresas se realizan en procesos electorales abiertos y con expresión del voto individual. Se plantea una democratización en la participación de los trabajadores en lo individual. La aplicación de este esquema en la renovación de liderazgos sindicales se está desarrollando con la observación de las instancias del T-MEC.
Esta Agenda Laboral de AMLO ya está en vigencia. Cambios sustantivos en los salarios, en el régimen de pensiones, en la protección de los derechos laborales y en la participación del trabajador en la elección de sus liderazgos sindicales.
También se está planteando la posibilidad de ampliar el número mínimo de días de vacaciones.