Ciudad Juárez.- He leído varios textos sobre los documentos presentados por el gobernador Javier Corral, denunciando que la presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el senador Cruz Pérez Cuéllar, recibieron cuantiosos dineros por órdenes del exgobernador César Duarte, junto con muchas otras personas. Gran parte de los opinadores o comentaristas han puesto todo el acento en el tiempo escogido por el gobernador para iniciar los procesos judiciales y constitucionales encaminados a encauzar a los presuntos responsables del desfalco al erario, esto es, en medio de la pugna por las candidaturas en el PAN y en Morena. Cierto, esta circunstancia oscurece las intenciones puras y simples de hacer justicia y garantizar el imperio de la ley; sin embargo, es totalmente secundaria frente a la sustancia del hecho: dos altos funcionarios del estado, pretendientes a ocupar la gubernatura de Chihuahua, son acusados de corrupción, ratificando una extendida versión de hace años. Aunque tardía, bienvenida la justicia.
¿Qué sucedería si los hechos son ciertos y alguno de ellos accede a la gubernatura? Tendríamos de regreso la corrupción en gran escala que significó la administración de César Duarte. Éste, repartió dinero a diestra y siniestra para ganar favores y aquiescencia de diputados, dirigentes partidarios, empresarios, funcionarios. Se han hecho públicos los depósitos que mes con mes se hacían a favor de la hoy alcaldesa de Chihuahua. ¿Cómo puede admitirse que sea gobernadora el próximo año? ¿Tendría razón un amigo de Ciudad Juárez, que hace unos meses razonaba: “cierto Maru Campos fue maizeada por Duarte, pero es la que puede ganar”?
El único camino decoroso y conforme con los intereses generales, es que se dé trámite con premura al enjuiciamiento penal, cumpliéndose los requisitos previos para cada caso. Lo peor que podría suceder es que alguno de los dos denunciados, se convirtiera en titular del ejecutivo estatal con tamaños cargos de corrupción sobre sus espaldas.