Mejorar la educación en México
Edilberto Cervantes

Monterrey.- El cambio de Gobierno en México es una nueva oportunidad para mejorar los servicios educativos.

La historia de los últimos cinco lustros ha sido la de una búsqueda de rumbo sin que se hayan logrado mejores resultados.

La aceptación de que una evaluación externa era necesaria para medir la calidad educativa se ha experimentado, desde principios de siglo, con la “prueba” Pisa. La prueba se ha aplicado de manera periódica (cada tres años) y los resultados han colocado a México de forma continua en niveles de muy bajo rendimiento.

La aplicación de la prueba y los datos de resultados no han sido acompañados por una estrategia efectiva para mejorar las habilidades y capacidades de los jóvenes mexicanos. Cada que se aplica la prueba, el resultado es igual de deficiente.

El trato a los maestros ha sido materia de controversia. De la época de los gobiernos priístas, en los que el SNTE se alineaba con los programas de gobierno y participaba en la gestión del sistema, se pasó a una política de patrón gobierno y se sometió a mecanismos de evaluación el procedimiento de incorporación y promoción: se llegó al extremo de que, con base en un examen, un aspirante podía lograr puestos de directivo escolar sin tener ningún antecedente laboral en el sistema educativo; con base en esas “evaluaciones” maestros con antigüedad fueron separados del servicio.

El salario de los maestros se fue deteriorando con el paso del tiempo. En el nivel universitario se creó el Sistema Nacional de Investigadores, como un mecanismo para estimular las actividades de investigación y formación académica de alto nivel, pero también como una forma de evadir los aumentos generales del salario a los maestros. Siguiendo ese ejemplo, en el nivel básico se creó la Carrera Magisterial, que buscaba estimular la superación académica de los docentes de manera individual (proliferaron las universidades “patito” que otorgaban maestrías y doctorados). Ambos mecanismos acabaron perdiendo el “propósito académico”, estimularon la obtención de títulos y diplomas y la práctica de publicación colectiva de reportes a toda costa.

El equipamiento digital en los planteles, al igual que la conectividad, es muy limitado. No se ha planteado un programa de capacitación de los docentes, mucho menos una estrategia didáctica para su incorporación en el proceso educativo. Las escuelas que cuentan con recursos para adquirir equipos y programas, incorporan los paquetes que les ofrecen los diseñadores comerciales. Los recursos digitales se utilizan sin una estrategia nacional para su incorporación; lo cual es más evidente ahora con la Inteligencia Artificial y sus “riesgos”.

Las funciones del CONACYT, de impulso y orientación del esfuerzo científico y tecnológico en las instituciones de educación superior, se distorsionaron. El CONACYT se dedicó a crear sus “propios” centros de investigación, a abrir las convocatorias a proyectos con dinero público a la participación de organismos extranjeros y a financiar proyectos de mejora tecnológica en empresas (nacionales, extranjeras y transnacionales), sin ningún mecanismo de retribución o participación en materia de propiedad industrial. Se extendió el “apoyo” del SNI a los investigadores de las instituciones privadas. Se han mal utilizado los de por si escasos recursos que se presupuestan para la investigación y el desarrollo tecnológico. El ahora Conhacyt, debiera articular las capacidades científicas y tecnológicas que existen en el país, con un esfuerzo de investigación que fomente la autodeterminación y que se enfoque en la solución responsable de los problemas que aquejan a la realidad nacional. Las universidades públicas tendrían que replantear su estrategia de relación con los problemas y necesidades de la sociedad.

La dinámica de los gobiernos sexenales, por lo menos desde el año 2000 a la fecha, muestra que los intentos de mejora - o las denominadas “reformas educativas”- son iniciativas que se busca instrumentar cuando ya el sexenio se acerca a su fin. Cuando “ya no hay tiempo” para hacerlo.
El gobierno actual no es la excepción. Los planes de estudio que impulsó, así como los libros de texto que se elaboraron para cumplimentarlos, se empezaron a divulgar una vez que la oposición política empezó a expresar público rechazo. Apenas en el verano del 2024 los maestros tendrán oportunidad de recibir alguna capacitación u orientación metodológica alineada a la nueva estrategia educativa.

Las reformas al Artículo 3º Constitucional que realzó el Gobierno de AMLO en el 2019 establecen a la educación como un derecho humano. De acuerdo a los legisladores se trata de desarrollar una educación integral que sirva a los educandos y al desarrollo del país y no a las “lógicas pragmáticas inherentes a los procesos de mercantilización absoluta derivadas del neoliberalismo”.

La educación básica y la media superior son obligatorias. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado.  La impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La gratuidad de la educación pública demanda mayores recursos presupuestales: la política de austeridad republicana de AMLO ha presionado por un mejor uso de los recursos, sobre todo en las universidades públicas, después de la llamada Estafa Maestra.

En el 2021 se expidió la Ley General de la Educación Superior, con la que se busca lograr la obligatoriedad en este nivel y regular la participación de los sectores público, social y privado en este nivel educativo. En el nivel medio superior habría que alentar la incorporación del mayor egreso de secundaria y fortalecer la formación técnica; el denominado “modelo dual” es mejor utilizado por las grandes empresas y no alcanza los grandes números. La oferta de la educación universitaria también debe considerar las características del mercado de trabajo; a la fecha los estudios sobre el mercado de trabajo son muy limitados. Las carreras de las profesiones liberales siguen siendo una opción atractiva para los estudiantes.

La Ley General de Educación Superior establece que la educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes basado en: el pensamiento crítico; la resolución de problemas; la interculturalidad; el fomento de los valores como la honestidad, la integridad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, la gratitud y la participación democrática; la igualdad entre los géneros y el respeto de los derechos humanos; el combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia; el respeto y cuidado del medio ambiente y asimilar la interrelación de la naturaleza con los temas sociales y económicos; la formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnología, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Habría que estructurar un servicio de capacitación para el trabajo que brinde a jóvenes y adultos las capacidades y habilidades que demandan los trabajos de técnico en las empresas industriales y comerciales. Este servicio podría actualizar las competencias laborales de las personas de mediana edad. El CONOCER debiera recuperar su enfoque original -certificar las habilidades aprendidas en la práctica-, e ir más allá de la emisión de certificaciones sin mayor orientación de política laboral.

El sentido del Artículo 3º y de la Ley General de la Educación Superior es la formación de “personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social”.

El nuevo rumbo para la educación que se estableció con estas disposiciones está en proceso de instrumentación. El salario de los maestros empezó a recuperarse; se destinan recursos para el mantenimiento físico de los planteles bajo la iniciativa de los padres de familia. Aún está pendiente la divulgación efectiva de las orientaciones de la Nueva Escuela y un adecuado apoyo a los docentes para que su aplicación en el aula sea una experiencia exitosa.

La participación de los gobiernos estatales en el esfuerzo educativo nacional es muy limitada. Si bien lo que sucede al interior de los edificios escolares es responsabilidad de directivos y maestros, el cuidado del entorno de los planteles, la provisión de los servicios básicos, la seguridad pública en apoyo a los estudiantes, debieran ser atendidos por las instituciones estatales y municipales. El equipamiento deportivo, el abastecimiento de los talleres y el apoyo a las actividades culturales, son otra área de oportunidad para los gobiernos locales.

La experiencia internacional demuestra que el maestro desempeña un papel esencial en el proceso educativo. Hay que reconocer y alentar su mejor desempeño. Desde la etapa de formación, en las escuelas normales, los futuros maestros debieran contar con los mejores recursos didácticos, aprender las diversas estrategias pedagógicas, la estimulación del pensamiento crítico y la trascendencia del compromiso social. En el ejercicio de su profesión el maestro debe actuar con ética y recibir los estímulos adecuados. Así es como se pueden empezar a mejorar los servicios educativos.

Entender la experiencia en la escuela como un proceso de desarrollo integral del ser humano: en el aspecto académico se requiere una formación científica, cuidadosa y sólida; también se requiere el desarrollo de habilidades de distinto tipo: manuales, artísticas, deportivas, para lo cual se requiere el equipamiento y la atención profesional adecuada; la formación cívica y para la convivencia social es otra línea de desarrollo que se debe atender con esmero.

Mejorar la educación reclama docentes con excelente formación pedagógica y didáctica, con niveles de salario profesional que les permitan solventar sus necesidades y con un ambiente escolar de sana convivencia y respeto a la persona humana. Se requiere instalaciones escolares que brinden el ámbito adecuado para el ejercicio escolar, con el equipamiento necesario para sustentar las diversas prácticas de los alumnos; así como materiales didácticos suficientes y en buen estado: los recursos digitales debieran considerarse como equipamiento regular, en base a una estrategia didáctica para su incorporación. Alentar a los padres de familia a acercarse a la escuela y a acompañar a sus hijos en el proceso de su formación. Y, sobre todo, diseñar estrategias de mejora continua, en el aula, en las escuelas y en el sistema educativo.
Habrá que empezar temprano en el próximo gobierno.