Narco terrorismo y populismo
Ernesto Hernández Norzagaray
Mahuad, actualmente profesor en la Universidad de Harvard, muestra su preocupación por el avance del narcotráfico en la región y señala con todas las letras que las acciones violentas del narcotráfico cada vez lindan más con el terrorismo. Basta volver la vista a lo sucedido la semana pasada en su país, cuando los grupos del crimen organizado ecuatorianos, vinculados con el Cártel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, tomaron por asalto varias ciudades, incluido Quito, dejando una estela de muerte y temor colectivo que ha obligado al gobierno de Daniel Noboa a tomar decisiones de emergencia para lograr restablecer la gobernabilidad.
Sin embargo, si bien Noboa ha logrado controlar la situación, especialmente de las cárceles, la amenaza sigue latente y es probable que el repliegue de estos grupos signifique un paso atrás para luego dar dos pasos adelante.
Ya se vio la capacidad operativa para asesinar a Fernando Villavicencio, un candidato presidencial, y más recientemente a un vicefiscal, y realizar las acciones que nos remiten a situaciones similares que en México han realizado los cárteles de Sinaloa y Jalisco en varios estados de la república.
La mayor diferencia entre los presidentes Noboa y López Obrador hasta ahora es que el ecuatoriano ha decidido poner nombre a estos ataques a la población, al reconocerlos como terrorismo y actuar en consecuencia, con lo cual peligra su vida, mientras nuestro presidente sigue viéndolo como un asunto de crimen organizado.
Y es que, entre ambas categorías jurídicas, hay una diferencia sustantiva, tanto en la postura política de quien hoy representa al Estado ecuatoriano, como en las acciones disuasivas del sistema de seguridad y mejor las penas contra los miembros de estas organizaciones internacionales.
Ciertamente, hasta ahora la iniciativa, para considerar a los cárteles mexicanos como terroristas ha venido del gobierno estadounidense durante el mandato de Donald Trump, lo que fue rechazado por el gobierno de López Obrador, por ser “un atentado contra la soberanía nacional”; sin embargo, desde entonces la situación de violencia ha empeorado y son innumerables las masacres que han ocurrido en el país.
Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, no ha sido suficiente para que el Congreso de la Unión al menos discuta la figura prevista en el código penal (artículo 139), posibilidad de considerar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que podría conllevar a un cambio de fondo en la política de seguridad, la política de “abrazos no balazos” que en la concepción del presidente López Obrador significa volver a la política de Felipe Calderón cuando hay que ir a las causas, aunque el balance a cinco años de esta política resulte negativa.
Pero volviendo a las expresiones del expresidente Mahuad, este señala que el proceso de avance del narcotráfico en nuestras sociedades pasa por tres momentos:
El crimen organizado toma la iniciativa de avanzar en el proceso de captura de las sociedades y los poderes públicos no actúan, más allá de su capacidad reactiva, lo que significa no llevar a otro nivel las figuras jurídicas; de tal suerte que así como en el caso de la yihad islámica, sean consideradas un peligro no sólo para el país huésped, sino para la comunidad internacional.
Que ante esa “libertad” operativa de los cárteles estos vayan ampliando su infiltración en la economía mediante el lavado de dinero, los gobiernos municipales y estatales y sus cuerpos de seguridad, los medios de comunicación y partidos políticos, la representación política y sus decisiones, etcétera, lo que significa un paulatino debilitamiento de los pilares del sistema democrático.
Y, finalmente, ante la inacción de los gobiernos, estos grupos terminen por capturar toda la estructura de gobierno, de manera que se configure un narcoestado.
En México estamos en el segundo piso de ese proceso de captura del Estado; hoy se manifiesta palpablemente en el repliegue frecuente de sus cuerpos de seguridad, ante la embestida de los grupos armados en distintas regiones del país; en la eliminación física de aspirantes a cargos de elección popular, como acaba de suceder en Chiapas, Veracruz y Morelos; y la extorsión a productores agrícolas (aguacateros, limoneros, etcétera), vendedores de pollo y hasta negocios familiares de tortillas.
No hay que descartar que en distintas regiones esté en marcha un operativo, como sucedió en las elecciones estatales de 2021, cuando se inhibieron y promovieron candidaturas narcas a cargos de representación política y su expresión más lamentable, que son los asesinatos de posibles candidatos.
O sea, en las llamadas “elecciones más grandes de la historia”, hay un jugador en las sombras que está actuando abiertamente, y es probable que se hará más visible conforme avance el proceso electoral, sin que haya a la vista, más allá de declaraciones, una estrategia de contención para garantizar la no interferencia de estos grupos, sino que se le deja a su aire para que impongan su voluntad.
Se dirá que no es oportuno estar hablando del tema por sus implicaciones en el proceso electoral, pues inhibe la participación ciudadana; pero, justamente, porque la apuesta es que los candidatos salgan a hacer campaña y la gente contraste y salga a votar, es por lo que resulta indispensable tener una estrategia específica en este momento.
La experiencia reciente de Ecuador debe ser la referencia obligada para evitar un mayor deterioro de la vida pública. Allá se asesinó a un candidato presidencial, allá se tomó conciencia de que no se puede dejar la iniciativa a los grupos del crimen organizado, allá se defienden las instituciones democráticas; e ir contra esta amenaza creciente de nuestras frágiles democracias; y ojalá esa inacción en México no termine por darnos una lección y avancemos un paso más al infierno de un narcoestado.