Ni Valle de Reyes, ni Valle Sur
Lupita Rodríguez Martínez
Desde el año 2000, la inmobiliaria Dos Carlos de la familia Ancira, dueños de AHMSA, promovió amparos contra el Decreto de Redelimitación del Parque Nacional “Cumbres de Monterrey”, emitido por el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyas disposiciones impedían arrancar el mega desarrollo habitacional.
La inmobiliaria también se amparó contra el decreto del entonces gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, mediante el cual declaró la creación de 26 nuevas Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal, con el objetivo de compensar la pérdida de aproximadamente 130 mil hectáreas por la redelimitación federal.
La batalla jurídica prosiguió a lo largo de los años, mediante denuncias contra funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Pero, ahora promovidas por la Urbanizadora Marfil, Maple o Greco, inmobiliarias que adquirieron el polémico predio Valle de Reyes a los empresarios de Dos Carlos.
Hasta el momento en que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa emitió su sentencia interlocutoria, pudimos conocer que el recurso de revisión fue interpuesto por nuevos querellantes: las fiduciarias Patrimonium Fiducia, Sofom ENR y Metrofinanciera, que impugnaron la resolución municipal que les negó en el 2012 el “Proyecto Urbanístico” para desarrollar “un Fraccionamiento Habitacional Mixto de Urbanización Inmediata”, rebautizado como Valle Sur (en lugar de Valle de Reyes).
A pesar de que dicho “Proyecto Urbanístico” jamás cumplió con la legislación federal, estatal y municipal vigente en materia urbana y ambiental, el resolutivo definitivo de esta controversia tendrá que esperar. Los desarrolladores inmobiliarios tienen derecho a recurrir al Juicio de Amparo correspondiente, cuyo plazo vence el próximo jueves 25 de enero.
En el curso de estos 25 años de lucha legal y ambiental, hemos señalado que los intereses de ningún fraccionador pueden estar por encima del principio constitucional consagrado en el Artículo 4 de nuestra Carta Magna y en el Artículo 44 de la nueva Constitución de Nuevo León, que garantizan el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo.
Públicamente hemos denunciado que Valle de Reyes, proyecto valuado en 500 millones de dólares, para construir cinco mil residencias campestres de lujo y un campo de golf, todo ello en una superficie total de dos mil 394 hectáreas, se trata en realidad de un despojo a ejidatarios y comuneros de La Huasteca, y está expresamente prohibido por el Decreto de Redelimitación del Parque Nacional ‘Cumbres de Monterrey’.
Si bien los desarrolladores alegaron que ni la Semarnat ni la Conanp habían expedido el Programa de Manejo del Parque Nacional “Cumbres de Monterrey”, este documento se publicó el 3 de enero del 2023 en el Diario Oficial de la Federación, el cual ratifica la prohibición de modificar mantos acuíferos, cuencas hidrológicas, manantiales y riberas, de fundar nuevos centros de población, urbanizar tierras ejidales, comunales o particulares, de construir infraestructura urbana, talar árboles, extraer flora o fauna, de hacer nuevas brechas, caminos o carreteras y desarrollar o construir campos de golf.
Cumplir el derecho a un medio ambiente sano es inaplazable ante los fenómenos del cambio climático, cuyos impactos por sequías, altas temperaturas y contaminación nos obligan a reconocer el papel irrefutable e irremplazable que tiene para la vida humana. Y solamente podremos cumplirlo cuando el presupuesto al medio ambiente se destine como una inversión y no como un gasto. Exactamente como si fuera la educación.
Sociedad y gobierno debemos valorar que la abundancia de áreas verdes y parques urbanos contribuye a generar lluvias, infiltrar agua, controlar la temperatura, disminuir la contaminación y respirar aire limpio. Pero también ayuda a la sana convivencia entre habitantes y a reducir los niveles de estrés, de agresividad y de crímenes que se cometen en nuestra metrópoli.