No toques mi pensión
Aldo Salazar y Roberto Alviso
Naturalmente, los parisinos declararon la huelga y salieron a las calles. Touche pas à ma retraite, claman, o “no toques mi pensión”.
El gobierno de Emmanuel Macron –quien fuera reelegido apenas en abril del 2022– lleva años tratando de lograr esta reforma. Se trata de un paquete de artículos que buscan simplificar y reducir el costo de las pensiones en el presupuesto francés. Además de posponer la edad de jubilación, se pretende eliminar los regímenes especiales con los que cuentan los trabajadores del Estado y sus compañías paraestatales, como el transporte público y la electricidad. Su argumento es que las pensiones como existen hoy son insostenibles y el aumento de la esperanza de vida debe ser acompañado por un alargue de la vida laboral.
Emmanuel Macron es muy poco apreciado por el electorado francés. Su reciente reelección se debe en gran parte al frente que hicieron los votantes contra la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Macron es el representante de la clase poseyente en el país y el prototipo del tecnócrata; pertenece a los círculos de banqueros y financieros, y se ha dedicado a implementar con fuerza las políticas neoliberales que los gobiernos socialistas que le precedieron habían evitado. Sin embargo, sus intentos han sido frenados por la tradición militante francesa, que no duda en movilizarse para tomar las calles de las principales ciudades del país.
Las pensiones en México
La reforma de las pensiones francesa no sucede en medio de un vacío. El resto de Europa y su área de influencia, incluidos los territorios antes colonizados, se han visto presas de reformas similares desde la agresiva implementación del neoliberalismo, desde los años ochenta hasta hoy.
En América Latina la privatización del sistema de pensiones se inició en Chile durante 1981, en plena dictadura militar de Pinochet. Con el modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), el objetivo era reducir la carga del Estado de asegurar ingresos mensuales a las personas jubiladas después de los años que habían estado aportando a la seguridad social. Como hoy, su justificación era la incapacidad de sostener el modelo en el mediano plazo, con una población en la que las personas adultas mayores iniciaban a incrementar en proporción.
La Reforma de 1997 reemplazó la lógica solidaria de aportaciones colectivas, que sostenía a un sistema de seguridad social, para traducirlo en uno de cuentas individuales, en el que cada trabajador es responsable de su jubilación.
El símil en México de este cambio fue la creación de las tan famosas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), que no son más que instituciones financieras privadas que utilizan el dinero de nuestras aportaciones mensuales para el retiro, como parte del capital de inversión en el mercado financiero. Mes con mes, la persona trabajadora, la institución empleadora y el Gobierno Federal aportan un porcentaje a la cuenta de AFORE de las personas trabajadoras registradas ante el IMSS.
Este quiebre dejó atrás un enfoque en el que la sociedad financiaba con su trabajo en la etapa productiva el ahorro suficiente para que las personas adultas mayores pudieran vivir dignamente. Lo que se consolidó después es un entorno de sálvese quien pueda, en donde la posibilidad de envejecer dignamente se nos arrebata y se nos culpa de no ahorrar lo suficiente, en un sistema económico atravesado por la desigualdad y la precariedad.
Aunque la reforma de 1997 no varió la edad de jubilación, la cual ya se encontraba en 65 años, sí aumentó el número de semanas que debían cotizarse para poder recibir la pensión. Un trabajador que comenzó actividades laborales antes de 1997, necesitaba trabajar al menos 500 semanas (poco menos de 10 años). Tras la reforma, esta cantidad aumentó a mil 250 semanas (alrededor de 25 años).
¿Por qué estas reformas no han sido seguidas de movilizaciones masivas en las principales ciudades del país? En el México de 1997, aún sumido en la larga dictadura priista, tal vez un mero cálculo costo-beneficio sugeriría que el riesgo que se corría al protestar contra el régimen no compensaría el probable resultado obtenido –es decir, nada. La historia de represión, corrupción y profunda lealtad de las cabecillas de los distintos sindicatos nacionales hacia la dirigencia priista, descartaban cualquier posible protesta antes de que ésta naciera. En Francia, los sindicatos son quienes lideran las manifestaciones y, naturalmente, las huelgas. Sindicatos rojos, combativos, de izquierda, a diferencia de los sindicatos blancos mexicanos –al servicio del empresariado o del Estado.
Tras los saldos negativos de este modelo, se han realizado nuevas reformas –Argentina (2008) y Bolivia (2010)– para recuperar mayor presencia del Estado en asegurar una pensión digna. En 2021, el Congreso mexicano aprobó beneficios graduales hacia 2030, que apuestan a incrementar el porcentaje de personas que puedan acceder a una pensión y la cantidad mensual de sus ingresos.
Entre estos beneficios están la reducción de las semanas mínimas cotizadas, de mil 250 a mil, y un incremento en las aportaciones patronales y de gobierno, para alcanzar un ahorro del 6.5% al 15% del salario mensual. Además, establece un tope a la tasa de comisiones por operación que realizan las Afores.
Sin embargo, esta pequeña victoria mexicana no se concretó por la movilización masiva de obreros ni oficinistas. Son resultado de un salvavidas de emergencia que se le ofrece a la primera generación que se jubiló a partir de 2021 con la ley del 1997. ¿Cómo podemos emular la férrea defensa de las pensiones que la población francesa ha articulado por décadas frente a los impulsos privatizadores?
Tendríamos que explorar una nueva visión del sindicalismo mexicano, el cual pueda desligarse poco a poco del férreo control partidista para que se vuelva un contrapeso político. Dejar de lado el estigma de la organización de los trabajadores, porque en estas épocas la precariedad se vive desde las fábricas y desde los cubículos en la oficina.
La supuesta insolvencia del sistema de pensiones público debe atenderse asegurando los recursos suficientes para mantenerlo operando, en lugar de sentenciar su muerte antes de cualquier intento de solución. Sin duda, la reforma fiscal que prometió Morena y el presidente en las elecciones de 2018, es una necesidad pendiente para corregir la brecha que hay entre los pocos que más riqueza acumulan a costa de la explotación y la precariedad de los muchos.