Nuestros desaparecidos
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La inmensa mayoría de los problemas de nuestra sociedad derivan de la naturaleza negativa del sistema social, político y económico y, por lo tanto, la solución de raíz solamente se podrá lograr mediante una transformación profunda que elimine la pobreza y desigualdad, la violencia e inseguridad, la corrupción e impunidad.
Transformar las relaciones y los contextos de opresión política, de explotación económica, de discriminación social y de enajenación cultural se ha convertido en un proceso doloroso para el pueblo mexicano, toda vez que las condiciones de violencia e inseguridad para cualquier persona continúan sin un adecuado control.
Las mortales cifras oficiales y extraoficiales, tanto a nivel nacional como estatal, comprueban los riegos de perder la vida o de ser desaparecido ante los nuevos tipos de violencia que acontecen prácticamente en todos los espacios públicos y privados.
Así tenemos que, en julio del año pasado, según Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la Entidad registró la cifra más alta en delitos contra la libertad por mes en los últimos diez años, cuando 94 personas fueron víctimas del delito de desaparición forzada.
En el transcurso de esos diez años (2011-2021), Nuevo León registró 5 mil 631 personas desaparecidas, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de víctimas en este delito.
La desaparición es un golpe más cruel que el asesinato. Tanto familiares como amistades viven con la permanente esperanza de localizar a la persona desaparecida. Conforme transcurren los días, los meses y los años es cada vez más difícil pensar que está con vida. Pero, como no hay un cuerpo que enterrar ni llorar se convierte en la zozobra más insufrible para las familias.
Aunque a nivel nacional la terrible cifra de 100 mil desaparecidos ha sido desestimada, por doquier punto del país aparecen carteles y letreros de familiares buscando a sus desaparecidos. En paredes, postes y redes sociales se difunden fotos de sus seres queridos pidiendo información.
La otra cara de la tragedia son las fosas clandestinas descubiertas gracias a la terca perseverancia de los colectivos de familiares, en donde se recuperan cuerpos, cráneos, osamentas, restos óseos y miles de fragmentos de huesos que corresponden a un número aún indeterminado de víctimas que no han sido identificadas. Frente al horror de estas inhumaciones vemos el enorme sufrimiento y, a la vez, el valor de sus familiares.
Para resolver esta crisis se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado. Los resultados no han sido los esperados, quizá por el magro presupuesto asignado. Mas la dirigencia del FUNDENL ha denunciado que dichas autoridades no han dejado de lado los discursos de criminalización hacia la misma población, siendo una postura que contribuye a dividir a la sociedad y a hacernos más vulnerables ante los graves hechos violentos.
Las diarias noticias reportando desaparecidos, asesinatos, ataques, persecuciones, balaceras, ejecuciones, narcomantas, secuestros, extorsiones, feminicidios, narcofosas, etcétera, no son problemas solamente de miles de personas y de sus familias víctimas de la guerra declarada hace 15 años, sino de nuestra sociedad en su conjunto, y más cuando los elementos de seguridad pública participan aliados con los grupos delictivos o forzados por ellos.
Garantizar la seguridad de las personas y de sus propiedades es responsabilidad constitucional de los tres poderes públicos y niveles de gobierno. De cumplir con estas tareas de brindar protección plena, así como de procurar y administrar justicia, la integridad de ninguna persona debería ser puesta en riesgo, mucho menos de ser desaparecida o asesinada.
Reprobamos por ello la criminalización de las víctimas, la justificación de la violencia, la simulación de la seguridad y la manipulación de la justicia, todo lo cual conduce a normalizar la violencia y la inseguridad, a violar los derechos humanos y a que no vivamos en un Estado de Derecho.
Nuestra solidaridad con las familias víctimas de desaparición forzada en su lucha por que se cumplan las acciones de búsqueda, las medidas de reparación y los mecanismos de no repetición. Al igual que ustedes, estamos ciertas que no habrá paz sin justicia, ni justicia sin verdad y memoria.