En torno a la nueva constitución enviada por el ejecutivo
del estado al congreso local
Monterrey.- El proyecto en comento obedece a un acuerdo cupular entre los empresarios, la iniciativa privada, los medios de comunicación y los detentadores del poder político en la entidad para proteger sus aviesos intereses en detrimento de los de la ciudadanía.
Es un pretendido Golpe de Estado Legislativo ya que por una parte no existen condiciones que denoten urgencia en su aprobación además de que no ha habido la consulta idónea ni suficiente para que los ciudadanos de los diferentes ámbitos y sectores sociales podamos opinar, por lo que a todas luces resulta ser antidemocrático, pues desestima lo señalado en el Artículo 39 de la Constitución General de nuestra República que señala: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, mismo que debe ser ejercido a través de los Diputados dado el sistema de democracia representativa imperante en nuestro país, a condición de que éstos últimos consulten a la población ya que no son omnímodos, sobre todo tratándose de asuntos de tal envergadura como es el caso que nos ocupa relativo a la ley máxima del Estado, que no tiene más subordinación que la que deriva de nuestra Carta Magna Nacional.
Acusa una clara y perniciosa pretensión separatista del régimen federal y con ello menguar o acotar la fuerza del Gobierno de la República, con graves consecuencias económicas y políticas para nuestra entidad federativa.
Privilegia los intereses particulares sobre los de corte social, atropellando con ello la visión más avanzada que se sustenta en el criterio de la horizontalidad frente a la verticalidad imperante hasta el día de hoy, por lo que resulta falso que dicho proyecto responda a criterios modernos.
Es advertible que no todo cambio es dialéctico pues en este proyecto se visualiza un criterio retrógrado y conservador que responde a los intereses encaminados a mantener y fortalecer el establishment con una orientación de marcada tendencia individualista y por otra parte dotando al ejecutivo de un poder exacerbado.
Por ello sostenemos que dicho proyecto NO responde a un concepto de modernidad legislativa.
Ante tal situación demandamos que el Congreso Local convoque al mayor número de Foros de Consulta Popular con la rica participación de Colegios de Abogados, Universidades, Sindicatos, Asociaciones Civiles, Culturales, de Derechos Humanos y del Medio Ambiente entre muchos otros para conocer los diversos criterios de la sociedad y no reducirse a la perniciosa y oprobiosa práctica de legislar en lo oscurito y mediante acuerdos cupulares, amén de que los legisladores no deben ser cancerberos o lacayos del gobernante en turno.
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Marzo del 2022.
Ernesto Villarreal Landeros y Asociados Abogados
Platón Sánchez No. 1210 Norte
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e-mail: villarreal.landeros@gmail.com
Monterrey, Nuevo León, México.