GOMEZ12102020

Nueva crisis en Nuevo León
Carlos M. López Hernández

Monterrey.- Por si no fueran pocos los problemas actuales del estado (escasez y cortes de agua, inseguridad, transporte público, mala calidad de aire, entre otras cuestiones) ahora hay que sumar un conflicto entre el gobierno, encabezado por Samuel García, con la Fiscalía del Estado, dirigida por Gustavo Guerrero.

Dicho problema surge a raíz de un comunicado emitido por el gobernador, el pasado martes 10 de mayo, a través de un video en redes sociales, en el cual critica a la fiscalía, al expresar estar harto de «escusas, términos jurídicos legaloides para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad».

Por su parte, Gustavo Guerrero, en una video respuesta, ese mismo día, lamenta que el gobernador utilice medios no oficiales para estar mandando mensajes a la fiscalía, así como utilizar a las víctimas con fines políticos; además, lo exhorta a cumplir con su función de salvaguardar a los ciudadanos.

En este rubro, el fiscal general tiene razón al afirmar que el gobernador no ha dejado pasar la oportunidad de acercarse a las víctimas para, de cierta manera, «lavarse las manos» ante los índices de violencia que atraviesa el estado, confundiendo a los ciudadanos respecto a qué autoridad le corresponde dicha responsabilidad; la cual, dicho sea de paso, en realidad le compete al ejecutivo, conforme al artículo 85 de la Constitución del Estado, fracción I.

Sin embargo, el gobernador igualmente lleva razón en señalar que la fiscalía no ha dado resultados esperados, pues los últimos dos casos mediáticos de mujeres desaparecidas en el estado y, lamentablemente, halladas sin vida, no fue gracias a la fiscalía, sino que fueron encontradas por civiles: unos empleados de un motel, por una parte; y, por la otra, por una señora tras su rutina de recoger leña. Además, otro detalle, recae en cómo han sido las investigaciones, pues su característica principal ha sido la lentitud.

Entonces, ¿qué esperar de esta situación? Actualmente, la perspectiva de los ciudadanos considera que los índices de inseguridad han aumentado considerablemente desde los escasos siete meses en lo que va de esta nueva administración estatal. Sin embargo, tanto el gobierno del estado, como la Fiscalía, han manifestado que los casos recientes son aislados y han negado la presencia de grupos delictivos en la zona.

¿Cambiará dicho discurso después de este problema entre el gobernador y el fiscal? Habrá que verlo; lo que sí queda claro es que, desde aquel día, ambas autoridades ya han hecho sus señalamientos al otro y, por tanto, parece quedar descartada la posibilidad de un trabajo en conjunto que nos dé, a los ciudadanos, confianza en las instituciones.