Otra vez la SCJN
Carlos M. López Hernández
Tal como indica la Ley Reglamentaria del artículo 105 constiticional, el ministro Javier Laynez Potisek ordenó la suspensión tras considerar que existen elementos para considerar un daño irreparable a los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Hasta ahí, no hay ningún problema. Esto es lo normal en casos de los juicios constitucionales, lo cual no significa que el fondo del asunto ya ha sido resuelto, sino que es todo lo contrario, apenas es el primer paso.
Sin embargo, para un sector importante de la ciudadanía, al desconocer la estructura de estos procesos jurídicos, se precipita a realizar juicios y expresar opiniones que no pueden validarse, de modo que se olvida lo jurídico y el asunto se torna político.
Así lo hacen notar, por ejemplo, con una petición en change.org, una plataforma que consiste en recabar firmas ciudadanas para dar valor a las peticiones ciudadanas ahí propuestas.
En este caso, la petición se intitula “Exigimos la renuncia de Norma Piña por corrupciones de jueces”, la cual (al momento de escribir este texto) lleva casi 50 mil firmas de apoyo. Asimismo, dicha petición se sustenta en un cuestionamiento que señala el porqué antes de la actual presidente de la SCJN no se atrevieron a liberar las cuenta de Cárdenas Palomino, así como de la esposa de García Luna; orderar la liberación de Rosario Robles; o bien, amparar a Cabeza de Vaca.
Pero no todo acaba ahí. Otro ejemplo es cómo desde varias redes, algunos ciudadanos han empezado a cuestionar por qué el presidente López Obrador no puede realizar lo que hizo el ex mandatario Zedillo, que reestructuró completamente a la SCJN.
Siendo esto así, el máximo tribunal lleva ya varias semanas en el radar ciudadano y no le están dejando pasar nada. Esto, en cierto sentido, resulta positivo, ya que significa que al poder judicial se le empieza a exigir cuentas, lo cual no ocurría antes; incluso se podría decir que era impensable.
Por lo mismo, una parte del sentir ciudadano piensa que se les perjudica y exige respuestas del actuar de la autoridad. Al igual que son las protestas y exigencias contra los otros dos poderes, la SCJN (y el poder judicial federal, en general) empieza a ser presionado.
No obstante, al ser primerizos, la SCJN tampoco ha sabido reaccionar ante esta exigencia ciudadana, lo cual ha provocado que crezcan las demandas, en lugar de disminuir.
Por ejemplo, la ministra presidente, Norma Piña, al ser blanco de múltiples cuestionamientos, aún no ha dado un paso al frente para acercarse a la gente, con el fin de explicar qué está pasando con los casos que se le demandan. Todo lo contrario, el poder judicial federal sigue hermético, sin ninguan intención de diálogo.
Esto último es otro detalle, ya que desde la misma SCJN se ha llamado a la tranquilidad, pero no ofrece ninguna vía para lograrlo. Simplemente señala lo obvio, sin dar seguimiento o seriedad a lo que propone.
Visto así, en la SCJN se puede detectar un narcisismo, pues, acorde a estas actitudes, el poder judicial ha hecho todo bien. Para ellos, no habría por qué criticarles nada en absoluto. Esto indica un severo problema, pues no hay señales de autocrítica.
Y es esto quizá el mayor problema, pues al ser la SCJN el máximo aplicador e intérprete de la ley, no tener autocrítica significa validar cualquier acto que realice, de ahí que el motivo de la suspensión del «Plan B» se haya ordenado por considerarse una posible violación a los derechos político-electorales de los ciudadanos, sin que esto signifique que exista una verdadera violación a estos derechos.
Por todo, nuevamente, la SCJN está en el ojo del huracán y de no cambiar su actitud, lo seguirá estando.