Pacto fiscal
Lucilda Pérez Salazar
Monterrey.- Los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Michoacán azuzados por 60 empresarios de estas entidades, retomaron el tema del Pacto Fiscal en la última reunión celebrada el viernes 24 de abril, en el auditorio del Horno 3 de Fundidora Monterrey.
El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón había informado que dejarían el tema del Pacto Fiscal para tratarlo después de la emergencia sanitaria, pero, ahora, a “petición” de los empresarios y sus cámarasse retomó para incluirlo en una mesa de análisis que se integrará para abordar el tema.
• ¿Qué es el Pacto Fiscal?
Es un convenio suscrito por las entidades federativas con la Secretaría de Hacienda Federal, en el año de 1980, mediante el cual se adhieren al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para participar en la recaudación de impuestos federales y en el reparto de los recursos tributarios que se generen a nivel nacional.
Nuevo León, en su momento, firmó este convenio. Todos los convenios fueron autorizados por las Legislaturas de los Estados y publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de cada Estado.
• ¿Puede una entidad federativa salirse del pacto, es decir, desvincularse del Sistema de Coordinación Fiscal?
Sí puede hacerlo. La Ley de Coordinación Fiscal prevé en el artículo 10 esta posibilidad: “Las entidades podrán dar por terminado el convenio con la Federación, siempre que lo autorice la Legislatura del Estado”.
Si esto sucediera, el Estado renunciante al convenio (Pacto Fiscal) sería el único perdedor, porque dejaría de recibir las participaciones y aportaciones federales provenientes de los impuestos (ISR, IVA, IEPS, y otros). En tal caso, el Estado tendría que generar sus propios impuestos locales para sustituir a los federales, lo que representaría una carga más para los contribuyentes.
Pero, además, salirse del Pacto Fiscal no es un asunto que deban decidir sólo el Gobernador y el Congreso del Estado. Por su trascendencia debe consultarse a los nuevoleoneses.
• ¿Se puede modificar el Pacto Fiscal?
Sí se puede, reformando la Ley de Coordinación Fiscal. Esta Ley, vigente desde 1980, se ha modificado 28 veces, casi una vez por año. Ha mejorado con las modificaciones y agregados que se le han hecho y puede seguir mejorando con las que vengan, puede, incluso, hacer más justo el reparto tributario, pero eso no resuelve el problema principal que es la muy baja recaudación fiscal del país.
Lo que se debe reformar es el Sistema Fiscal en su conjunto. México necesita con urgencia una reforma fiscal de gran calado, progresiva, proporcional y equitativa que haga crecer la recaudación fiscal hasta alcanzar por lo menos el 20 o el 25% del PIB. Actualmente nuestro sistema tributario sólo alcanza el 16% del PIB, mientras que en promedio los países agrupados en la OCDE, de la que México forma parte, obtienen una recaudación equivalente al 35% del PIB.
La escasa recaudación fiscal nacional hace que el Presupuesto Federal sea insuficiente para afrontar la emergencia sanitaria y económica y al mismo tiempo, tampoco alcance para apoyar más a los Estados. Esta es la tragedia hacendaria que vive México.
Para este año se calculó una recaudación tributaria de 4 billones de pesos, pero, ni soñando se va a alcanzar esta meta.
La recaudación tributaria sufrirá una caída del tamaño de la caída del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, los Fondos de Participaciones y Aportaciones Federales para los Estados y Municipios (Ramos 28 y 33 del Presupuesto Federal) quedarán muy menguados.
Más vale pensar y enderezar los esfuerzos y energías a buscar la forma de reactivar la economía para generar empleos e impuestos, para poder robustecer la Hacienda Pública, que estar peleando por el reparto de los raquíticos recursos que aportamos los contribuyentes mexicanos.
Por eso los gobernadores erran el tiro al pelear por un pedacito de esa precaria bolsa hacendaria federal, que cobija a todas la entidades federativas y a todos los municipios del país. Si se estira la cobija hacia los estados del norte, se destapa a los estados del sur, y viceversa.
Por eso lo primero es hacer crecer la bolsa (recaudación fiscal), para que haya más recursos que repartir, y después, o al mismo tiempo, preparar la reforma al Sistema de Coordinación Fiscal.
La Ley de Coordinación Fiscal regula el reparto de los recursos fiscales que genera la nación y puede y debe ser modificada a fondo, para construir un nuevo federalismo, más justo y equitativo. El federalismo actual, que se instauró hace más de un siglo ya está agotado.
El problema, ahora, es que éste es un pésimo momento para discutir el tema. En tiempos de la emergencia que estamos viviendo y de la grave crisis que afronta nuestro país y la humanidad por la pandemia del coronavirus, no es oportuno, ni sensato presionar para la modificación del Pacto Fiscal, a menos que se quiera utilizar como ariete político en medio de la crisis.
Este tema merece una discusión seria, serena y profunda en la que participen todos: los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
Hasta ahora hemos escuchado la opinión de siete gobernadores que piden la modificación del Pacto, pero ¿Qué opinan los 25 gobernadores restantes y el Gobierno Federal?
No se trata de un pleito de los Estados con la Federación, sino de un acuerdo entre Estados y la Federación.
Se trata de reconfigurar el viejo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para redefinir un nuevo reparto de las atribuciones y potestades tributarias que le corresponden a cada nivel de gobierno, para cobrar e imponer impuestos:cuáles les corresponden a la Federación, cuáles a los Estados y cuáles a los municipios, por un lado, y cómo se reparten o ejercen estos recursos generados con los impuestos, por el otro.
La discusión de un tema tan relevante como éste, que implica cambios constitucionales al sistema fiscal y hacendario del país, debe hacerse, sin lugar a dudas, cuando pase la tormenta.