Monterrey.- El 15 de julio la administración del Parque Fundidora anunció que éste cerraría sus puertas de manera temporal ante la reducción en los ingresos del parque a raíz de la contingencia sanitaria que se vive en la entidad. Artemio Garza, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, señalaba que los meses que ha durado la contingencia han mermado en tal medida las finanzas del parque, que existe el riesgo de no poder continuar pagando la nómina de los poco más de 300 empleados del parque. El día 24 de julio, probablemente ante las quejas de la ciudadanía, se anunció que el parque reabriría sus puertas a partir del lunes 27, pero solamente para quienes ingresen a realizar actividades deportivas. Mientras tanto, permanecerá cerrado para cualquier otra actividad recreativa.
Parece ser que la pandemia sería la razón principal de los problemas que enfrenta actualmente la administración del Parque Fundidora pero, ¿realmente es así? O bien, podría decirse que esta pandemia sólo vino a destapar los problemas administrativos y de gestión que el Fideicomiso Parque Fundidora ha tenido desde hace años. En 2006, este fideicomiso se convirtió en un Organismo Público Descentralizado. Con esto, la administración del parque quedó básicamente a manos de la inversión privada.
En 2016, ya en la administración del actual gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, se le asignó a Cintermex la concesión para que este organismo fuera el que se hiciera cargo de los eventos que se realizan en el parque, como lo son los nueve festivales de música que se realizan anualmente en este recinto. En ese momento, Jaime Rodríguez señalaba que no se trata de una privatización del parque, sino de una reducción del gasto público.
Podría decirse que lo que cerró temporalmente al Parque Fundidora no fue la pandemia y los tiempos de contingencia que estamos viviendo. Más bien, estos tiempos sacaron a flote algo que ya se sabía: los problemas del manejo por parte de particulares de un bien público, como lo es Parque Fundidora.
Esta situación nos lleva a ver que la gestión de particulares no ha resultado lo más sano para uno de los pocos espacios verdes con los que cuenta la Zona Metropolitana de Monterrey. Los ingresos millonarios por la serie de eventos que se realizaban de modo regular en el parque, aparentemente han resultado insuficientes para sostenerlo durante los cuatro meses ha durado la contingencia sanitaria hasta ahora. Se ha hablado de la posibilidad de cobrar a los ciudadanos el ingreso al parque; y también del proyecto de construir tres torres de uso habitacional al interior del mismo.
Si bien no se puede hablar técnicamente de una privatización del parque. Lo que sí es real es que el Gobierno del Estado ha renunciado a la administración del mismo, ya que desde 2018 no ha ingresado dinero público a las arcas de Parque Fundidora. Eso a pesar que en la “Ley que crea al Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora” se establece que parte de los recursos con que contará el parque deben provenir de “los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales, que recibirá en administración para la aplicación en los programas, obras y acciones que le están encomendadas de acuerdo a su objeto”.
Esto quiere decir que sí es responsabilidad del Estado sanear las finanzas de Parque Fundidora y no dejar su destino en manos de particulares que buscan, con pretexto de la pandemia, privatizar el ingreso al parque e incluso la construcción de proyectos inmobiliarios en una de las pocas áreas verdes en una ciudad tan necesitada de pulmones dada la pésima calidad del aire... aunque ese ya es otro tema.