Parques y bosques urbanos
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Una nueva lucha para que en Nuevo León se cumpla el derecho-deber a vivir en un medio ambiente sano –objetivo de orden superior para los Poderes Públicos del Estado y la ciudadanía–, se vislumbra muy pronto en la trinchera legislativa con la iniciativa de Ley de Fomento, Manejo y Conservación de los Grandes Parques y Bosques Urbanos.
Esta propuesta del activista Guillermo Martínez Berlanga, a nombre del Comité Ecológico Pro Bienestar de Monterrey y a la cual nos adherimos los integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, busca generar políticas públicas y programas de gobierno que sirvan para ayudar a resolver la problemática crónica que aqueja a nuestra Metrópoli.
El cuidado y desarrollo de lo que en otras ciudades se conoce como grandes parques y bosques urbanos, en Nuevo León son prácticamente inexistentes en los hechos, a causa de la limitada vocación ambiental y escasa inversión presupuestal de los gobiernos y esto a pesar de que nuestro Estado cuenta con 32 áreas naturales protegidas –29 estatales y tres federales–.
Nos referimos al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, al Monumento Natural Cerro de La Silla, a la Sierra Las Mitras, a la Sierra Cerro de La Silla, a la Sierra El Fraile y San Miguel, al Cerro del Topo Chico, al Cerro del Obispado, al Parque Lineal Río Santa Catarina y al Parque Ecológico La Pastora, por mencionar las áreas que se encuentran dentro de la Metrópoli con declaratoria de protección ambiental desde el año 2000.
Lo anterior solamente para evidenciar la situación de los bosques y parques urbanos como Chipinque, La Estanzuela, Fundidora, La Huasteca, La Gran Plaza, Niños Héroes, Tucán, San Bernabé, Canoas, España, Río La Silla, Las Arboledas, San Nicolás, entre otros, cuya necesidad de ser salvaguardados como patrimonio ambiental de todas y de todos, no solamente es por el cáncer de la corrupción gubernamental, sino por el afán de lucro de la iniciativa privada, factores que han provocado que nuestra capital siga siendo la ciudad más contaminada de América Latina, de acuerdo con la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La urgente necesidad de que Nuevo León cuente con un sistema de bosques y parques urbanos para garantizar el derecho-deber a vivir en un medio ambiente sano, debemos atenderla con base en el llamado de alerta lanzado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), pues una ciudad que aspire a ser sana no puede prescindir de los árboles, cuyo impacto entre la ciudadanía son de largo alcance en lo social, económico, político y cultural.
El primer gran impacto para los habitantes metropolitanos será la calidad del aire que respiramos y, sobre todo, la disminución del promedio de tres mil 700 muertes prematuras al año, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, a causa de la contaminación atmosférica por partículas PM 2.5 y PM 10, todo lo cual se agravó por la pandemia del covid-19.
Aunado a que las zonas arboladas transforman los gases contaminantes en oxígeno, así como reducen las emisiones de carbono y mitigan las secuelas del cambio climático, representan además la fuerza para atraer las lluvias y así mantener las reservas de agua en los mantos freáticos y, por lo tanto, para que prosiga el ciclo biológico de la naturaleza, pero también impactan en aminorar el terrible flagelo de violencia que nos azota.
Gracias a los árboles los índices de delincuencia y de enfermedades disminuyen, lo cual termina por representar un ahorro presupuestal y hasta podría afirmarse que invertir en la creación, cuidado y desarrollo de grandes parques y bosques urbanos debería de ser una política ambiental de Estado.
Sin embargo, para abatir el déficit de mil 800 hectáreas de áreas verdes en la Metrópoli, causado por la deforestación generada por el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, se requiere quintuplicar el promedio de 3.9 metros cuadrados de área verde tenemos por habitante a 15 metros cuadrados, tal y como lo recomienda la ONU para un sano desarrollo.
Aunque estamos lejos de lograr el objetivo de orden superior, de no generar una política firme e intensiva de grandes bosques y parques urbanos, la vida en nuestras comunidades seguirá inexorablemente deteriorándose por la contaminación atmosférica, la violencia social, las temperaturas extremas, el caos vehicular y las inundaciones, todo lo cual puede ser mitigado y transformado con un cambio de paradigma en la política ambiental.