De ser así, esto permitiría que el vecino del norte tenga la excusa perfecta para «traer la democracia» a México. Un caso flagrante para destruir la soberanía de un estado.
Y sin embargo, por increíble que parezca, hay quienes estarían de acuerdo con dicha intromisión. En esos casos ¿soberanía para qué?
Pues bien, el estado mexicano, ciertamente, tiene un grave problema en cuestión de seguridad, especialmente con grupos criminales que comercializan estupefacientes, los cuales poseen armamentos sofisticados, según se dice, gracias al fallido (o exitoso) operativo de «rápido y furioso».
No obstante, que se tengan estos problemas no significa ni se justifica que otro país aproveche la ocasión para violar la soberanía de un estado, aun cuando la mayoría del pueblo mexicano estuviera a favor; pues, en dicho caso, eso sí es una traición.
Además, no existe ninguna garantía que las tropas estadounidenses acaben con el narcotráfico en el país. Mucho peor, no se habla de colaboración en cuestiones de inteligencia, lo que se pretende es que tropas armadas de Estados Unidos pisen territorio nacional y empiecen a «repartir justicia», violando no solo la soberanía nacional, sino lo poco que se ha construído para dar forma a un estado de derecho.
Pero ahí no acaba todo. Declarar como terrorismo al narcotráfico significa abrir las puertas para violar la soberanía de otros estados ¿Apoco se cree que solo en México existe el narcotráfico?
Y como ya se señaló, en caso de existir intromisión, ¿qué acciones tomará Estados Unidos al constatar que combatir al narcotráfico no es «pan comido»? Si se trata de una cuestión de violencia, seguramente México ya no tendría este problema. Sin embargo, las cosas en el mundo no son fáciles, sino complejas.
Incluso, por más extraño que parezca, pensar que la intromisión de Estados Unidos arreglará las cosas, es mero populismo. Exactamente fue lo que pasó con Fox, quien aseguró que el problema de Chiapas lo solucionaba en 15 minutos. Y fue lo que ocurrió después de él con Calderón, al declarar su guerra.
En fin, existen demasiadas incertidumbres sobre esto. ¿Qué pasará en aquellos casos que haya «daño colateral»? ¿Qué harán las autoridades mexicanas? ¿Y el poder judicial? Nuestra constitución, desde un inicio, señala que todas las autoridades están obligadas para promover y respetar los derechos humanos.
Por donde se vea, esto no es una opción. México tiene un problema, por supuesto, pero ello no debe significar que se renuncie a nuestra soberanía. En ese sentido, efectivamente, el populismo constituye un gran daño y un fin a las instituciones.