Presidencialismo: «mano negra»
Carlos M. López Hernández
Aseguraba que el ejecutivo federal, en el ámbito político, se le reconocían ciertas facultades que no están ni en ese entonces ni ahora en la constitución. Sin embargo, era producto del modelo presidencialista; y justificado por los ciudadanos.
Facultades como nombrar a su sucesor en la presidencia; decidir quién será candidato, e inclusive quién ocupará el puesto de gobernador en un estado; o bien, la remoción de gobernadores que le molestaran; entre otras cuestiones, como injerencia en el poder judicial, son algunas cuestiones que aún se creen son decisión del ejecutivo federal.
Por lo mismo, desde entonces, el poder ejecutivo en nuestro país ha venido teniendo un adelgazamiento en sus facultades y funciones en los últimos años, con el fin de evitar una exagerada carga administrativa.
Uno de estos cambios ha sido, como se recordará, después del bochornoso escándalo de la «casa blanca» del pasado sexenio, la autonomía de las fiscalías. Con esto, esta institución dejaría de utilizarse para amedrentar a opositores, por ejemplo.
Sin embargo, a pesar de estos cambios constitucionales, políticamente sigue la tendencia de denunciar una especie de «mano negra» detrás del asunto: ¡orden de allá arriba! Se suele decir.
En cualquier caso, sea ya por lo que mencionaba Carpizo, o por lo que comúnmente se dice: «en política, no existen las casualidades», al parecer nada ha cambiado y las mismas reformas constitucionales se pueden valorar como meras simulaciones.
Pero bien, ha sido esto lo que ha estado en debate desde el viernes pasado, tras la detención de Murillo Karam, ex procurador general de la república; actor intelectual de la «verdad histórica» en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dicho acto de la fiscalía general ha sido evaluado como una «cortina de humo», orquestada por el ejecutivo federal, con el fin de desviar la atención a otro caso importante: Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol, quien abandonaría el reclusorio ese mismo día, después de tres años; y cuyo caso no ha arrojado la luz que se esperaba respecto a la «estafa maestra».
Y así como esto, de pronto vuelven todas esas prácticas que mencionaba Carpizo, pues al presidente, constantemente, se le ha preguntado, escrito y publicado sobre quién será su sucesor; igualmente, en las últimas elecciones locales, se le ha preguntado por quién será el candidato a la gubernatura; además, se le ha exigido resultados que dependen de la Fiscalía o del poder judicial.
Por todo, la pregunta obligada parece ser esta: ¿de qué sirve la autonomía de la fiscalía o la independencia del poder judicial, si políticamente se sigue y justifica el discurso de la «mano negra»?
Para algunos, basta que el presidente dé la orden; cuando no es así.
Nuestra realidad política dista mucho de un simple acto de voluntad (que también es importante, pero no suficiente).
Por tanto, más allá de ver al ejecutivo federal como un marionetista, se debe apostar por la conservación y respeto del estado constitucional, así como la institucionalización de los órganos autónomos.
De otro modo, se seguirá la misma tendencia de siempre; se seguirá el mismo discurso de la «mano negra»; se seguirá creyendo que todo lo que pasa en el país depende de una sola persona.