Monterrey,- Los resultados de las elecciones del 6 de junio pasado aún no se cierran formalmente: habrá impugnaciones y reclamos que podrán modificar los partidos y candidatos triunfadores.
Las estadísticas electorales muestran hasta ahora un escenario con claroscuros. La participación fue apenas superior al 50 por ciento del padrón electoral.
La oposición a López Obrador planteó un discurso de confrontación radical. Lo primero y más importante era quitarle la mayoría en el Congreso Federal. El planteamiento central de la oposición al Presidente fue el de evitar el triunfo de Morena. La alianza PRI-PAN-PRD fue un intento de plantear una elección bi-partidista. Esto es, ofrecer al electorado sólo dos opciones. O con López Obrador o contra él. Los demás partidos representaban poco.
La alianza PRI-PAN-PRD, impulsada por los activistas de la Iniciativa Privada, fue una necesidad ante la crítica debilidad de estos partidos. Los liderazgos de estos partidos carecen de presencia relevante en la escena política y sobre todo en el debate político abierto. Sus clientelas político-electorales tradicionales se fracturaron desde el 2018. Si la capacidad política de esta alianza se mide por el número de diputaciones federales que logró, se puede afirmar que apenas libraron el naufragio definitivo. Ya no son lo que eran antes.
Los partidos que, para sobrevivir, con frecuencia han establecido alianzas electorales -como el Partido Verde, el PANAL y el Partido del Trabajo- sólo lograron mantener presencia en el legislativo federal, con excepción del Verde que mostró algún repunte.
El muy pobre desempeño electoral de los partidos que participaban por primera vez: PES, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, y que recibieron más de 600 millones de pesos de aportaciones del INE, debiera dar lugar a un análisis de los criterios y mecanismos para la creación de nuevos partidos.
Una participación apenas superior al 51 por ciento del padrón electoral no es un nivel que justifique el enorme gato asociado a la elección. En realidad, es una muy baja participación. La campaña basada en el eslogan de: la “elección más grande” de la historia mexicana, no resultó atractiva para el electorado.
Las malas prácticas electorales, para incidir de manera directa en el sentido del voto, se siguieron aplicando. Se sabe que hubo casillas que no abrieron a tiempo, por la ausencia de funcionarios previamente designados y capacitados y que fueron suplidos por los “primeros votantes que hacían cola en la casilla”. Habría que revisar en cuantas casillas se produjo esta situación. Una práctica que se estrenó en el 2006, como maniobra para habilitar funcionarios de casilla, con los ciudadanos que se apersonaron a primera hora en las casillas, a sabiendas de que habría ausencias de los funcionarios previamente designados. También se menciona que hubo “compra masiva de votos”, en elecciones municipales.
Así como en el 2006 la propaganda en contra de AMLO fue la de que representaba un peligro para México; ahora en el 2021 se utilizó nuevamente el recurso del miedo: señalando su actuación desde la Presidencia como autoritaria, populista; un falso mesías con intención de reelegirse. En los días previos a la votación, por lo menos un par de “especialistas políticos” se dedicaron a explicar lo que es un “golpe de estado blando” y la posibilidad de que se produjera uno. La crítica a la actuación de AMLO como Presidente, se basaba en un listado de asuntos que, en su momento, se manejaron por la oposición como agresiones a la comunidad: la falta de medicamentos; la desaparición de las “guarderías changarro” inventadas por Vicente Fox, la falta de vacunas, etc.
No se planteó ningún debate público en torno a políticas de gobierno, modelo de país o estrategias alternativas. Se desarrolló a plenitud la campaña basada en el estilo mercantil de promover el consumo: los candidatos como objeto de consumo. Se utilizaron las redes sociales para generar simpatías en base a actuaciones que rayan en lo ridículo, pero que atraen la atención del electorado.
Como ejercicio cívico, las elecciones de junio del 2021 no significan ningún avance en la cultura electoral en general. La cultura política se ejemplificó con candidatos personajes de la farándula, de la lucha libre, de concursos de belleza, así como políticos de viejo cuño: como la esposa de Felipe Calderón.
Se trató de crear un ambiente de polarización, abonado con las acciones cotidianas del crimen organizado. Se produjeron asesinatos, levantones, amenazas, contra los candidatos y sus familiares.
El día después.
López Obrador minimizó el impacto del menor número de diputados que tendrá Morena en el Congreso federal. Algunos observadores coinciden en que la pérdida es mínima. Otros señalan que si se pudo “frenar” a Morena y que perdió la mayoría absoluta. En realidad, el Congreso Federal siempre ha sido escenario de alianzas, bloques y negociaciones: la oposición a AMLO en el congreso puede mostrar disposición a negociar
Otro asunto relevante es el triunfo de Morena en once o doce elecciones de gobernador. En este caso, la oposición le ha restado importancia al asunto. El ejercicio de gobierno a nivel estatal es una gran oportunidad para que la política de Morena se exprese en acciones de gobierno en concreto; independientemente del discurso político de AMLO en La Mañanera.
También es relevante el que Morena haya alcanzado mayoría en por lo menos 18 congresos estatales. No sólo en función de la aprobación o ratificación que los congresos estatales tienen que realizar de las reformas a la Constitución, que es del interés de AMLO. El trabajo cotidiano en los Congresos locales puede ser de gran proyección hacia la comunidad. Allí se hace política y se confronta a diario a las distintas fuerzas partidistas.
Todo esto abre un amplio campo de trabajo político para Morena, muy distinto del quehacer cotidiano del Presidente. Significa una mayor presencia del Partido Morena en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Claro: una mayor responsabilidad de actuar con resultados concretos en beneficio de la población.
El “régimen de partidos”.
La necesidad de una reforma en materia electoral sobreviene no sólo por el cuestionable protagonismo político de los comisionados del INE. El enfoque del INE, desde que era IFE, ha sido el de vestirse de “arbitro”, como para que los partidos y candidatos no se hagan trampas o se agredan, como si fuera un mediador en la contienda político-electoral. En su “juego político” los comisionados del INE llegaron a utilizar el lenguaje del futbol, al declarar que podrían sacar tarjeta amarilla o roja. Qué pobreza en la concepción de una autoridad electoral.
La falla de origen del actual sistema electoral es que se trata de un intento por administrar el proceso político. Se pueden establecer reglas para los partidos y para los procesos electorales, pero no se puede administrar o sujetar a normas la actuación política.
La historia de los procesos electorales ha ido planteando la necesidad de cada vez más candados para evitar violaciones a la ley o abusos de partidos y candidatos. Así, cada proceso electoral se rige por nuevas disposiciones; se cambia la ley, se establecen nuevos requisitos y el último que se entera es el ciudadano. Es un marco legal en permanente cambio, lo que determina que sólo lo conozcan y dominen unos cuanto; son los “iniciados”: una élite de especialistas, que valen oro en los procesos electorales para determinar qué si se puede hacer y qué no.
Los partidos no son ejemplo de instituciones democráticas al momento de elegir a sus candidatos. Los aspirantes que se sienten vulnerados van y reclaman a las autoridades la violación de sus derechos “partidistas”. El caso de la reelección de los diputados es muy significativo: es el partido político el que decide quien de sus diputados puede postularse para ser reelecto; ¿con cuál criterio se decide? No se hace explícito. En el reciente proceso; al no contar Morena con un padrón de afiliados, tuvo que elegir a sus candidatos mediante encuestas; con nula transparencia que a nadie dejó satisfecho.
Así que los partidos políticos, que son la base del sistema electoral, no practican la democracia como procedimiento para la definición de sus candidatos.
De allí que las dirigencias de los partidos se definen por el peso político de sus integrantes y por su adscripción o no a un determinado grupo o facción política. En la prensa diaria se refieren a camarillas o grupos informales, como los que toman las decisiones críticas en los partidos políticos.
El régimen de partidos tiene como sustento recursos públicos, ya que a los partidos se les considera instituciones de interés público -o algo así-. El uso de estos recursos debe apegarse a normas y criterios de transparencia. El monto del apoyo se determina a partir de su desempeño en la última elección. Partidos que perdieron su registro en esta elección, anunciaron de inmediato que van a recorrer el proceso para lograr otro registro. ¿Entonces?
Así que, si parece conveniente una revisión de los supuestos en los que se sustenta el régimen electoral y de partidos políticos.
En el Distrito Federal (el del mapa político “bipolar”) se anularon 225 mil votos.