Promueven suspensión de deuda pública
El garantizar derechos enunciados por la Constitución es una deuda añeja del Estado mexicano y es bienvenida la iniciativa de realizar reformas constitucionales en tal sentido. De hecho, para desmontar el andamiaje legal neoliberal, sentar las bases de un nuevo Estado nación democrático, popular y soberano, es necesario convocar un constituyente que elabore la Constitución del siglo XXI, una donde se organice la sociedad en torno al ser humano y la satisfacción de sus necesidades, respetando y protegiendo la naturaleza. Asimismo, se requiere una legislación electoral que renueve la democracia en México, donde sea el propio pueblo, con su acción y participación, quien decida y haga valer su voluntad, seleccione, elija y mandate a sus representantes, organizado a partir de sus comunidades de trabajo, vivienda, actividad y territorio, para que el sistema de convivencia y de toma de decisiones sea democrático, de abajo hacia arriba, a fin de lograr el empoderamiento popular. Este es un punto pendiente en la agenda, así como otros aspectos políticos y de medidas laborales y sociales para revertir el neoliberalismo y abolir el viejo régimen.
En el ámbito económico, la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública señala que el poner en el centro la garantía de derechos supone colocar también en el centro al ser humano, ante los intereses de los grupos privilegiados e intereses financieros. Esto implica destinar los principales recursos disponibles para el bienestar de la población y el desarrollo del país.
Reducir gastos a campañas y partidos políticos, disminuir regidores y estructuras burocráticas, eliminar plurinominales y reducir congresistas, eliminar dependencias y organismos autónomos onerosos e imponer un límite a los salarios de servidores públicos para que nadie gane más que el presidente son pasos positivos, pero no suficientes.
Para que las reformas propuestas no queden en letra muerta, como los artículos constitucionales que actualmente ya dan derecho al empleo, la vivienda, el agua, etc., hace falta una transformación del diseño fiscal y presupuestal, que privilegie los derechos y necesidades populares.
El presupuesto de egresos de 9.06 billones de pesos para 2024 es insuficiente a todas luces; además, prevé un déficit en el ejercicio fiscal de 1.69 billones de pesos. Dicho monto no alcanza para cubrir efectivamente el ambicioso plan de reformas. Por otra parte, el incierto panorama económico y político de los Estados Unidos y el mundo conlleva grandes peligros para los que se necesitan medidas preventivas. El Estado mexicano debe ser plenamente solvente. El año 2024 recibirá ingresos por 7.32 billones de pesos, por lo que habrá nuevos endeudamientos, de más de 19% del total de ingresos. En cuanto a las erogaciones, 1.3 billones de pesos se dedicarán al servicio de la deuda pública, y 1.5 billones al pago de las pensiones, de modo que solamente 69% del presupuesto será para gasto público diferente a deuda y pensiones.
Ante esa situación, las reformas deben tener un sustento presupuestario real, sobre todo si queremos que las soluciones sean auténticas, profundas y generalizadas.
La Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública ha hecho notar que estamos pagando las deudas adquiridas tramposamente por el viejo régimen del PRIAN, incluso la odiosa deuda del Fobaproa, por lo que es indispensable auditarla y, sobre esa base, negociar con los acreedores para reducirla sustancialmente. La deuda no deja de crecer: al principio del sexenio era de 10.6 billones y al final alcanzará 16.8 billones si no se toman medidas necesarias y urgentes. La suspensión del pago de la deuda pública mientras se audita y se negocia le daría al país recursos extraordinarios de 2.5 billones en un par de años.
Al mismo tiempo es necesario aplicar un impuesto a las grandes fortunas, que en los últimos años han crecido enormemente: sólo 10 personas acumulan en 2023 más de 150,000 millones de dólares. Tomemos en cuenta que sólo 33 empresarios en México acaparan 60 por ciento de la riqueza. Aplicando un impuesto de 5% a los poseedores de más de 100 millones de pesos, que suman alrededor de 15 mil personas, se obtendría por lo menos 2 billones de pesos. Esta medida, acompañada de una reforma fiscal progresiva en la que paguen más las corporaciones que ganan más, podría dotar al fisco de otros 2 billones de pesos.
Las tres medidas en su conjunto podrían en un par de años dotar al nuevo gobierno de más de 6.5 billones de pesos, presupuesto que podría impulsar inversiones productivas en las comunidades de pueblos originarios y afroamericanos, sustentar un nuevo sistema de pensiones, garantizar el apoyo a estudiantes, lograr atención médica gratuita oportuna y de alta calidad, financiar el sistema educativo, lanzar un ambicioso programa de vivienda popular, realizar las inversiones hídricas multilaterales de nivel nacional que garanticen el derecho al agua, impulsar salarios y derecho al empleo formal, remunerativo y con todas las prestaciones con oportunidades laborales y de capacitación para los jóvenes, así como reforestación intensiva, precios de garantía y desarrollo del campo, acceso a internet, desarrollo de vías férreas a lo largo y ancho del país, entre otros.
Existen los objetivos, tenemos recursos, hace falta aplicar el principio de priorizar el desarrollo nacional y los derechos populares por encima de los de acreedores y corporaciones rapaces.
12 de febrero de 2024.
Por el bien de todas y todos: ¡Ni un peso más al Fobaproa/IPAB! ¡Auditoría integral de la deuda pública! ¡Suspensión del pago del servicio de la deuda pública YA!
Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública.
FB: Suspensión de Pago de la Deuda Pública Portal: www.nomasdeudapublica.org