Mazatlán.- Hay momentos en que el nivel de nuestro debate público se vuelve sorprendentemente irrelevante y llega a ser hasta frívolo. Tenemos actores sociales y políticos que están a la caza de cualquier asunto para ganar presencia y hasta poder justificar posiciones lanzando petardos mediáticos. Eso, en medio de la emergencia sanitaria suena a grilla que no debería existir por razones más qué obvias. Lo vemos está semana en la crítica por el “sobre uso” de la marca Estado y el llamado de una diputada a quitar el logotipo Puro Sinaloa del material escolar que se entrega, como parte de una política pública, cuando por ley se sabe que debe llevarlo.
Y, creo está fuera de lugar este tipo de crítica, y para aclararlo me parece necesario de entrada establecer desde el marketing la diferencia entre la marca Personal de un gobernante y la marca Estado para entonces situar en su justa dimensión la presión de los actores sociales y políticos y la decisión que tomó el Gobierno del Estado de retirar la marca Estado de los tenis, pero manteniéndola en el resto del ajuar escolar que serán entregados a niños y jóvenes estudiantes en el próximo año escolar.
Primero, la marca personal de un gobernante contrariamente a lo que se piensa que es una imagen, un nombre, un discurso, un depositario de poder, en realidad, lo de fondo, es la legitimidad con la que el llega al poder y, en segundo lugar, el programa de gobierno, que estaría cumpliendo a lo largo del mandato constitucional.
Esto es: si el gobernante, asume el poder mediante elecciones fraudulentas, tiene un problema de legitimidad de origen -recordaremos la caída del sistema de 1988, cuando Salinas de Gortari asume el cargo de presidente dejando atrás unos resultados altamente cuestionados- pero, si no fue así, y es resultado de unas elecciones libres y participativas tiene una legitimidad sin mácula y es lo qué sucedió en Sinaloa y ese “detalle” de legitimidad es lo que le permite gobernar y diseñar un programa de gobierno que es donde se prueba la capacidad y probidad del funcionario público. Vamos, no es el sobre uso de la marca, es lo que haga o deje de hacer el gobernante, bueno o malo.
Algo, diferente, es la marca Estado referida al ideal de percepción que tiene un gobierno para trasmitirlo fuera del radio de acción inmediata de los sinaloenses, reconocer desde casa los atributos que tiene esta demarcación territorial. De tal suerte que la marca “Puro Sinaloa”, busca desviar la atención, desde donde hemos sido y somos percibidos hacia las potencialidades de un estado donde se combinan productivamente la zona de los altos, los valles y las costas con su despliegue económico.
Es la imagen que el gobierno de Quirino Ordaz ha buscado proyectar en un mundo cada vez más globalizado y contrarrestar la marca espuria de una Sinaloa narca, violenta, sin ley, que lamentablemente el gobierno quirinista no ha logrado revertir ni un centímetro y peor la realidad no cesa de recordarlo todos los días con una buena dosis de sangre, sudor y lágrimas.
Acaso, en esta lógica justificaría bajar la exposición de las marcas, por el contrario, habría que reforzarla para estar a la par o más allá de las malas noticias cotidianas, mostrando a una Sinaloa que a pesar de todo no se rinde, que en la desigualdad y la tragedia del Covid-19 se muestra solidaria, generosa.
Y más, en está cuesta pandémica, que necesita urgentemente una salida esperanzadora, y donde jugara un papel importante nuestra marca de calidad, Sinaloa, no olvidemos, es estratégico en materia de producción de alimentos, vamos a ser parte importante de la solución que tendrá el país más temprano que tarde.
Entonces, habría que precisar lo siguiente, frente a los argumentos que me parecen más allá del propio gobernante porque está situada en el “sobre uso” de la marca: Primero, hay que tener claro que el gobernador tiene una legitimidad de origen y con mayores o menores éxitos viene aplicando un programa de gobierno. E independientemente del grado de calificación que personalmente tiene entre la población sinaloense es lo que favorece o perjudica a su imagen y es su obligación utilizar la marca Estado en todos los bienes públicos como también los insumos operativos y los productos asistenciales. Ergo, el uso de la marca está acotado solamente por lo que marca la ley y el tiempo del mandato constitucional.
Segundo, cómo está implícito en el reclamo, que este “sobre uso” está vinculado a intenciones más allá del ámbito de gestión del gobernador tendría que ser una siguiente promoción política que no tiene cabida en 2021. Sería solamente la de apoyar a su partido o coalición cercana a sus intereses, pero, esto es un supuesto, que no tiene sustento en la ley y, además, si así fuera, es una cosecha legítima.
Tercero, y ahí radica la irrelevancia de está polémica, que situada en plena emergencia sanitaria no puede menos que parecer frívola o interesada cuando viene de parte de Emilia Guerra, diputada de Morena, porque discutir si los tenis deben llevar o no la marca Sinaloa, cuándo ha estado y estará en la mochila y uniformes escolares no veo la relevancia de esta discusión. En todo caso, habría que cuestionarle al gobernador el asistencialismo clientelar, pero eso no parece ser el problema entre los críticos, como tampoco, que la compra se haya licitado públicamente. No, lo que importa verdaderamente, es la marca en los tenis,
¡Por favor, amigos!