¿Quién pondrá orden en Nuevo León?
Carlos M. López Hernández
Ahora resulta que los diputados del Congreso de Nuevo León hicieron un «parón» indefinido como protesta ante la orden de suspensión de un juzgado de distrito de Tamaulipas, en contra de sus reformas constitucionales; o mejor dicho, en contra de su incorrecta forma de legislar (decreto 340).
Una de las cosas básicas de la teoría y técnica de la legislación y de otras aristas del mundo del derecho, estipula que las normas son impersonales. Deben sujetarse a cuestiones generales.
Sin embargo, el Congreso de Nuevo León, en su afán de querer adiestrar a Samuel García, olvida esta cuestión básica y se pone a hacer reformas constiticionales a modo, de lo que hace o deja de hacer el gobernador.
Algo tan absurdo como quitarle facultades que caracterizan al poder ejecutivo como tal, para cualquier jurista, es obvio que se interpreta como un daño directo. Y peor aún, violatorio de un principio constitucional básico, como es la irretroactividad de la ley. Argumento del cual se basó Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito con sede en Reynosa, para declarar la suspensión a las reformas del Congreso de Nuevo León.
Siendo así, ¿qué esperaba el Congreso? Lejos estamos de un modelo político parlamentario y también de aquella mala costumbre de modificar la constitución como moneda de cambio de lo que legalmente se puede permitir o no.
Por tanto, que se hayan suspendido sus reformas ha sido una resolución adecuada. Cambiar las reglas de juego, en este tipo de situaciones, resulta ser una mala jugada. Antes, por ejemplo, no se les ocurrió cambiar la duración de mandato del ejecutivo y que sea ahora menor a seis años, como un intento desesperado por ganar un enfrentamiento en el que solo perdemos los de siempre.
A final de cuentas, la lucha por el poder está en las manos de unos cuantos. Se pueden pelear y hacer alarma de esto o aquello, pero ellos nada pierden. A no ser que desde el Congreso de la Unión (del senado, específicamente) se les ponga un freno y se invoque el artículo 76 constitucional, tras considerar que el conflicto ha llevado a una situación de ingobernabilidad.
Samuel García, por una parte, puede, entre otras cosas, seguir viajando por el mundo con el presupuesto del estado de Nuevo León, con el pretexto de hacer relaciones públicas o seguir entorpeciendo el proceso legislativo. Y, por otra, el Congreso puede seguir con sus berrinches de cruzarse de brazos, fruncir el ceño y no cumplir con lo que se le demanda.
Mientras, de este lado, seguimos con los mismos problemas, e incluso con mayor índice de gravedad: inseguridad, falta de oportunidades, agua, etcétera.
Por supuesto, lo ideal es que seamos los mismos ciudadanos los que pongamos orden a nuestros representantes, pero aún falta mucho para lograr formar una democracia participativa.
Por lo mismo, al final, todo dependerá del poder judicial federal, el cual, acorde a los principios del estado constitucional, corresponde mediar entre el ejecutivo y el legislativo. Y, en caso extremo, del senado de la república.