¿Qué ocurre con la Guardia Nacional?
Carlos M. López Hernández
Monterrey.- Para muchos politólogos estadounidenses, está claro que la diferencia entre México y Estados Unidos de América radica en las instituciones.
Pero no solo en el hecho de crearse nuevos organismos, sino que los que ya están y los que vengan, requieren de tiempo para, por así decirlo, «adaptarse» y cumplir con las funciones que se les encomendó; lo que en ciencia política se le llama «proceso de institucionalización».
Por lo mismo, una institución nueva no se forma de la noche a la mañana ni por decreto alguno. Requiere, además de tiempo, personas comprometidas con la causa. Así, de surgir algún problema interno que altere el funcionamiento de la institución, pueda atenderse pronto. Y es esto lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional.
Ante la ola de violencia que dejó el último sexenio del PRI, con Enrique Peña Nieto, una de las propuestas del entonces candidato presidencial y hoy ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, fue la creación de la Guardia Nacional, la cual se aprobó por el Congreso de la Unión en 2019, con un polémico artículo transitorio que daba cierto sentido militar a la institución, aunque esta fuera de caracter civil.
Por aquél entonces, se decía que el proyecto del ejecutivo había sido un engaño, pues había prometido que los militares abandonarían las calles una vez aprobada su inciativa de la Guardia Nacional, entre otras críticas que tienden a exagerar la situación y generar un ambiente hostil; de ahí que se dijera que era un paso a la militarización del país.
Pues bueno, pasado el tiempo, desde Palacio Nacional se tomó la decisión de que el control presupuestal, operativo y administrativo de la Guardia Nacional pasara a manos de Sedena, pues se consideraba que el destino de la nueva institución de seguridad fuera el mismo que la extinta Policía Federal, la cual fue inflintrada y corrompida por organizaciones criminales.
Ante tal antecedente, y que no fuera interrumpido el «proceso de institucionalización» de la Guardia Nacional, fue que, mediante un decreto, el mando pasó a manos de Sedena. Motivo por el cual 49 senadores promovieron una Acción de Inconstitucionalidad 133/2022, la cual ya ha sido atendida por la SCJN.
Se discutió en Pleno y votaron 8 ministros a favor de declarar la inconstitucionalidad del decreto, al considerar que viola (entre otras cuestiones) el artículo 21 constitucional, pues la Guardia Nacional es una institución de caracter civil, por lo que se debe a la SSPC.
Ante lo currido, cabe preguntar si no hay alguna otra opción para que la Guardia Nacional tenga el mismo caracter institucional que el Ejército, así como analizar si realmente su destino pueda ser similar al de la Policía Federal.
Por lo regular, la Sedena se ve como una institución consolidada. Así lo reflejan datos del INEGI, aunque tanto esta como la Guardia Nacional, son instituciones con la mejor aprobación de los ciudadanos. Ambas inspiran confianza similar. Si esto es así ¿por qué la Guardia Nacional debería pasar a manos de la Sedena?
Quizá la razón sea otra. Por una parte, ciertamente, el actual ejecutivo federal ha hechado mano reiteradamente del ejército. Ha aumentado su presupuesto. Están a cargo de varios proyectos importantes, como el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, entre otras cuestiones relevantes.
Por otra parte, la Guardia Nacional tiene la aprobación no solo ciudadana, sino también de mandatarios de las entidades federativas, tanto antes de formar parte de Sedena, como ahora.
Entonces, ¿habrá alguna razón para insistir en que la Sedena debe tomar el control de la Guardia Nacional? ¿Quiere decir esto que la Policía Federal fracasó como institución porque era de caracter civil?
De momento, por mandato judicial, la Guardia Nacional dejará la Sedena y volverá a la SSPC a más tardar el 1 de enero de 2024. Hasta entonces, si tanto preocupa su «proceso de institucionalización», habrá que analizar otras opciones.