Para compararlo con un conflicto armado vigente, de marzo a agosto de 2022, en Ucrania han muerto 5 mil 663 civiles. En México han habido 18 mil homicidios dolosos en lo que va del 2022.
Estos escritos le dan poder a la palabra, para que nos ayude a aceptar que nos encontramos en medio de una guerra. A menos de que la nombremos y podamos actuar como sociedad para construir caminos hacia la paz, la adicción seguirá.
Adictos a la guerra: el poder armado
Trabajaba en 2019 en una organización civil local de defensa de derechos humanos con base en Monterrey, cuando inició todo. Con escepticismo seguimos la discusión a través del Canal del Congreso por Youtube. Parecía imposible que López Obradaor, el Presidente que había ganado con un discurso contra la violencia de Estado y que había promovido el regreso del Ejército a sus cuarteles, ahora defendiera la creación de un cuerpo de seguridad federal conformado por militares.
“El mando de la Guardia Nacional es civil, por lo que no será una institución militar”, replicaban aquellas personas legisladoras. Quizá lo sabían, quizá no, pero la verdadera misión de aquellas diputadas y diputados era construir el discurso con menos costo político para que el camino hacia el crecimiento del poder militar en la vida pública de México fuera lo más apacible posible.
Avanzó el sexenio y las mañaneras se convirtieron en el registro ideal del avance del poder militar.
Un día el Presidente dijo: “Para asegurar cero corrupción, los militares construirán el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
Otro día afirmó: “Por ser una institución de confianza, ahora las Fuerzas Armadas llevarán la administración de Puertos y Aduanas.
Pasó el tiempo y comentó: “Para su continuidad y para evitar su privatización, el Tren Maya será construido y administrado por las Fuerzas Armadas”.
Y en 2022, seguro los mandos militares celebraron, cuando aseveró: “Crearemos una empresa de Participación Estatal Mayoritaria, ‘Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.’, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional y que gestionará los Aeropuertos Internacionales ‘Felipe Ángeles’, ‘Palenque’, ‘Chetumal’, ‘Tulum’, y el ‘Tren Maya’.”
Para justificar ceder tareas civiles a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, el Presidente recurre siempre a la misma letanía: “Las Fuerzas Armadas son la única institución con la que podemos asegurar cero corrupción”. Mientras, observamos desde nuestras pantallas cómo su poder económico crece con todo un entramado institucional para mantener el control de los proyectos de obra pública estratégicos del Gobierno Federal.
A la par, el control militar de la seguridad pública se fue consolidando detrás de una cínica simulación llamada Guardía Nacional (GN), la nueva fuerza civil de seguridad federal. Con la extinción en 2020 de la Policía Federal, su presupuesto, patrimonio y parte de su personal fueron trasladados a la GN. Para ese mismo año, la integración del cuerpo de seguridad era de 24 mil ex-policías federales, 59 mil soldados y 16 mil marinos. Esta tendencia se ha mantenido y la institución (más del 60% de sus integrantes) dependen orgánicamente de Unidades de la Policía Militar o de la Policía Naval. Esto quiere decir que la nómina de estos soldados vestidos con el uniforme de la GN se paga desde el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Apenas un par de días atrás, leía el titular de una edición impresa de El Norte, a la venta en un Super 7, cuando me enteré que la Cámara de Diputados iba a votar una iniciativa del Presidente para que la Guardia Nacional pasara a manos de las Fuerzas Armadas. Con 265 votos a favor, 219 en contra y una abstención, esta reforma fue aprobada, mientras dormíamos durante la madrugada del sábado 3 de septiembre de 2022.
Tenían que sumarse al conteo de la guerra en curso otras 120 mil personas asesinadas y 31 mil personas desaparecidas en tres años y medio de gestión, para que pasaramos del militarismo simulado, al militarismo explícito. Mientras, el único logro que al Gobierno federal se le ocurre presumir en materia de seguridad es que aunque siguen matando a más gente, la cantidad total no crece tan rápido.
Nos quieren vender como un logro que al mes sigan matando más de 2 mil 500 personas en el país –más de 30 mil al año– porque aunque en otros sexenios mataban a menos, ahora el número total crece más lento. El presentar eso como un logro es cínico e irresponsable. Mejor decirlo con todas las letras: la estrategia de seguridad no está dando resultado y seguir por el camino militar como llevamos haciendo desde hace 15 años, no resolverá nada.
La adicción a la guerra está directamente vinculada con el interés de las instituciones militares por mantener su relevancia en la política nacional. No debemos aceptar en silencio esta avanzada militarista, que no brinda resultados concretos en seguridad y que a cada aumento presupuestal y cada actividad estratégica cedida, solo aviva la voluntad de las instituciones militares de mantener el poder ganado. Esto solo es posible si el país se mantiene sumido en la violencia actual.
No es tan fácil dejar atrás una adicción, y menos si tu misma relevancia política depende de ello.